La justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva para Roberto Carlos Álvarez Vera, alias ‘Gerente’, señalado como cabecilla de los Comandos de la Frontera. El detenido se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, en Santa Elena, tras ser trasladado desde los Emiratos Árabes Unidos.
Álvarez Vera llegó a Guayaquil cerca de la medianoche del 29 de diciembre de 2025 y, horas después, fue trasladado en helicóptero al centro penitenciario. El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que figura entre los principales responsables de delitos de alto impacto en Ecuador y que permanecerá bajo custodia mientras avanzan los procesos judiciales en su contra, incluido el caso Comandos de la Frontera.
La investigación comenzó en noviembre de 2024, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la UAFE. Este análisis permitió identificar una estructura criminal conformada por personas naturales y jurídicas vinculadas al tráfico de drogas y al lavado de activos provenientes de dichas actividades ilícitas.
Durante el operativo realizado el 9 de septiembre de 2025, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron 62 allanamientos simultáneos en provincias como Tungurahua, Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana, Pichincha y Esmeraldas, logrando la detención de 15 personas y la incautación de dinero en efectivo, armas, dispositivos electrónicos y documentación financiera.
La Fiscalía detalló que el monto del dinero irregular movilizado a través del Sistema Financiero Nacional y en la adquisición de bienes muebles e inmuebles supera los $354 millones entre 2015 y 2025. Como medidas preventivas, la justicia ordenó la incautación y prohibición de enajenar bienes, así como el congelamiento y la inmovilización de cuentas bancarias de los procesados.
Alias ‘Gerente’ es investigado por presunto lavado de activos por aproximadamente $354 millones, un caso que revela la magnitud de las operaciones ilícitas coordinadas por estructuras criminales en Ecuador y la capacidad de las autoridades para desmantelar redes de crimen organizado mediante investigaciones financieras y operativos coordinados.

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