El Consejo de la Judicatura expresó su profundo pesar tras el asesinato de la jueza Lady Gissela Pachar Huanga, ocurrido la tarde del lunes 11 de mayo en la ciudad de Machala. La magistrada de la Unidad Judicial Penal de Santa Rosa fue atacada mientras se movilizaba en un vehículo en la avenida Colón Tinoco, en el sector de la ciudadela Machalilla, al sur de la ciudad.
De acuerdo con información preliminar, sujetos armados interceptaron el automotor y realizaron varios disparos contra el costado del conductor, provocando la muerte inmediata de la funcionaria judicial. El ataque ocurrió aproximadamente a las 18:00 y generó alarma entre los habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades.
Medidas de protección asignadas pero no activas
En su comunicado oficial, el Consejo de la Judicatura confirmó que la jueza contaba con medidas de protección previamente asignadas, sin embargo, estas no se encontraban operativas al momento del atentado.
La institución señaló que este hecho representa un grave ataque contra la justicia y el Estado de derecho en el Ecuador, y reiteró que la Función Judicial no puede ejercer sus labores bajo amenazas o actos de violencia.
Asimismo, se informó que se están coordinando acciones con la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional para contribuir al esclarecimiento del crimen y determinar responsabilidades.
Investigación en curso y primeras hipótesis
Las autoridades policiales realizan investigaciones en la zona del ataque, recopilando videos de seguridad y testimonios de testigos. Una de las hipótesis preliminares indica que el ataque pudo haber ocurrido poco después de que la jueza saliera de su domicilio en la ciudadela Machalilla, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.
El hecho ha generado preocupación dentro del sistema judicial ecuatoriano, ya que evidencia posibles fallas en los mecanismos de protección para funcionarios en riesgo. Diversos sectores han solicitado una revisión urgente de los protocolos de seguridad y una respuesta inmediata del Estado para garantizar la integridad de jueces y fiscales.
Deja una respuesta