Una red de extorsión que operaba desde el sistema penitenciario fue desarticulada tras un operativo ejecutado por la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase) el martes 30 de diciembre. La investigación permitió la detención de cuatro civiles y un policía en servicio activo, presuntamente vinculados a una organización criminal dedicada a extorsionar negocios en el norte de Quito.
El caso generó alarma a nivel institucional debido a la participación directa de un servidor policial, lo que evidencia un grave problema de corrupción y filtración del crimen organizado en entidades de seguridad. Según la Policía Nacional, la estructura delictiva estaba dirigida por reos recluidos en la cárcel de Latacunga, quienes coordinaban las amenazas y los cobros desde el interior del centro penitenciario.
Restaurante de Quito era víctima de amenazas constantes
El objetivo de la banda era un restaurante ubicado en el distrito Eugenio Espejo, en el norte de la capital. El local era sometido a hostigamientos permanentes, mensajes intimidantes y advertencias directas contra el propietario y sus trabajadores. La organización exigía el pago de 5.000 dólares mensuales, a cambio de no atentar contra la integridad física del personal ni causar daños al negocio.
Las amenazas generaron un ambiente de zozobra y temor, afectando el normal funcionamiento del establecimiento. Este tipo de extorsión se ha vuelto recurrente en sectores comerciales con alto flujo económico, donde las bandas buscan obtener ingresos constantes mediante la intimidación.
Reos dirigían la organización desde la prisión de Latacunga
De acuerdo con las investigaciones, los cabecillas de la red se encontraban privados de libertad, pero mantenían el control operativo gracias al uso de teléfonos celulares ingresados ilegalmente a las celdas. Desde la cárcel, los reos coordinaban los cobros, daban instrucciones y mantenían comunicación directa con los miembros de la banda que se encontraban en libertad.
Esta modalidad confirma que las cárceles siguen siendo centros de operación delictiva, pese a las restricciones formales y controles anunciados por las autoridades.
Detenidos con antecedentes penales
Durante el operativo fueron capturados Luis Miguel M., de 32 años, y Rudy M., de 29 años, ambos con antecedentes por tráfico de municiones, homicidio y robo. También fueron aprehendidas Rosa Angélica B., de 27 años, y Alisson R., de 22 años, quienes aparecen vinculadas a chats incautados por los agentes y a comprobantes de pago relacionados con la extorsión.
Las evidencias digitales obtenidas por la Unase son clave para establecer la estructura y el grado de participación de cada implicado dentro de la organización criminal.
Policía facilitaba comunicación entre reos y extorsionadores
El hecho más grave del caso es la implicación de un policía en servicio activo, identificado como Christian, quien presuntamente permitía el ingreso de celulares a las celdas y enviaba mensajes a los integrantes de la banda que operaban en libertad. La Policía Nacional informó que el uniformado se encuentra bajo investigación interna y que, de comprobarse su responsabilidad, se solicitará su baja inmediata.
Deja una respuesta