Las elecciones seccionales de 2027 traerán importantes cambios políticos en Ecuador. Nueve prefectos provinciales ya no podrán postularse nuevamente al mismo cargo debido al límite de reelección establecido en la Constitución y el Código de la Democracia.
Estas autoridades fueron elegidas en 2019 y reelectas en 2023, completando así dos periodos consecutivos al frente de sus provincias. La normativa ecuatoriana permite únicamente una reelección para cargos de elección popular, por lo que quedan inhabilitados para aspirar inmediatamente a una nueva prefectura.
Los prefectos que ya no podrán participar nuevamente son Paola Pabón en Pichincha, Leonardo Orlando en Manabí, Johnny Terán en Los Ríos, Manuel Caizabanda en Tungurahua, Roberta Zambrano en Esmeraldas, Clemente Bravo en El Oro, José Daniel Villao en Santa Elena, Johana Núñez en Santo Domingo de los Tsáchilas y Magali Orellana en Orellana.
El artículo 114 de la Constitución señala que las autoridades pueden reelegirse solo una vez, ya sea de forma consecutiva o no. Después de cumplir ese segundo periodo, no pueden buscar nuevamente el mismo cargo de manera inmediata. Sin embargo, sí tienen la posibilidad de postularse para otras dignidades políticas.
En el caso de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón confirmó que no participará en las próximas elecciones seccionales. La funcionaria aseguró que su prioridad será concluir su gestión provincial y continuar vinculada a la vida pública desde otros espacios.
Mientras tanto, varios prefectos ya analizan nuevas opciones políticas. En Esmeraldas, Roberta Zambrano sería candidata a la Alcaldía con el movimiento ADN, mientras que en El Oro, Clemente Bravo también sonaría para disputar la Alcaldía de Machala.
La salida de estas autoridades obliga a los movimientos políticos a reorganizar estrategias y presentar nuevos liderazgos provinciales para los próximos comicios. Además, las nuevas administraciones deberán enfrentar retos relacionados con inversión pública, obras viales, desarrollo agrícola y cumplimiento de la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia de los GAD, que exige destinar mayor porcentaje del presupuesto a inversión y servicios.
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