John Reimberg cuestiona fallo en caso de extorsión en Pasaje

John Reimberg cuestiona fallo en caso de extorsión en Pasaje

Operativo y detención en flagrancia

El ministro del Interior, John Reimberg, cuestionó públicamente una resolución judicial dentro de un caso de extorsión agravada ocurrido en Pasaje, provincia de El Oro. El hecho se relaciona con el operativo “Libertad 526”, ejecutado el 2 de mayo por la Unase, tras la denuncia de un comerciante que era presionado para entregar $20.000 bajo amenazas.

Durante la intervención, la Policía logró la aprehensión en flagrancia de cuatro personas, presuntamente vinculadas a la red delictiva. Según las investigaciones, los implicados habrían colocado y detonado un artefacto explosivo en el local de la víctima, generando daños materiales y poniendo en riesgo la integridad de quienes se encontraban en el lugar.

La decisión judicial que genera polémica

Tras la detención, la Fiscalía formuló cargos conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y solicitó prisión preventiva para tres de los procesados y medidas alternativas para uno de ellos. Sin embargo, la defensa apeló el principio de igualdad para extender este beneficio a todos los involucrados.

El pedido fue aceptado por el juez Gonzalo Fabricio Prado Falconí, de la Unidad Judicial Penal de Pasaje, quien resolvió otorgar medidas sustitutivas a los cuatro implicados, permitiéndoles enfrentar el proceso en libertad bajo condiciones.

Esta decisión fue duramente criticada por Reimberg, quien aseguró que este tipo de resoluciones envían un mensaje negativo a la ciudadanía y debilitan la lucha contra el crimen organizado.

Indicios y seguimiento del caso

Durante el operativo, las autoridades incautaron dispositivos móviles, una motocicleta y comprobantes bancarios, considerados elementos clave dentro de la investigación. Estos indicios forman parte del proceso que continúa en trámite mientras las autoridades mantienen el seguimiento del caso.

El pronunciamiento del ministro refleja la tensión entre las acciones policiales y las decisiones judiciales, en un contexto donde la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para comerciantes en Ecuador.

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