Autor: Ricardo Rodriguez

  • Daniel Noboa envía a la Corte Constitucional una nueva pregunta para reducir el número de asambleístas

    Daniel Noboa envía a la Corte Constitucional una nueva pregunta para reducir el número de asambleístas

    La tarde del 16 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa volvió a insistir en su propuesta de reducir el número de asambleístas en Ecuador, enviando una nueva pregunta de enmienda constitucional a la Corte Constitucional (CC). Esta iniciativa surge un día después de que el máximo órgano de control constitucional rechazara la propuesta inicial por no cumplir con los requisitos de claridad y por omitir información fundamental.

    La primera negativa de la Corte Constitucional

    El 15 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional emitió un dictamen en el que señaló que la primera pregunta presentada por el Ejecutivo no era procedente. Según la CC, el texto omitía datos esenciales, como el impacto real en la reducción de legisladores, ya que de los actuales 151 asambleístas se pasaría a aproximadamente 73 integrantes.

    La Corte recordó, sin embargo, que el presidente podía presentar una nueva propuesta siempre que esta cumpliera con los requisitos de claridad, lealtad y precisión, condiciones indispensables para garantizar un pronunciamiento informado por parte de la ciudadanía en un eventual referéndum.

    El nuevo planteamiento de Daniel Noboa

    Atendiendo a las observaciones, el presidente Daniel Noboa remitió un nuevo proyecto de enmienda con una pregunta mucho más específica y con criterios detallados para la conformación de la Asamblea Nacional. La interrogante enviada a la Corte Constitucional plantea lo siguiente:

    ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?

    Este planteamiento busca reemplazar el artículo 118 de la Constitución de la República del Ecuador, estableciendo nuevas bases para la integración del poder legislativo.

    Detalles del nuevo artículo propuesto

    El texto de enmienda que acompañó la propuesta enviada a la Corte Constitucional establece lo siguiente:

    • Diez asambleístas elegidos en circunscripción nacional.
    • Un asambleísta elegido por cada provincia.
    • Un asambleísta adicional por cada 400.000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional de población.
    • La ley será la encargada de regular la elección de asambleístas de regiones, distritos metropolitanos y de la circunscripción del exterior.

    Además, el proyecto reafirma el carácter unicameral de la Asamblea Nacional, cuya sede seguirá siendo la ciudad de Quito, aunque podrá reunirse de manera excepcional en cualquier parte del territorio nacional.

    Disposición transitoria de la propuesta

    La iniciativa enviada por Noboa incluye una disposición transitoria clara:
    En caso de que el referéndum constitucional apruebe esta enmienda, la Asamblea Nacional deberá realizar, en un plazo de 90 días desde la proclamación oficial de los resultados, todas las reformas legales necesarias para aplicar la nueva conformación.

    Justificación del Ejecutivo

    En el documento remitido a la Corte Constitucional, el Ejecutivo sostiene que esta propuesta respeta plenamente los límites establecidos para una enmienda constitucional, al garantizar que:

    • No altera la estructura fundamental de la Constitución.
    • No modifica la estructura del Estado.
    • No afecta de manera regresiva el régimen de derechos.
    • No cambia el procedimiento de reforma constitucional vigente.

    Con ello, Noboa busca reforzar la legitimidad de su planteamiento y anticiparse a posibles cuestionamientos jurídicos.

    Implicaciones políticas y sociales de la reducción de asambleístas

    La propuesta de reducir el número de legisladores no es nueva en Ecuador, pero cobra fuerza en un contexto de críticas al actual sistema legislativo por su tamaño, costos y eficiencia. De aprobarse, el país experimentaría un cambio drástico en la representación política, pasando de 151 asambleístas a poco más de 70, según estimaciones basadas en el último censo.

    Entre los principales efectos esperados se encuentran:

    • Austeridad en el gasto público, al reducir el presupuesto destinado a sueldos y beneficios de los legisladores.
    • Mayor eficiencia en el proceso legislativo, al contar con una Asamblea más reducida y posiblemente más ágil.
    • Disminución de la representatividad proporcional, lo que ha generado críticas de algunos sectores que temen que las minorías políticas o provincias con menos población pierdan peso en las decisiones nacionales.

