El presidente de la República, Daniel Noboa, ratificó mediante decreto ejecutivo el Acuerdo de Cooperación Policial entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República del Ecuador, un instrumento internacional suscrito en Quito el 21 de julio de 2016. Esta decisión fortalece la estrategia del Estado ecuatoriano para enfrentar de manera coordinada delitos de alcance transnacional que afectan la seguridad interna y regional.
El acuerdo tiene como finalidad reforzar la cooperación entre las autoridades policiales de ambos países en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la trata de personas y el tráfico de migrantes. Estos delitos, caracterizados por operar a través de redes internacionales, requieren mecanismos de colaboración que permitan el intercambio de información, la asistencia técnica y la coordinación operativa.
Antes de su ratificación, el Ejecutivo remitió el acuerdo a la Corte Constitucional, que el 8 de octubre de 2025 emitió el Dictamen 13-25-T1/25. En dicho pronunciamiento, el organismo determinó que el instrumento no requería aprobación previa de la Asamblea Nacional, al no encuadrarse dentro de los supuestos establecidos en el artículo 419 de la Constitución. Este dictamen otorgó seguridad jurídica al proceso y habilitó al presidente a proceder con la ratificación.
Cumpliendo con el marco constitucional, el presidente Daniel Noboa informó posteriormente del acuerdo a la Asamblea Nacional, garantizando transparencia institucional y coordinación entre las funciones del Estado. El decreto establece que la ejecución del acuerdo estará a cargo del Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, cada uno dentro de sus competencias legales.
La ratificación entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, lo que permitirá activar de forma inmediata los mecanismos de cooperación policial previstos. El decreto fue suscrito en Guayaquil el 18 de diciembre de 2025, consolidando un paso clave en la política de seguridad del Gobierno, orientada a fortalecer la cooperación internacional como herramienta esencial frente a las amenazas del crimen organizado.
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