La política ecuatoriana vive un momento crucial. Este lunes 22 de septiembre de 2025, la Asamblea Nacional será escenario de un intenso debate en torno al Decreto Ejecutivo n.º 153, emitido por el presidente Daniel Noboa Azin, mediante el cual se convoca a una consulta popular para decidir si el país debe instalar una asamblea constituyente.
La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) se prepara para solicitar un cambio en el orden del día de la sesión plenaria, con el objetivo de que el Parlamento respalde esta iniciativa presidencial que busca devolver al pueblo el pleno ejercicio de su soberanía.
La solicitud formal de ADN y su justificación
El pedido fue impulsado por el asambleísta Lenin Alejandro Lara, representante de Tungurahua, quien remitió el 20 de septiembre un oficio al secretario general de la Asamblea, Giovanny Bravo, solicitando la inclusión del debate en la agenda de la sesión n.º 040.
La propuesta se centra en que la Asamblea apruebe una resolución que respalde los contenidos y la finalidad del Decreto 153, reconociendo la consulta como un acto democrático y como un mecanismo legítimo para que la ciudadanía decida si quiere una nueva constitución.
Para que este cambio del orden del día prospere, se requiere el apoyo de al menos 77 legisladores (mayoría absoluta). Si se logra, el pleno deberá discutir y votar el proyecto de resolución, cuyo destino también dependerá de esa misma mayoría.
El Decreto Ejecutivo n.º 153 fue firmado el sábado 20 de septiembre por el presidente Noboa, en un segundo intento de llevar adelante esta consulta. Cabe recordar que un decreto anterior, el n.º 148, fue suspendido provisionalmente por la Corte Constitucional (CC), lo que obligó al mandatario a replantear la vía utilizada.
En esta nueva ocasión, Noboa se ampara en el artículo 444 de la Constitución de la República, que faculta al presidente a convocar a consulta popular sobre la instalación de una constituyente, sin requerir control previo de constitucionalidad.
No obstante, el Consejo Nacional Electoral (CNE), al conocer el Decreto 153, decidió remitirlo a la Corte Constitucional para que emita un dictamen. El caso fue sorteado en el despacho de la jueza constitucional Alejandra Cárdenas, mientras que el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, solicitó que el análisis se realice con celeridad.
La iniciativa no ha estado exenta de controversias. Hasta la fecha, siete demandas de inconstitucionalidad han sido presentadas en la Corte Constitucional contra el Decreto 153. Los demandantes sostienen que Noboa intenta sortear el control constitucional, debilitando el equilibrio de poderes y poniendo en riesgo la institucionalidad democrática.
La Revolución Ciudadana (RC5) y otras bancadas opositoras han cuestionado fuertemente la estrategia presidencial, alegando que una constituyente podría convertirse en un instrumento de concentración de poder y generar incertidumbre en el país.
El respaldo parlamentario que busca ADN este lunes no es un primer intento. El 19 de septiembre de 2025, la legisladora Lucía Pozo, de la misma bancada, ya presentó una moción de cambio de orden del día para tratar este asunto.
En esa ocasión, la moción obtuvo 74 votos a favor, 64 en contra y 6 abstenciones, quedándose a tan solo tres apoyos de conseguir que el pleno debatiera la resolución de respaldo a Noboa.
La cercanía del resultado refleja la fuerte división política existente en la Asamblea y la tensión que genera la propuesta de una constituyente en las distintas bancadas legislativas.
El pulso político: Noboa frente a la Asamblea y la Corte Constitucional
La jugada política de Noboa con el Decreto 153 representa un pulso directo frente a la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. Por un lado, el presidente busca legitimidad popular para emprender una transformación política estructural; por otro, enfrenta las limitaciones legales y los controles de constitucionalidad que intentan frenar su iniciativa.
Si la Asamblea aprueba la resolución de respaldo, Noboa ganaría un aliado político clave que reforzaría su posición frente a la Corte Constitucional y frente a la oposición. Sin embargo, si vuelve a fracasar, el oficialismo quedaría debilitado en sus intentos de instalar la constituyente.
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