    El rol de la ciudadanía en la decisión final

    El destino de esta enmienda no dependerá únicamente del Ejecutivo y la Corte Constitucional. En caso de ser admitida, la pregunta será sometida a la decisión del pueblo ecuatoriano mediante un referéndum constitucional.

    El voto de la ciudadanía será determinante, ya que implicará un cambio profundo en la composición del poder legislativo, con repercusiones directas en la forma en que se ejerce la representación política en Ecuador.

    Contexto político de la propuesta de Noboa

    La iniciativa llega en un momento de tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, donde Noboa ha enfrentado resistencia a varios de sus proyectos de ley. Con esta propuesta, el presidente no solo busca optimizar el funcionamiento del Legislativo, sino también reducir el margen de maniobra de una Asamblea que en varias ocasiones ha bloqueado su agenda.

    De igual forma, la propuesta conecta con un sentimiento ciudadano extendido de desconfianza hacia la clase política y de demanda por un Estado más eficiente y transparente.

    Próximos pasos en el trámite constitucional

    La Corte Constitucional será la encargada de revisar el texto presentado y emitir un dictamen sobre su procedencia. Si la pregunta cumple con los requisitos legales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá que organizar la consulta popular en la que los ecuatorianos decidirán el futuro de la Asamblea Nacional.

    El debate que se avecina promete ser intenso, pues sectores políticos, organizaciones sociales y expertos constitucionalistas ya anticipan posturas a favor y en contra de esta medida que podría redefinir el equilibrio del poder legislativo en Ecuador.

  • Consulta popular en Ecuador: bases extranjeras, seguridad

    Consulta popular en Ecuador: bases extranjeras, seguridad

    A menos de tres meses de que se realice la consulta popular y referéndum impulsados por el presidente Daniel Noboa, los ecuatorianos dentro y fuera del país se preparan para decidir sobre tres temas que marcarán el rumbo político, económico y social del país: el financiamiento del Estado a organizaciones políticas, la contratación laboral por horas y la posibilidad de permitir la instalación de bases extranjeras en Ecuador.

    Entre estos puntos, uno de los más polémicos y decisivos es el que se refiere a la presencia de bases militares extranjeras en territorio nacional, una propuesta que genera debate por las implicaciones directas en la seguridad nacional, la soberanía y la cooperación internacional.


    Crisis de seguridad en Ecuador: un escenario de urgencia

    Ecuador atraviesa actualmente una de las peores crisis de seguridad de su historia. En los últimos años, el país ha experimentado:

    • Aumento exponencial de homicidios y sicariatos.
    • Cárceles dominadas por bandas criminales, utilizadas como centros de operación del narcotráfico.
    • Oleadas de extorsión y secuestros que afectan directamente a ciudadanos y empresas.
    • Expansión de grupos armados transnacionales, que convierten al territorio ecuatoriano en un punto estratégico para el crimen organizado.

    Este panorama ha puesto en evidencia que la capacidad del Estado para enfrentar el crimen es limitada y que la cooperación internacional no solo es útil, sino indispensable.


    ¿Qué significa permitir bases extranjeras en Ecuador?

    La propuesta que se votará en la consulta popular no implica ceder soberanía ni entregar el control del país a otra nación. Más bien, se plantea como una estrategia temporal y regulada, en la cual Ecuador podría autorizar la presencia de fuerzas extranjeras bajo condiciones claras:

    • Acuerdos bilaterales y multilaterales bien definidos.
    • Limitaciones temporales en la duración de las operaciones.
    • Coordinación con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Ecuador.
    • Supervisión estatal permanente, garantizando transparencia en cada acción.

    El objetivo es fortalecer la capacidad defensiva y de inteligencia del país, mediante el acceso a tecnología, entrenamiento especializado y recursos logísticos que actualmente Ecuador no posee en la escala necesaria.


    Antecedente clave: la base de Manta

    Un ejemplo claro de esta cooperación fue la base antinarcóticos de Manta, operativa hasta 2009, producto de un convenio con Estados Unidos.

    Durante su funcionamiento, esta base:

    • Permitió interdicción aérea y marítima contra el narcotráfico.
    • Fortaleció las operaciones de inteligencia internacional.
    • Contribuyó a reducir el tráfico ilegal en rutas del Pacífico.

    Aunque en su momento fue un tema controversial, lo cierto es que la experiencia dejó resultados positivos en materia de control y seguridad. El cierre de esta base, en el marco de un cambio político en el país, también coincidió con el incremento progresivo de actividades ilícitas en la región.


