El Congreso de Estados Unidos ha dado un paso controversial que podría tener amplias repercusiones económicas y sociales tanto dentro como fuera de sus fronteras. La Cámara de Representantes aprobó el jueves 22 de mayo de 2025 un nuevo impuesto del 3,5 % a las remesas enviadas por migrantes, como parte del megaproyecto fiscal promovido por el presidente Donald Trump.
Este artículo explora los detalles del nuevo impuesto remesas, el contexto político, las implicaciones económicas, y las primeras reacciones de gobiernos extranjeros y organizaciones de derechos humanos.
¿Qué implica el nuevo impuesto del 3,5 % a las remesas?
La medida aprobada establece un gravamen del 3,5 % sobre todas las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia el extranjero por personas que no sean ciudadanos estadounidenses. Es decir, tanto los migrantes con residencia permanente, visas temporales o cualquier otro estatus migratorio, deberán pagar esta nueva carga tributaria.
Este impuesto se aplicará automáticamente al momento de realizar la transacción, sin importar el país de destino ni el monto enviado. Solo los ciudadanos estadounidenses estarán exentos, lo que ha generado un profundo rechazo por parte de diversas comunidades migrantes que consideran esta medida como discriminatoria y punitiva.
Un proyecto fiscal bajo el sello de Trump
El impuesto forma parte del llamado “gran y hermoso proyecto de ley” impulsado por el presidente Donald Trump. Su administración ha planteado esta iniciativa como un mecanismo de financiamiento para la reducción del déficit fiscal y para financiar otros recortes de impuestos enfocados en los sectores más altos de la economía.
Inicialmente, el plan contemplaba una tasa del 5 %, pero fue reducida al 3,5 % tras intensas negociaciones internas dentro del Partido Republicano. A pesar de esta disminución, la propuesta sigue siendo altamente polémica.
Aprobación por un estrecho margen en la Cámara Baja
La votación en la Cámara de Representantes fue ajustadísima, con 215 votos a favor y 214 en contra. Este margen tan estrecho evidencia las profundas divisiones dentro del propio Partido Republicano, entre los sectores más conservadores que impulsan una política migratoria restrictiva y aquellos que temen el impacto político negativo en sus distritos con alta población migrante.
La legislación ahora pasa al Senado, donde se anticipa un debate aún más intenso, dado que varios senadores republicanos moderados ya han expresado dudas sobre la equidad y eficacia de la medida.
Reacción internacional: preocupación en América Latina
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue una de las primeras mandatarias extranjeras en pronunciarse. Aunque reconoció la reducción del impuesto, reafirmó el rechazo de su gobierno:
“Por lo pronto, la tasa del impuesto tuvo una disminución del 5 al 3,5 %. De todas maneras, nosotros no queremos que haya impuesto.”
El impacto en México y Centroamérica podría ser devastador. Según datos del Banco Mundial, Estados Unidos es el principal país de origen de remesas para países como El Salvador, Honduras, Guatemala y México. En 2024, se enviaron más de $70.000 millones en remesas solo a América Latina, una fuente esencial de ingresos para millones de familias.
Efectos directos sobre las familias migrantes
Las remesas no son simples transferencias de dinero. Representan el sustento diario de millones de hogares que dependen de esos fondos para alimentación, salud, educación y vivienda. Aplicar un impuesto del 3,5 % implica que por cada $1.000 enviados, el migrante deberá pagar $35 adicionales, lo que podría traducirse en una pérdida acumulada de miles de millones de dólares al año para los beneficiarios en el extranjero.
Este impuesto también podría incentivar el uso de canales informales o alternativos, reduciendo la transparencia del sistema financiero y aumentando los riesgos de lavado de dinero o fraude.
Impacto en las empresas de envío de remesas
Empresas como Western Union, MoneyGram y Ria también podrían enfrentar complicaciones operativas y pérdida de clientes. El nuevo impuesto puede desincentivar el uso de sus servicios tradicionales, impulsando plataformas digitales fuera del radar de las autoridades fiscales.
Además, podrían verse obligadas a invertir en nuevas tecnologías para identificar el estatus migratorio de los remitentes, lo que aumentaría los costos operativos y afectaría su competitividad.
Críticas desde organizaciones de derechos humanos y ONG
Diversas organizaciones defensoras de los migrantes han condenado la medida, calificándola de “castigo económico injustificado”. El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés) expresó que:
“Este impuesto no solo penaliza el trabajo honesto de los migrantes, sino que socava la capacidad de millones de personas en el extranjero de sobrevivir en contextos de pobreza.”
El argumento central de estas organizaciones es que los migrantes ya contribuyen con miles de millones en impuestos sin recibir beneficios proporcionales. Este impuesto añadiría una carga más sin retorno tangible para quienes lo pagan.
Posibles desafíos legales y constitucionales
Expertos en derecho constitucional han advertido que este impuesto podría enfrentar demandas judiciales, especialmente por la dificultad de determinar de forma legal y ética el estatus migratorio del remitente en el punto de transferencia.
Además, se pondría en entredicho el principio de igualdad ante la ley, ya que se estaría aplicando un impuesto discriminatorio con base en la ciudadanía, lo cual podría violar tratados internacionales y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución estadounidense.
EE. UU. aprobó un impuesto del 3,5 % a las remesas enviadas por migrantes. La medida aún debe pasar al Senado y es parte del plan fiscal del presidente Donald Trump.
— Radio Forever (@925forever) May 27, 2025
Ecuador sería uno de los más afectados: en 2024, recibió más de $6 500 millones en remesas, el 73,5 % desde EE.… pic.twitter.com/VIRtaSZrLq
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