El Gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, impulsa la creación del cantón Borbón en la provincia de Esmeraldas, una propuesta que reorganiza el territorio del actual cantón Eloy Alfaro. Este proyecto contempla la integración de doce parroquias rurales y una población estimada de 34.160 habitantes, lo que representa una transformación territorial significativa en la zona norte del país.
Según el equipo técnico del Ministerio de Gobierno, liderado por Virginia Palacio, la propuesta cumple con los requisitos legales y técnicos establecidos. Entre los principales criterios se incluyen la delimitación territorial, los informes favorables de los gobiernos autónomos descentralizados y el respaldo ciudadano.
Las parroquias que conformarán el nuevo cantón Borbón son: Borbón, Maldonado, Anchayacu, Colón Eloy de María, Timbiré, San Francisco de Onzole, San José de Cayapas, Selva Alegre, Atahualpa, Santo Domingo de Onzole, Telembí y Luis Vargas Torres. Todas estas jurisdicciones pertenecen actualmente al cantón Eloy Alfaro.
Con esta reconfiguración, el cantón Eloy Alfaro pasaría de 46.305 habitantes a 12.145, manteniendo únicamente la cabecera cantonal Valdez y las parroquias rurales La Tola, Pambanal de Bolívar y Santa Lucía de las Peñas. Esta división implicaría la reducción de más del 80% de su territorio, lo que ha generado debate en torno a la reorganización administrativa.
El geógrafo Christian Ortíz explicó que el proyecto se acoge a una excepción contemplada en el COOTAD. Esta normativa establece que los cantones deben contar con al menos 50.000 habitantes, pero en zonas fronterizas el mínimo se reduce a 10.000 habitantes, condición que se cumple en este caso.
Además, el proyecto cuenta con un dictamen favorable de la Corte Constitucional emitido en 2025, así como con la aprobación del 68,4% de la población involucrada. También se incluyó un informe positivo del Ministerio de Economía y Finanzas en 2026, lo que respalda la viabilidad económica de la propuesta.
Actualmente, la iniciativa es analizada por la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, donde se evalúan los impactos territoriales, sociales y administrativos de esta nueva jurisdicción en la provincia de Esmeraldas.
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