    Argumentos a favor de las bases extranjeras en Ecuador

    Quienes apoyan esta propuesta sostienen que la presencia de bases militares extranjeras en el país puede ser una medida estratégica y necesaria en el contexto actual:

    1. Refuerzo en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.
      La capacidad logística, tecnológica y de inteligencia de potencias aliadas puede ayudar a desmantelar redes internacionales.
    2. Mayor seguridad ciudadana.
      Reducir la influencia de bandas criminales fortalecería la tranquilidad de barrios, ciudades y comunidades.
    3. Entrenamiento y modernización de fuerzas locales.
      La cooperación implicaría transferencia de conocimientos y capacitación especializada para las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
    4. Efecto disuasorio.
      La sola presencia de bases extranjeras podría desalentar operaciones de carteles y grupos armados en el territorio nacional.

    Críticas y preocupaciones sobre la propuesta

    No obstante, existen también sectores que expresan su rechazo a la iniciativa, argumentando que:

    • La soberanía nacional podría verse comprometida, aun con regulaciones claras.
    • Dependencia de potencias extranjeras, lo que podría limitar la autonomía en la toma de decisiones estratégicas.
    • Posibles tensiones diplomáticas con países vecinos que podrían interpretar la medida como una amenaza geopolítica.

    Estos puntos reflejan que la discusión no es únicamente de seguridad, sino también de geopolítica y política interna.


    Bases extranjeras y geopolítica regional

    La ubicación de Ecuador en el Pacífico Sur y la región andina lo convierte en un punto de interés estratégico. La instalación de bases extranjeras en el país tendría impactos directos en:

    • Rutas del narcotráfico internacional, que atraviesan Ecuador hacia Estados Unidos y Europa.
    • Relaciones bilaterales con naciones vecinas como Colombia y Perú.
    • Equilibrio político en América Latina, donde países como Venezuela o Bolivia han expresado rechazo histórico a este tipo de acuerdos.

    En este contexto, Ecuador debe definir su posición no solo frente a la delincuencia, sino también frente al ajedrez geopolítico internacional.


    El voto del 30 de noviembre: una decisión crucial

    El 30 de noviembre, los ecuatorianos decidirán si el país debe permitir la presencia de bases militares extranjeras. No será un simple referéndum, sino una votación que definirá la estrategia de seguridad nacional en los próximos años.

    Los votantes tendrán en sus manos la posibilidad de:

    • Respaldar una medida que podría transformar la lucha contra el crimen organizado.
    • O rechazarla, apostando por un modelo de seguridad basado únicamente en la capacidad interna del Estado.
  • Piero Hincapié y Kevin Rodríguez debutan en Champions League 2025-2026 con victorias

    Piero Hincapié y Kevin Rodríguez debutan en Champions League 2025-2026 con victorias

    Piero Hincapié debuta con Arsenal y derrota al Athletic Club

    La Champions League 2025-2026 comenzó este martes 16 de septiembre con la destacada participación de los futbolistas ecuatorianos Piero Hincapié y Kevin Rodríguez. Hincapié, defensor ecuatoriano, debutó oficialmente con el Arsenal, que se impuso 2-0 al Athletic Club de Bilbao en la primera jornada de la fase de grupos.

    El partido, jugado en San Mamés, vio a un Arsenal sólido defensivamente y eficiente en ataque, con goles de Gabriel Martinelli (72′) y Leandro Trossard (87′). Piero Hincapié ingresó al minuto 91 para reforzar la defensa y ayudar a mantener la portería en cero. Aunque sus minutos fueron limitados, este debut en la Champions marca un hito importante para el ecuatoriano, quien fue parte fundamental de la selección en las Eliminatorias Sudamericanas.


    Kevin Rodríguez da asistencia en histórica victoria de Union Saint-Gilloise

    Por otro lado, Kevin Rodríguez en Champions League también tuvo una participación destacada en la primera jornada. El atacante ecuatoriano asistió en la histórica victoria del Union Saint-Gilloise, que venció al PSV Eindhoven 1-3 en condición de visitante.

