Origen del caso y el papel de la UAFE
La investigación por presunto lavado de activos que involucra a la empresa Lafattoria se originó a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Este documento técnico permitió detectar movimientos financieros irregulares que no coincidían con las actividades económicas declaradas por las compañías analizadas.
El director de la entidad confirmó que el proceso se fortaleció con una denuncia presentada por la Secretaría General de Integridad Pública, lo que impulsó la apertura formal del caso. Desde ese punto, las autoridades iniciaron un seguimiento detallado de cuentas bancarias, transferencias y relaciones comerciales sospechosas.
Operativo Emporio Presidiario y detenciones
El caso se enmarca dentro de la investigación denominada Emporio Presidiario, que tomó relevancia tras un operativo ejecutado el 20 de marzo de 2026. Durante esta intervención, realizada en varias provincias, se efectuaron trece allanamientos y se logró la detención de once personas presuntamente vinculadas a la red.
Posteriormente, un juez dictó prisión preventiva para nueve procesados, tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía. Además, se dispuso que las autoridades penitenciarias garanticen la seguridad de los implicados mientras avanza el proceso judicial.
Estructura financiera y montos investigados
Las investigaciones revelan que la red habría movilizado más de 1.400 millones de dólares, aunque otras estimaciones elevan la cifra a 1.700 millones dentro del sistema financiero. El esquema incluiría múltiples empresas interconectadas, utilizadas para justificar ingresos y realizar transferencias de alto volumen.
Entre los sectores involucrados destacan alimentación, transporte y seguridad, lo que evidencia un uso estratégico de compañías legales para encubrir operaciones ilícitas. Parte de los fondos, según las autoridades, se habría canalizado mediante depósitos en efectivo y transacciones fraccionadas.
Vínculos con estructuras criminales
Uno de los elementos más relevantes del caso es la presunta relación con la organización criminal Los Choneros. De acuerdo con información oficial, algunos recursos podrían provenir de personas privadas de libertad o individuos con antecedentes penales.
Los registros analizados muestran movimientos superiores a 178 millones de dólares entre personas naturales, además de complejas transferencias entre empresas durante el periodo comprendido entre 2015 y 2025. Estas evidencias refuerzan la hipótesis de una estructura organizada dedicada al lavado de activos en gran escala.
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