La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, solicitó a la Fiscalía General del Estado abrir una investigación exhaustiva sobre una presunta “red de espionaje” que habría operado dentro del sistema de seguridad municipal Segura EP en la ciudad de Guayaquil. La denuncia fue presentada este lunes 22 de junio y apunta a un posible uso indebido de las cámaras de videovigilancia destinadas a la prevención del delito.
Según la funcionaria, este sistema habría sido utilizado con fines distintos a su propósito original, desviándose hacia actividades de carácter político. En sus declaraciones, Morillo sostuvo que el objetivo del sistema de seguridad es proteger a la ciudadanía y prevenir actos delictivos, pero que presuntamente habría sido empleado para vigilancia de actores políticos y opositores.
La denuncia presentada ante la Fiscalía incluye la solicitud de investigación por posibles delitos como peculado, uso indebido de información pública e intimidación. Además, se pide analizar si existieron estructuras organizadas dentro de la administración del sistema que hayan facilitado estas acciones.
Uno de los señalamientos más relevantes del caso apunta al expresidente Rafael Correa, a quien la ministra mencionó como posible líder de la supuesta red. Sin embargo, también se solicita investigar a otros funcionarios y exfuncionarios, incluyendo autoridades en funciones, exautoridades y personas vinculadas a procesos judiciales en curso.
El caso será revisado por la Fiscalía General del Estado, que deberá determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal y establecer responsabilidades. En este proceso se analizarán registros de videovigilancia, accesos a sistemas de monitoreo y protocolos internos de uso de la información.
El sistema Segura EP ha sido una herramienta clave en la estrategia de seguridad urbana de Guayaquil, permitiendo el monitoreo de espacios públicos mediante cámaras distribuidas en puntos estratégicos. Sin embargo, las denuncias actuales han generado preocupación sobre posibles fallas en los controles institucionales y en la gestión de datos sensibles.
Este caso ha provocado un fuerte debate político a nivel nacional, debido a la implicación de figuras públicas y a la sensibilidad del tema relacionado con la privacidad, la seguridad ciudadana y el uso de tecnología estatal. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la investigación busca garantizar transparencia y evitar el uso indebido de recursos públicos destinados a la seguridad.
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