Guayaquil, Ecuador – En un movimiento que ha generado intensos debates en el ámbito político y judicial del país, las autoridades penitenciarias trasladaron a los exasambleístas Santiago Díaz Asque y Pablo Muentes desde el Centro de Rehabilitación Social Pichincha N.º 2 hacia La Roca, la prisión de máxima seguridad ubicada en la ciudad de Guayaquil.
Motivos del traslado: amenaza latente en Cárcel 4
De acuerdo con un oficio emitido el 4 de agosto de 2025 por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), el traslado fue una respuesta directa a una alerta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esta advertencia indicaba que la vida de los exlegisladores estaba en peligro dentro del recinto conocido como Cárcel 4, en Quito.
“Con la finalidad de precautelar su seguridad e integridad física, así como evitar posibles hechos violentos que se puedan suscitar en contra de su vida”, señala el documento oficial del SNAI.
Ambos políticos fueron retirados del centro carcelario anterior bajo fuertes medidas de seguridad y enviados a La Roca, considerada la prisión más segura del país y destinada para reclusos de alta peligrosidad o casos de alta connotación nacional.
¿Quiénes son Santiago Díaz y Pablo Muentes?
Santiago Díaz Asque, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, se encuentra en prisión preventiva mientras enfrenta un proceso judicial por presunta violación a una menor de 12 años. El caso estalló el pasado 8 de julio de 2025 y, tras permanecer varios días prófugo, Díaz se entregó voluntariamente el 21 de julio.
Por su parte, Pablo Muentes, quien también formó parte de la Asamblea Nacional en períodos recientes, ha estado vinculado a diversas investigaciones judiciales relacionadas con posibles actos de corrupción y tráfico de influencias. Aunque su proceso judicial aún se encuentra en fases preliminares, las autoridades han optado por mantenerlo en condiciones de alta vigilancia.
Intento fallido de bloquear el traslado
La defensa de Santiago Díaz interpuso un recurso de Habeas Corpus con el fin de evitar el traslado a La Roca. Según sus abogados, existía una orden judicial previa que establecía que el exasambleísta debía cumplir su prisión preventiva en la Cárcel 4, en Quito. Además, alegaron que Díaz sufre una afección cardíaca grave, consecuencia de un infarto que sufrió hace dos años, lo que según la defensa invalida su permanencia en un centro penitenciario tan riguroso como La Roca.
Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas negó el Habeas Corpus, argumentando que la prioridad es salvaguardar la integridad y vida del detenido. El traslado finalmente se concretó el 5 de agosto de 2025, bajo estrictas medidas de custodia y confidencialidad.
La Roca: símbolo del endurecimiento carcelario en Ecuador
Ubicada en la provincia del Guayas, La Roca es la cárcel de máxima seguridad de Ecuador. Reabierta en medio de la crisis penitenciaria nacional, este centro alberga a los detenidos considerados de alta peligrosidad, incluyendo líderes de bandas criminales y funcionarios públicos implicados en casos graves.
La infraestructura está diseñada para evitar motines, fugas y acciones coordinadas desde el interior, con tecnología de punta y sistemas de aislamiento casi total. El ingreso y salida del personal es controlado minuciosamente, y los presos están sometidos a régimenes extremadamente estrictos.
El traslado de Santiago Díaz y Pablo Muentes a esta prisión envía un mensaje político claro sobre el rumbo que han tomado las instituciones judiciales y penitenciarias del país: tolerancia cero con la impunidad, sin importar el rango o influencia del procesado.
Contexto político y reacción de la ciudadanía
El caso de Santiago Díaz ha despertado una profunda indignación social y debate político. Como miembro de la Revolución Ciudadana, movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, Díaz tenía una posición destacada en la Asamblea Nacional. Su caso ha servido como nuevo catalizador de polarización, con seguidores del movimiento denunciando persecución política, mientras opositores exigen una investigación firme y sin privilegios.
Las redes sociales han sido testigo de una fuerte reacción ciudadana, exigiendo justicia para la víctima menor de edad. El ofrecimiento de una recompensa de USD 100.000 por parte del Gobierno para dar con su paradero también fue interpretado como un intento por demostrar firmeza institucional frente a delitos graves cometidos por figuras públicas.
Estado actual del proceso judicial
La investigación contra Díaz Asque se encuentra en etapa preparatoria, con decenas de pruebas en manos de la Fiscalía, incluyendo testimonios, exámenes médicos, y peritajes psicológicos. La víctima y su familia están bajo protección estatal, mientras se avanza en el proceso judicial.
El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos ha reiterado su compromiso con las víctimas de violencia sexual, independientemente del perfil social o político del acusado. Se prevé que la audiencia de formulación de cargos sea ampliada en los próximos días con nuevas evidencias que podrían complicar aún más la situación del exlegislador.
En cuanto a Pablo Muentes, aunque aún no se han formulado cargos concretos, su presencia en La Roca responde a prevención ante riesgos de fuga o amenazas contra su vida, según informes de inteligencia reservados.
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