    Rodríguez jugó 88 minutos y fue crucial para el resultado, contribuyendo con una asistencia en el gol de Kevin Mac Allister (81′). El equipo belga dominó el partido desde el inicio, con goles de Promise David (9′) y Anouar Ait El Hadj (39′), asegurando una victoria contundente. Esta victoria marcó la primera de Union Saint-Gilloise en la Champions League y la primera vez que el club belga gana en su debut europeo.


    El debut de los ecuatorianos en la Champions League 2025-2026

    La participación de Piero Hincapié y Kevin Rodríguez en la Champions League confirma el crecimiento del talento ecuatoriano en el fútbol internacional. Con Hincapié debutando con el Arsenal y Rodríguez destacando con Union Saint-Gilloise, los dos futbolistas ecuatorianos comienzan una nueva etapa en la competición de clubes más prestigiosa de Europa.

    En esta edición 2025-2026 de la Champions, además de estos dos jugadores, también están presentes Moisés Caicedo (Chelsea), Willian Pacho (Paris Saint-Germain) y Joel Ordóñez (Club Brugge). La expectativa es alta para los cinco ecuatorianos, quienes seguirán representando al país en el torneo europeo.



    Favoritos y calendario de la Champions League

    La primera jornada de la fase de grupos sigue con importantes enfrentamientos, donde equipos como el PSG, Real Madrid, Bayern Múnich, Inter de Milán y Manchester City, favoritos al título, buscan empezar con buen pie.

    El calendario de la Champions League 2025-2026 continuará con intensos duelos a lo largo de la fase de grupos, que concluirá con los equipos luchando por los octavos de final en febrero de 2026.

  • Robert Redford, el ícono de Hollywood, fallece a los 89 años

    Robert Redford, el ícono de Hollywood, fallece a los 89 años

    Un adiós a uno de los grandes del cine

    La muerte de Robert Redford a los 89 años marca el final de una era para Hollywood. El actor y director participó en más de 50 películas, ganó un Óscar y fundó el Festival de Sundance, un espacio clave para el cine independiente.


    Carrera cinematográfica y reconocimiento mundial

    La muerte de Robert Redford conmueve al mundo del cine, recordando su debut en los años 60 y su salto a la fama con Butch Cassidy and the Sundance Kid en 1969. También protagonizó Todos los hombres del presidente, El golpe y Memorias de África. Su carisma y talento lo convirtieron en una de las figuras más queridas de Hollywood.

    Director, productor y fundador del Festival Sundance

    Redford ganó el Óscar como mejor director en 1981 con Gente corriente. Ese mismo año fundó el Festival de Sundance, que lanzó a cineastas como Quentin Tarantino. Este legado reafirma la relevancia de su figura en el cine independiente y en la industria global.


    Reconocimientos y legado eterno

    La muerte de Robert Redford deja un vacío en la cultura cinematográfica. Fue distinguido con el Óscar honorífico, el León de Oro de Venecia y la Legión de Honor de Francia. Incluso apareció en el universo Marvel como Alexander Pierce en Capitán América: Soldado de Invierno.

    Su legado sigue vivo y puede explorarse en fuentes como Festival de Sundance o artículos de medios especializados en cine como Variety.

  • Ecuador declara terroristas a Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán

    Ecuador declara terroristas a Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán

    Decreto Ejecutivo 128 y la decisión del Gobierno Nacional

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo Nº 128, en el que se reconoce a Hamás, Hezbolá y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organizaciones terroristas. Según el Gobierno, estas agrupaciones representan una amenaza directa contra la seguridad pública, la soberanía y la integridad del Estado ecuatoriano.

    La medida se apoya en los informes entregados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que entre mayo y septiembre de 2025 alertó sobre la incidencia de estos grupos en América del Sur y su posible conexión con redes delictivas en Ecuador.


    Fundamentos de la declaratoria de terrorismo

    El decreto sostiene que la presencia indirecta de estas organizaciones podría fortalecer a los grupos criminales que operan en el país. Para el Ejecutivo, la vinculación con estructuras delictivas internas incrementa la violencia, la inseguridad y el riesgo de injerencia extranjera en la dinámica del crimen organizado.

    Noboa enfatizó que su gobierno mantiene como prioridad la lucha contra el terrorismo internacional y los grupos delincuenciales locales. “El Gobierno Nacional refuerza permanentemente su misión de combatir a los grupos terroristas internacionales delincuenciales, que operan dentro del territorio ecuatoriano causando zozobra a la población”, afirmó el mandatario.


