Desde el 23 de febrero de 2026 está en vigor la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), tras su publicación en el Registro Oficial. La normativa redefine la estructura presupuestaria de municipios y prefecturas, estableciendo reglas fiscales obligatorias orientadas a fortalecer la inversión pública y reducir el gasto discrecional.
La reforma, enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente y aprobada por la Asamblea, introduce cambios en el sistema de transferencias del Presupuesto General del Estado. Los GAD participarán del 21 % de los ingresos permanentes y del 10 % de los no permanentes, siempre que cumplan con la nueva regla mínima de asignación presupuestaria.
El eje central de la normativa establece que al menos el 70 % del presupuesto anual de egresos no financieros deberá destinarse a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos. El restante 30 % podrá emplearse en gasto corriente. Este esquema prioriza obras públicas, servicios básicos, vialidad, equipamiento comunitario y demás competencias territoriales.
Además, la ley busca extinguir los denominados gastos discrecionales, como eventos artísticos, culturales o recreativos que no promuevan la dinamización económica. La asignación a estas actividades quedará supeditada al cumplimiento previo del porcentaje obligatorio de inversión.
El Ministerio de Economía y Finanzas realizará seguimientos trimestrales dentro de los 60 días posteriores a cada cierre de trimestre para verificar el cumplimiento de la regla. La aplicación será progresiva: desde junio de 2026 se exigirá al menos el 65 %, en 2027 el 68 % y a partir de 2028 el 70 % definitivo.
Con esta reforma, se consolida un nuevo modelo de disciplina fiscal territorial que obliga a los GAD a reorganizar su planificación financiera, priorizar infraestructura y optimizar el uso de recursos públicos bajo parámetros de sostenibilidad y eficiencia.
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