El Parlamento de Venezuela retomó este jueves el debate para aprobar una ley de amnistía general que podría beneficiar a cientos de presos políticos detenidos durante los últimos 27 años de chavismo. La discusión se desarrolla en un contexto político excepcional, marcado por un cambio de poder reciente y por una fuerte presión internacional, especialmente de Estados Unidos.
La iniciativa fue presentada por Delcy Rodríguez, quien asumió el control del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Desde entonces, el nuevo gobierno inició un proceso de excarcelaciones progresivas como antesala de la ley. Según la ONG Foro Penal, hasta ahora han sido liberadas 448 personas, aunque 644 presos políticos permanecen aún privados de libertad.
La sesión parlamentaria comenzó con más de dos horas de retraso debido a negociaciones de último momento entre el oficialismo y sectores de la oposición. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicó que el aplazamiento respondió a un “debate profundo” sobre el contenido de la norma. El bloque de gobierno cuenta con mayoría absoluta, lo que le permite aprobar la ley sin mayores obstáculos.
El punto más polémico fue el Artículo 7, que había provocado la suspensión del debate el pasado 12 de febrero. Finalmente, fue modificado y aprobado por unanimidad. Este artículo establece que la amnistía se aplicará a personas procesadas o condenadas por hechos ocurridos durante el período chavista, siempre que estén “a derecho” o se presenten ante los tribunales. También permite que exiliados puedan solicitar la amnistía mediante apoderados legales.
El Artículo 8 define los hechos cubiertos, desde el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 hasta las protestas contra la reelección presidencial de 2024. En cambio, el Artículo 9 excluye delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, así como acciones armadas con apoyo extranjero.
Estas exclusiones han generado críticas, especialmente por la posible exclusión de figuras opositoras como María Corina Machado, actualmente en Estados Unidos, y Leopoldo López, exiliado en España. Mientras tanto, familiares de detenidos mantienen protestas y huelgas de hambre para exigir libertad plena y no solo medidas condicionales.
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