El concurso público para elegir al fiscal general del Estado se desarrolla con un presupuesto limitado de aproximadamente $13.000 para el año 2026, destinado al pago de dietas de los comisionados ciudadanos y a trámites notariales y judiciales. Este proceso es organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo encargado de garantizar la transparencia y participación ciudadana en la designación de altas autoridades.
La comisión ciudadana de selección tiene la responsabilidad de ejecutar cinco etapas del concurso: convocatoria y postulación, admisibilidad y reconsideración, calificación de méritos y recalificación, impugnación ciudadana, y oposición con reconsideración. En su primer mes de trabajo, la comisión ha mantenido ocho sesiones plenarias y dos reuniones de trabajo, enfocadas principalmente en la organización interna y aprobación de actas.
A diferencia de procesos anteriores, el Plan Operativo Anual 2026 del CPCCS no contempla un presupuesto específico para todas las fases del concurso, aunque sí incluye $10.594 para el pago de dietas y $2.604 para costas judiciales y servicios notariales. Estos últimos son clave para dar fe pública de actos como el sorteo de docentes universitarios que elaborarán el banco de preguntas del examen escrito y los casos prácticos para los postulantes a la Fiscalía General del Estado.
Según la normativa vigente, los comisionados ciudadanos perciben dietas equivalentes al 3,3 % de la remuneración mensual de un consejero, es decir, cerca de $141 por sesión, considerando que un consejero del CPCCS gana alrededor de $4.283 mensuales. Los delegados de las funciones del Estado no reciben dietas adicionales, ya que mantienen su salario institucional.
En el aspecto logístico, las sesiones se realizan en el antiguo edificio del Consejo, en el sector de Santa Prisca, mientras la sede principal opera en la avenida Amazonas, en el norte de Quito. La comisión ha solicitado contar con espacios adecuados, seguridad privada y apoyo de la Policía Nacional, además de equipos informáticos, internet y suministros de oficina.
El presupuesto total del CPCCS para 2026 asciende a $7′451.263, de los cuales más de $6,5 millones se destinan a gasto corriente. En este contexto, el concurso para fiscal general avanza bajo estrictos controles administrativos y financieros, mientras continúa el plazo de inscripción de abogados interesados en postular al cargo.
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