La posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente en Ecuador ha abierto un intenso debate en el escenario político nacional. Mientras algunos legisladores sostienen que el país necesita una reforma estructural de la Carta Magna, otros consideran que este no es el momento adecuado para destinar recursos millonarios en un proceso que podría tardar años en concretarse.
Desde el oficialismo, voces como la del asambleísta Andrés Castillo defienden la iniciativa. Su argumento se centra en la necesidad de reestructurar las funciones del Estado, reduciéndolas a tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Según él, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha perdido legitimidad y debería desaparecer, devolviendo a la Asamblea Nacional la facultad de designar autoridades de control.
Castillo también plantea otros cambios: la eliminación de la objeción de conciencia en el servicio militar obligatorio, para que los jóvenes puedan recuperar una formación cívica que los aleje de las redes delictivas; además, propone abrir la puerta a la inversión privada en sectores estratégicos, con el fin de dinamizar la economía y generar empleo. Incluso va más allá al sugerir que el principio de ciudadanía universal debería desaparecer, ya que ha facilitado un ingreso descontrolado de extranjeros al país.
En contraste, desde la Revolución Ciudadana, el legislador Blasco Luna rechaza la idea de la Constituyente, calificándola como un gasto innecesario en un momento de crisis. Según él, los cerca de 60 millones de dólares que costaría este proceso deberían destinarse a hospitales, seguridad y empleo. También acusa al presidente de haber incumplido sus promesas de campaña, lo que, a su criterio, le resta toda legitimidad para impulsar una consulta popular.
Otros asambleístas, como Juan Gonzaga de Sucumbíos, mantienen una postura más cauta. Si bien no descarta la Constituyente, advierte que aún no está claro qué temas se modificarían ni cuál sería el alcance real del proceso. Incluso teme que, una vez instalada, pueda disolver la actual Asamblea Nacional. Por su parte, José Nango, exintegrante de Pachakutik, asegura que consultará a las bases indígenas antes de fijar una postura definitiva, recordando que dentro de la Conaie existen visiones divergentes.
El trasfondo de esta discusión es evidente: Ecuador vive una grave crisis de inseguridad, desempleo y falta de atención en salud pública, problemas que la ciudadanía exige resolver de manera inmediata. Para algunos, una Constituyente es la oportunidad de redefinir el rumbo político e institucional del país; para otros, no pasa de ser un capricho costoso que distrae de los verdaderos desafíos nacionales.
La decisión final recaerá en el pueblo ecuatoriano mediante una consulta popular. Será la ciudadanía quien determine si es necesario abrir la puerta a un nuevo pacto social o si, por el contrario, es momento de exigir soluciones concretas sin embarcarse en un proceso largo y costoso. Lo cierto es que el debate está abierto y marcará el destino político del Ecuador en los próximos años.
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