La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó, en medio de un debate político complejo, la ley urgente destinada a fortalecer los sectores estratégicos de minería y energía. La normativa fue votada en segundo debate luego de que el bloque oficialista tuviera que modificar su estrategia legislativa para asegurar los votos necesarios y permitir el avance del proyecto económico impulsado por el Ejecutivo.
El principal obstáculo surgió cuando legisladores amazónicos vinculados anteriormente al movimiento Pachakutik condicionaron su respaldo a la eliminación del artículo 29, relacionado con la distribución de regalías provenientes de la generación eléctrica en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Dicho artículo planteaba cambios en el destino del 12 % de utilidades destinadas al financiamiento regional, lo que generó preocupación por una posible reducción de recursos para las provincias amazónicas.
Ante este escenario, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) decidió dividir la votación del proyecto. El legislador Anthony Becerra propuso aprobar únicamente los artículos del 1 al 28 junto con las disposiciones generales y transitorias, dejando fuera el punto polémico. La moción alcanzó 77 votos favorables, mientras que el artículo 29 fue rechazado ampliamente por el pleno, quedando excluido del texto final que será enviado al Ejecutivo.
La ley introduce reformas clave a la Ley de Minería y a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, con el objetivo de atraer inversión extranjera, fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la gestión de los recursos estratégicos del Estado. Entre los cambios más relevantes se establece el silencio administrativo positivo en informes técnicos, lo que implica que la falta de respuesta estatal en 30 días será considerada como una no oposición, buscando reducir la burocracia.
En el ámbito económico, la normativa fija regalías mineras entre el 3 % y el 8 % sobre ventas, destinando el 60 % de estos ingresos a los gobiernos autónomos descentralizados para proyectos de inversión social. Además, reorganiza las fases de exploración minera, permitiendo periodos de hasta quince años con transiciones automáticas entre subfases para evitar retrasos administrativos.
La ley también impulsa la participación privada en el sector eléctrico para enfrentar el déficit energético nacional, autorizando concesiones excepcionales de hasta 40 años cuando el Estado no pueda cubrir la demanda. Asimismo, permite la autogeneración eléctrica para grandes industrias y prioriza el despacho de energías renovables no convencionales, buscando diversificar la matriz energética ecuatoriana.
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