    Responsabilidades del Centro Nacional de Inteligencia

    El decreto establece que el CNI deberá evaluar la influencia de Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en relación con los grupos armados organizados identificados en Ecuador. Asimismo, se ordena categorizar a estas agrupaciones y coordinar, de ser necesario, con organismos de inteligencia de otros Estados para un trabajo conjunto.

    De igual forma, el Decreto Ejecutivo Nº 128 deroga el Decreto 118, firmado el 10 de septiembre de 2025, que únicamente rechazaba la influencia de Hamás y Hezbolá sin calificarlos de forma explícita como terroristas.


    Contexto político y seguridad nacional

    La firma de este nuevo decreto se realizó el lunes 15 de septiembre en Latacunga, y se enmarca en la estrategia del Gobierno de Noboa de reforzar las políticas de seguridad interna y cooperación internacional. La decisión de declarar terroristas a estas organizaciones envía un mensaje claro: Ecuador busca blindar su territorio frente a posibles nexos con actores internacionales que puedan potenciar la violencia interna.

    Con esta medida, el país marca un precedente en la región al reconocer oficialmente a Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como grupos terroristas, reforzando su compromiso de proteger la estabilidad nacional y la tranquilidad de sus ciudadanos.

  • Caso Sinohydro: Fiscalía acusa a Lenín Moreno y 23 personas

    Caso Sinohydro: Fiscalía acusa a Lenín Moreno y 23 personas

    El caso Sinohydro se ha convertido en uno de los procesos judiciales más relevantes de la historia reciente del Ecuador, al involucrar al expresidente y exvicepresidente Lenín Moreno, junto a otras 23 personas, en una supuesta red de corrupción vinculada a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. La tarde del 15 de septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado, representada por el fiscal general Wilson Toainga, presentó su dictamen acusatorio en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).


    Inicio de la acusación formal contra Lenín Moreno

    Durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, el conjuez Olavo Hernández declaró la validez de todas las actuaciones procesales realizadas hasta el momento. Esto abrió paso para que la Fiscalía presentara su acusación formal por el presunto delito de cohecho agravado.

    En su exposición, el fiscal Toainga señaló que las investigaciones recogen suficientes elementos de convicción que vinculan a los 24 procesados, entre ellos al expresidente Moreno, con un entramado de sobornos que giró en torno a contratos multimillonarios con la empresa china Sinohydro, responsable de la construcción de la hidroeléctrica más grande del país.


    La red de corrupción detrás del proyecto Coca Codo Sinclair

    Las pesquisas realizadas revelan que entre 2009 y 2018, mientras Lenín Moreno ejercía como vicepresidente de la República, se habría configurado una red ilícita que exigía sobornos a cambio de la adjudicación y mantenimiento de contratos con la compañía Sinohydro.

    De acuerdo con la acusación fiscal, se habrían entregado alrededor de 76 millones de dólares en coimas, lo que representa cerca del 4% del valor total de la obra, cifrado en aproximadamente 1.979 millones de dólares.

    Estos pagos habrían sido canalizados a través de empresas intermediarias y cuentas en el extranjero, con la finalidad de beneficiar tanto a altos funcionarios como a personas cercanas al círculo político de Moreno.


    Los procesados en el caso Sinohydro

    El expediente de la Fiscalía señala a un total de 37 personas inicialmente investigadas, de las cuales se mantiene la acusación contra 24 procesados, incluyendo al exmandatario Lenín Moreno, su esposa Rocío González, y varios familiares directos e indirectos.

    Entre los acusados también figuran exfuncionarios públicos, empresarios y representantes de compañías que habrían participado en el esquema de sobornos.

    La Fiscalía sostiene que estos actores habrían facilitado la recepción de dineros ilícitos a través de triangulaciones financieras que tenían como objetivo encubrir el origen de los fondos.


    El rol de Lenín Moreno en la trama de sobornos

    El señalamiento directo a Moreno radica en que, según las investigaciones, él habría conocido y participado de los beneficios de las coimas durante el período en que ocupaba la Vicepresidencia de la República (2007-2013).

    Los peritajes y la documentación aportada a la causa incluyen transferencias bancarias, correos electrónicos, testimonios de colaboradores y registros contables que muestran cómo los recursos ilícitos fueron destinados al financiamiento de gastos personales y adquisición de bienes.

