Caso Triple A | Audiencia preparatoria de juicio contra Aquiles Álvarez y otros se reinstaló este viernes

Reanudación clave en el proceso judicial por el caso Triple A

Este viernes 13 de junio, el sistema judicial ecuatoriano dio un paso relevante al reinstalar la audiencia preparatoria de juicio del caso Triple A, en el cual están involucrados Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, otras 15 personas naturales y seis empresas por su presunta participación en un esquema de distribución ilegal de combustible subsidiado, específicamente diésel.

La Fiscalía General del Estado anunció que esta diligencia, suspendida por aproximadamente dos semanas, fue retomada una vez concluido el expediente investigativo. La reanudación se realizó en el Complejo Judicial Norte de Quito, con presencia física de varios abogados defensores y conexiones remotas mediante Zoom para los demás procesados.

Presunto desvío de combustible subsidiado: el centro del caso

Según las investigaciones presentadas por el Ministerio Público, existirían importantes inconsistencias entre los volúmenes de combustible despachado y el realmente facturado, una irregularidad que apunta a una red de empresas involucradas en operaciones ilegales con gasolineras ubicadas en cantones fronterizos y zonas de actividad minera.

Se alega que estas compañías crearon relaciones contractuales artificiales para encubrir el desvío del combustible subsidiado, perjudicando directamente al Estado ecuatoriano y generando ganancias ilícitas. Las pruebas presentadas indicarían que hubo connivencia entre empresarios y funcionarios, quienes habrían manipulado la documentación para dar apariencia de legalidad a los despachos.

Rol de Aquiles Álvarez en la investigación

Los contratos objeto de análisis habrían sido firmados por Aquiles Álvarez antes de asumir su cargo como alcalde de Guayaquil, por lo cual no goza de fuero de corte provincial. Esto permitió que la Fiscalía lo vinculara directamente al caso, como presunto responsable de facilitar o participar activamente en las relaciones contractuales entre las empresas investigadas.

Pese a no ejercer funciones públicas en ese entonces, la participación de Álvarez se considera clave dentro de la estructura delictiva. Según documentos obtenidos durante la investigación, su nombre aparece en acuerdos comerciales firmados entre compañías procesadas y estaciones de servicio en zonas estratégicas para el contrabando.

Medidas cautelares pendientes y problemas de salud del alcalde

Uno de los puntos más delicados en esta nueva fase judicial es la posible revisión de medidas cautelares contra el alcalde Álvarez. Anteriormente, se le ordenó el uso de un grillete electrónico, el cual no llegó a colocarse debido a que presentó certificados médicos que acreditan una condición cardíaca que, según su defensa, le impide cumplir con esa medida sin riesgo para su salud.

El juez Renán Andrade, quien preside la audiencia, anunció que una vez superada la fase preparatoria, se evaluarán nuevamente las medidas cautelares impuestas al burgomaestre y su eventual modificación, considerando los nuevos elementos presentados por la defensa y los informes médicos adjuntados.

Participación de defensores y logística judicial

Los abogados defensores arribaron en su mayoría al Complejo Judicial Norte, mientras que otros, al igual que algunos procesados, participaron de forma telemática. En la jornada inicial de la reinstalación, se esperaba también la presencia del alcalde Álvarez en la sala, lo que generó atención mediática y ciudadana.

La audiencia fue declarada reinstalada oficialmente por el juez Andrade, quien también estableció un cronograma de hasta seis días de duración para completar la fase preparatoria. Este lapso incluye la revisión de acusaciones, evidencia documental, peritajes forenses, informes financieros, declaraciones de testigos y demás elementos aportados por la Fiscalía.

Detalles de la acusación fiscal y pruebas clave

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, las pruebas presentadas incluyen:

  • Informes de auditoría financiera que muestran diferencias contables notorias.
  • Análisis de GPS y rutas de distribución del combustible, que evidencian desvíos sospechosos.
  • Declaraciones de empleados de empresas procesadas, quienes confirmaron prácticas irregulares en la cadena de suministro.
  • Documentos de contratación entre empresas relacionadas, muchos de ellos sin justificación comercial lógica.
  • Informes de inteligencia económica del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARCERNNR).

La Fiscalía busca sustentar su acusación con base en delitos como peculado, lavado de activos, asociación ilícita y tráfico de influencias, todo en el contexto de la comercialización irregular de combustibles subsidiados.

Repercusiones políticas y sociales del caso Triple A

El caso ha tenido un fuerte impacto político debido a la figura pública de Álvarez, quien fue elegido con una amplia mayoría en Guayaquil y ha sido considerado un político joven con proyección nacional. No obstante, la investigación ha generado un debate sobre la ética política y la transparencia en la contratación pública y empresarial.

Desde sectores sociales y ciudadanos, se han organizado plantones y declaraciones en medios exigiendo que el proceso continúe sin privilegios ni interferencias políticas, reclamando además sanciones ejemplares para quienes resulten responsables.

Expectativas para la siguiente fase del proceso

Una vez culminada la audiencia preparatoria, el tribunal deberá decidir si hay mérito para pasar a juicio formal. Esta decisión dependerá del análisis de la evidencia presentada y de los argumentos tanto de la Fiscalía como de las defensas.

En caso de que se acepte la acusación, se procederá a la etapa de juicio oral, público y contradictorio, donde se definirá la responsabilidad penal de los imputados. En este escenario, Aquiles Álvarez y los demás procesados podrían enfrentar penas privativas de libertad de hasta 13 años, dependiendo de la gravedad de los delitos comprobados.

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