El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció este 20 de agosto de 2025 la ampliación del estado de excepción que rige desde el 6 de agosto en varias provincias del país. La medida ahora alcanza a tres cantones estratégicos de Bolívar y Cotopaxi, con el objetivo de combatir la violencia organizada y restablecer la seguridad ciudadana.
Los cantones incluidos en esta extensión son:
- La Maná, en la provincia de Cotopaxi.
- Las Naves, en la provincia de Bolívar.
- Echeandía, en la provincia de Bolívar.
Este decreto responde al incremento de hechos violentos, vinculados directamente a grupos criminales organizados, que amenazan la estabilidad y el orden público de estas localidades.
Un refuerzo de las medidas de seguridad en el país
Con esta decisión, el Gobierno busca ampliar el alcance de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, otorgándoles herramientas legales y operativas para ejecutar controles más estrictos, allanamientos y requisas.
Según el documento oficial, la situación en Bolívar y Cotopaxi no responde a delitos comunes, sino a acciones planificadas por estructuras criminales que operan con economías ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas y actividades conexas.
La ampliación del estado de excepción se enmarca en la política de Noboa de confrontar de manera frontal al crimen organizado, reforzando la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en zonas de alta conflictividad.
Provincias ya bajo estado de excepción
Antes de esta extensión, el estado de excepción regía en:
- El Oro
- Guayas
- Los Ríos
- Manabí
Todas estas provincias fueron incluidas por la causal de grave conmoción interna, debido a los altos índices de violencia registrados en los últimos meses.
Con la nueva disposición, Cotopaxi y Bolívar se suman parcialmente, específicamente en los cantones de La Maná, Las Naves y Echeandía, que han sido identificados como puntos críticos de operación criminal.
Suspensión de derechos constitucionales
El decreto establece la suspensión temporal de dos derechos constitucionales clave:
- La inviolabilidad de domicilio
- Permitirá a las Fuerzas Armadas y a la Policía realizar inspecciones, allanamientos y requisas en zonas donde existan indicios de presencia delincuencial.
- Autoriza el decomiso de drogas, armas y bienes relacionados con actividades ilícitas.
- La inviolabilidad de correspondencia
- Incluye la interceptación y análisis de comunicaciones físicas y electrónicas.
- Busca identificar redes de comunicación utilizadas por grupos armados organizados, así como sus métodos de ocultamiento.
Estas medidas, aunque excepcionales, están amparadas en la Constitución de la República y en la facultad del presidente de decretar estados de excepción en situaciones que amenacen la paz social y la seguridad nacional.
La estrategia de Noboa contra el crimen organizado
El gobierno de Daniel Noboa ha adoptado un enfoque integral y contundente para enfrentar a las mafias que han tomado protagonismo en diversas provincias del país.
Entre las principales acciones implementadas se destacan:
- Operativos militares y policiales coordinados en áreas urbanas y rurales.
- Control de cárceles, donde operan líderes criminales que ordenan ataques desde el interior de los centros penitenciarios.
- Bloqueo de rutas de tráfico de drogas y armas en sectores estratégicos.
- Fortalecimiento de la inteligencia militar y policial para rastrear estructuras delictivas.
- Apoyo tecnológico para el seguimiento de comunicaciones y movimientos de grupos irregulares.
La extensión del estado de excepción en Bolívar y Cotopaxi se suma a este plan de seguridad nacional que busca neutralizar a las bandas armadas y recuperar la tranquilidad de la ciudadanía.
Impacto en las comunidades locales
Las poblaciones de La Maná, Las Naves y Echeandía han expresado tanto preocupación como respaldo a la medida. Por un lado, se teme que los operativos generen restricciones temporales en la movilidad y actividades diarias. Sin embargo, muchos habitantes han manifestado su respaldo a la acción del Gobierno, al considerarla necesaria para frenar la escalada de violencia.
Organizaciones sociales y autoridades locales esperan que la presencia reforzada de la fuerza pública disuada a los grupos criminales y brinde mayor protección a los ciudadanos, comerciantes y productores de la zona.
Un problema estructural: la expansión del crimen organizado
La decisión de extender el estado de excepción refleja el avance del crimen organizado hacia zonas donde antes la violencia no tenía tanta incidencia.
Factores que explican esta expansión:
- La ubicación estratégica de los cantones, que facilita el transporte de mercancías ilícitas.
- El debilitamiento de controles locales, aprovechado por estructuras criminales.
- La infiltración del crimen en economías rurales y comunitarias, generando nuevas dinámicas de violencia.
Expertos en seguridad han advertido que la lucha contra estos grupos no puede ser únicamente policial o militar, sino que requiere también políticas de desarrollo social, educación y empleo, que reduzcan la vulnerabilidad de estas poblaciones frente a las mafias.
El reto del Gobierno en los próximos meses
La implementación del estado de excepción en Bolívar y Cotopaxi plantea varios desafíos:
- Mantener el equilibrio entre seguridad y derechos humanos.
- Lograr resultados visibles en la reducción de la violencia.
- Evitar que los grupos criminales se desplacen hacia otras zonas como mecanismo de adaptación.
- Reforzar la coordinación interinstitucional entre Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía y autoridades locales.
El presidente Noboa ha sido enfático en señalar que no cederá terreno frente a la delincuencia organizada, y que estas medidas son parte de una estrategia más amplia para recuperar el control del territorio nacional.
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