Extorsión en el transporte informal y formal en Guayaquil
En las últimas semanas, el sur de Guayaquil se ha convertido en el epicentro de una serie de actos delictivos dirigidos contra conductores que laboran bajo la modalidad de taxirutas, principalmente en sectores como el Guasmo Sur, Guasmo Central y la ciudadela Los Esteros. Estos grupos delictivos organizados han intensificado su presencia en zonas clave, donde interceptan a los conductores, impiden su circulación e incluso exigen pagos mensuales para permitirles operar sin represalias.
El caso más reciente ocurrió el pasado 1 de agosto, en plena avenida Raúl Clemente Huerta, conocida como Las Esclusas, cuando varios hombres armados intimidaron a conductores de taxirutas, exigiéndoles detener sus recorridos si no cumplían con sus exigencias económicas. Uno de estos momentos fue captado en video y rápidamente se viralizó, generando preocupación entre el gremio de transportistas y los habitantes de la zona.
Modus operandi de los extorsionadores: control total de las rutas
De acuerdo con testimonios recogidos en el sitio, los grupos delictivos detienen vehículos identificados con el rótulo de “taxiruta”, revisan a los conductores y los obligan a pagar sumas que pueden llegar hasta los USD 5.000 mensuales, especialmente en el caso de cooperativas de transporte que movilizan a cientos de pasajeros diariamente.
“De aquí para allá que han estado amenazando a todo carro que trabaja, que viene con letrero de taxiruta. Pero no sé quién serán, no se sabe”, comentó uno de los conductores, quien por razones de seguridad prefirió el anonimato.
Esta práctica no es nueva, pero se ha intensificado debido al vacío de autoridad y la falta de patrullaje policial en determinadas calles como Abdón Calderón y otras vías del Guasmo, donde las bandas se sienten con el poder suficiente para imponer su ley.
Impacto económico y psicológico en los transportistas
La extorsión sistemática ha generado una crisis entre los conductores, muchos de los cuales operan en condiciones informales, sin respaldo de una empresa registrada o cooperativa formal. Los ingresos han disminuido drásticamente, y la zozobra constante afecta tanto la salud mental como la estabilidad financiera de quienes viven del volante.
A esto se suma que muchos taxistas improvisan paraderos en sectores vulnerables como el Guasmo Central, lo cual los expone aún más a los ataques de estas bandas. Algunos han optado por abandonar temporalmente sus recorridos o cambiar de rutas, lo que ha generado caos en el sistema de movilidad del sur de la ciudad.
Bandas organizadas exigen cuotas mensuales a cooperativas
Uno de los testimonios más alarmantes provino de un miembro de una cooperativa que opera en la ciudadela Los Esteros, donde se ha identificado la presencia de una banda que exige pagos mensuales a cambio de no atentar contra los socios. En este caso, se habla de tres cooperativas que movilizan a 650 socios, siendo blanco de constantes amenazas, hostigamientos y ataques.
Este tipo de extorsión ha creado un sistema de “pago por protección” criminal, donde los delincuentes cobran a cambio de permitir el trabajo sin incidentes, una práctica que pone en evidencia el nivel de control territorial que han logrado consolidar en ciertas zonas.
Falta de acción efectiva por parte de las autoridades
Pese a la gravedad de la situación, la respuesta oficial ha sido limitada y tardía. La Federación de Taxistas del Guayas ha solicitado reuniones urgentes con el Ministerio del Interior, sin embargo, hasta el momento no se ha concretado una estrategia efectiva para proteger a los transportistas.
La Policía Nacional, a través de su Departamento de Comunicación, informó que se ha iniciado una investigación, aunque reconocieron que no se han presentado denuncias formales. Esta situación refleja el miedo generalizado de los afectados a sufrir represalias si denuncian.
Una problemática que se extiende a nivel nacional
Este tipo de extorsión no es exclusivo del sur de Guayaquil. Diferentes ciudades del Ecuador han reportado casos similares, especialmente en sectores urbanos marginales donde el control policial es deficiente y las bandas encuentran terreno fértil para operar. La modalidad de “vacuna” o extorsión a transportistas se ha convertido en una fuente de financiamiento para las organizaciones criminales, que aprovechan la informalidad y desprotección de este tipo de servicios.
Soluciones urgentes: una acción conjunta entre el Estado y el gremio
Para frenar el avance de estos grupos delictivos, es urgente que el Estado, a través del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y los Gobiernos Locales, diseñe una política integral de seguridad para el sector del transporte, especialmente para quienes operan en zonas de alta conflictividad.
Es necesario:
- Refuerzo del patrullaje en zonas como Guasmo Sur, Las Esclusas y Abdón Calderón.
- Denuncias anónimas protegidas para fomentar la colaboración de los transportistas sin temor a represalias.
- Campañas de regularización del transporte informal para ofrecer respaldo legal y acceso a mecanismos de protección.
- Instalación de cámaras y puntos de seguridad en paraderos improvisados.
- Revisión y control del accionar de cooperativas para evitar nexos con las bandas.
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