El comandante general de la Policía Nacional del Ecuador, Pablo Dávila, recordó a la ciudadanía que el incumplimiento del toque de queda dispuesto por el Gobierno puede acarrear penas de entre uno y tres años de prisión, según lo establece la normativa penal vigente en el país.
La advertencia se da en medio del inicio de un operativo de seguridad que busca reforzar el control en varias provincias consideradas estratégicas por su nivel de conflictividad. Según explicó Dávila, la institución policial se encuentra al 100 % de su capacidad operativa para garantizar el cumplimiento de la medida que comienza a regir desde las 23:00.
El dispositivo de control se desplegará en las subzonas correspondientes a Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas y El Oro. En estas provincias se ejecutarán operativos coordinados entre distintas unidades policiales con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante el período establecido.
Dávila señaló que los tres subsistemas de la Policía, el preventivo, investigativo y de inteligencia, han sido articulados para cumplir objetivos específicos durante los próximos 15 días. Cada una de estas subzonas contará con un general al mando, quien dirigirá las operaciones y coordinará acciones con otras instituciones del Estado que participan en el operativo.
Entre las entidades que forman parte de esta coordinación se encuentran la Fiscalía, la Judicatura, el Ministerio de Salud Pública y otros organismos que brindarán apoyo en caso de procedimientos judiciales, emergencias o intervenciones operativas.
Uno de los puntos con mayor despliegue será la Zona 8, que incluye las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón. En este territorio se movilizarán aproximadamente 8.000 servidores policiales, quienes estarán encargados de controlar el cumplimiento del toque de queda sin descuidar las labores habituales de seguridad ciudadana.
Las autoridades recordaron que durante el horario restringido no se permitirá la circulación de personas ni vehículos, excepto aquellos relacionados con emergencias o pertenecientes a la fuerza pública.
El comandante explicó que la medida busca afectar directamente a los grupos de delincuencia organizada, limitando su movilidad y debilitando sus operaciones logísticas y financieras. En este contexto, la Policía actuará de manera conjunta con las Fuerzas Armadas del Ecuador, con operativos focalizados en los sectores identificados como más conflictivos.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población para acatar las disposiciones oficiales y evitar sanciones legales. Según recordó Dávila, el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal establece que el incumplimiento de órdenes legítimas de autoridad competente puede derivar en penas de prisión de uno a tres años.
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