Contexto estratégico del proyecto termoeléctrico Esmeraldas III
El proyecto Esmeraldas III se concibió como una pieza clave dentro de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad energética del Ecuador, diversificar la matriz eléctrica y garantizar suministro continuo en escenarios de alta demanda o contingencias hídricas. La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) firmó el contrato el 9 de agosto de 2024 con la empresa Austral Technical Management (ATM) por un monto de USD 89.930.787, bajo un cronograma que establecía el inicio de operaciones para finales de diciembre del mismo año.
Sin embargo, el proyecto no cumplió los plazos contractuales, lo que detonó una serie de acciones legales, administrativas y arbitrales que hoy concentran la atención pública y del sector energético, al tratarse de recursos estatales y de un contrato de alta relevancia nacional.
Incumplimientos contractuales y retrasos operativos
Desde el punto de vista contractual, el incumplimiento en la entrega de energía al Sistema Nacional Interconectado (SNI) marcó un punto crítico. Pese a que los equipos fueron parcialmente ingresados al país, estos no cumplieron con las especificaciones técnicas exigidas, situación que impidió su conexión segura. El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) exigió garantías técnicas mínimas para evitar riesgos operativos, exigencias que, hasta la fecha señalada, no han sido cumplidas por la empresa contratista.
Este escenario colocó a Celec en la obligación de iniciar procesos para la protección de los recursos públicos, conforme lo establece la normativa ecuatoriana en contratación estatal.
Denuncia penal y acciones para precautelar recursos públicos
Desde nuestra posición institucional, se ejecutó una acción penal ante la Fiscalía General del Estado, presentando una denuncia por presunta asociación ilícita. El objetivo es claro: determinar responsabilidades, identificar tanto a responsables directos como a posibles colaboradores internos y externos, y recuperar los recursos comprometidos mediante las herramientas que el ordenamiento jurídico permite.
Este proceso penal, por su naturaleza, es extenso y requiere recopilación rigurosa de pruebas. Se han detectado inconsistencias internas, así como posibles intervenciones externas, elementos que serán materia de investigación fiscal para establecer responsabilidades penales y administrativas.
El arbitraje de emergencia que limitó las facultades de Celec
De manera paralela, Austral Technical Management activó un arbitraje de emergencia ante la Cámara de Comercio de Quito, solicitando medidas cautelares en contra de Celec. Este recurso arbitral tuvo efectos inmediatos y relevantes, ya que impidió a la corporación estatal ejercer tres facultades contractuales fundamentales:
- Cobrar las garantías contractuales,
- Terminar unilateralmente el contrato,
- Suspender la ejecución contractual por incumplimiento.
Estas medidas de auxilio beneficiaron temporalmente a la empresa contratista, obligando a Celec a mantener abierto el contrato, siempre bajo el marco de sanciones por retrasos, multas contractuales y exigencias técnicas aún vigentes.
Continuidad contractual y aplicación de multas
A pesar del escenario arbitral, desde la entidad pública se han otorgado todas las facilidades necesarias para que la empresa contratista intente cumplir con sus obligaciones. No obstante, el incumplimiento ha sido persistente. Mientras la empresa no logre conectarse y generar energía de forma segura, se siguen acumulando multas contractuales, conforme a lo estipulado en el contrato y las disposiciones regulatorias.
Esta posición institucional responde a un principio claro: el Estado no puede renunciar a su derecho de sancionar incumplimientos, aun cuando exista un proceso arbitral en curso.
Contrademanda por USD 131 millones en el arbitraje de fondo
Superada la fase de emergencia, el conflicto ingresó al arbitraje de fondo, instancia en la cual Celec presentó una contrademanda por USD 131 millones. Esta cifra responde al perjuicio económico causado al Estado ecuatoriano, incluyendo:
- Retrasos en la generación prevista,
- Costos adicionales de respaldo energético,
- Impactos en la planificación operativa del sistema eléctrico,
- Daños derivados de equipos no compatibles y fallas técnicas.
Durante esta etapa, se han aportado pruebas técnicas, contractuales y financieras que sustentan la posición estatal y buscan no solo neutralizar la pretensión económica de la contratista, sino también obtener una reparación integral.
Equipos no compatibles y fallas técnicas reiteradas
Uno de los puntos más delicados del proceso es la calidad y compatibilidad de los equipos entregados. Se ha establecido que parte de los equipos no cumplen con los estándares requeridos, mientras que otros han presentado errores en pruebas de conexión y operación. Estas deficiencias representan un riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico, razón por la cual Cenace ha sido enfático en exigir garantías adicionales antes de autorizar cualquier conexión.
La imposibilidad de cumplir con estas exigencias técnicas explica por qué, hasta el momento, Esmeraldas III no ha aportado un solo megavatio al sistema nacional.
Recuperación histórica de la disponibilidad térmica
En contraste con este conflicto contractual, es importante destacar que se han logrado avances significativos en la recuperación de la generación térmica nacional. Se ejecutaron mantenimientos mayores a equipos que llevaban décadas sin intervención, logrando una de las más altas disponibilidades térmicas registradas en el país.
Este esfuerzo técnico ha permitido reducir riesgos de apagones, fortalecer la confiabilidad del sistema y mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias externas.
Gestión hídrica eficiente y exportación de energía
A esto se suma una gestión óptima de los embalses, que se encuentran en niveles favorables. Gracias a esta planificación y coordinación interinstitucional, el Ecuador ha logrado no solo cubrir su demanda interna, sino también exportar energía a Colombia en los últimos meses, consolidándose como un actor energético confiable en la región.
Este contexto refuerza la posición del Estado: los problemas de Esmeraldas III no obedecen a una falla sistémica, sino a un incumplimiento contractual específico que está siendo enfrentado con firmeza legal y técnica.
Implicaciones para la contratación pública y el sector eléctrico
El caso Esmeraldas III sienta un precedente relevante en materia de contratación pública, arbitraje internacional y protección de recursos estatales. La activación de mecanismos legales, arbitrales y penales demuestra que el Estado ecuatoriano no tolerará incumplimientos que comprometan la seguridad energética ni el uso eficiente de fondos públicos.
Desde nuestra perspectiva, este proceso reafirma la necesidad de controles más estrictos, evaluaciones técnicas exhaustivas y mecanismos contractuales robustos para futuros proyectos estratégicos.
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