    La Fiscalía enfatiza que Moreno habría recibido beneficios económicos por intermedio de terceros, lo que lo convierte en uno de los principales beneficiarios del esquema de corrupción.


    Consecuencias legales del proceso Sinohydro

    El delito de cohecho en Ecuador es sancionado con una pena privativa de libertad que puede ir de 8 a 12 años, dependiendo de la magnitud del perjuicio al Estado y de la posición jerárquica del funcionario involucrado.

    En el caso de Lenín Moreno y los demás acusados, la Fiscalía solicita que se dicte auto de llamamiento a juicio, lo que significaría que todos deberán enfrentar el proceso penal en la etapa de juicio oral.

    Además, la Fiscalía busca la reparación integral al Estado, lo que implicaría la devolución de los 76 millones de dólares en coimas, más intereses, y la inhabilitación política de los implicados.


    Impacto político y social del caso Sinohydro

    El escándalo Sinohydro ha generado un fuerte impacto en la sociedad ecuatoriana, no solo por el involucramiento de un expresidente de la República, sino también porque destapa los manejos irregulares en el megaproyecto Coca Codo Sinclair, que desde su inauguración ha estado rodeado de cuestionamientos técnicos, ambientales y financieros.

    La hidroeléctrica, ubicada entre Napo y Sucumbíos, fue presentada como la obra insignia de la cooperación con China y prometía abastecer de energía eléctrica al país durante décadas. Sin embargo, además de las denuncias de corrupción, la obra enfrenta serios problemas estructurales como fisuras en la casa de máquinas, que han comprometido su rendimiento y seguridad.


    La postura de la defensa de Lenín Moreno

    Los abogados defensores de Moreno han insistido en que la acusación carece de fundamentos sólidos y que el expresidente nunca recibió dinero ilícito. Argumentan que no existen pruebas directas que lo vinculen con transferencias o contratos irregulares.

    No obstante, la Fiscalía sostiene que la participación indirecta y el beneficio económico recibido a través de terceros son suficientes para imputarle responsabilidad penal.


    Próximos pasos en el proceso judicial

    Con la validación del conjuez Hernández, el caso avanza a la fase de juicio, donde se presentarán pruebas documentales, testimoniales y periciales. Será en esta etapa donde la defensa de los procesados buscará desvirtuar los cargos, mientras que la Fiscalía intentará demostrar la existencia del delito de cohecho agravado.

    Se espera que el juicio sea uno de los más extensos y mediáticos en la historia del país, dada la magnitud de la obra, los montos involucrados y la relevancia política del principal acusado.

  • Detalles del Caso Sinohydro

    Detalles del Caso Sinohydro

    A continuación, se presentan los hallazgos principales y las cifras clave relacionadas con el caso, extraídas de la
    investigación. La Fiscalía acusa a un total de 37 personas por el presunto delito de cohecho en relación con el proyecto
    hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, con un movimiento total de dinero ilegal que asciende a USD 76 millones.

    Pagos a Individuos

    Se documentaron los siguientes pagos a personas vinculadas al caso, con los sobornos presuntamente canalizados a través
    de la empresa Recorsa C.A.

    • Priscila Burneo Patiño: $70.000
    • Carlos Almeida (abogado de Recorsa): $2 millones
    • Eduardo Carmignian (abogado de Recorsa): $4 millones
    • Rocío Guerrero (contadora de Recorsa): $40.000
    • María Augusta Baquero (integrante de la comisión
      técnica para la aprobación del proyecto): $148.000

    Pagos a la Familia de Lenín Moreno

    La Fiscalfa acusa que la familia del expresidente Lenín Moreno,su esposa y sus dos hermanos habrían recibido un
    total de USD 660.000 en sobornos. Estos montos se desglosan de la siguiente manera:

    • Lenin Moreno y su esposa: $220.000 (presuntamente
      para la compra de un departamento y muebles)
    • Su hija: $50.000
    • Sus dos hermanos: $360.000
    • Sus dos cuñadas: $25.000
    • Su suegra (fallecida): $5.000

    Cronología del Proyecto Coca Codo Sinclair

    • En septiembre de 2008, se publicó la convocatoria a licitación para la contratación de ingeniería, provisión de
      equipos y construcción del proyecto hidroeléctrico.
    • Cuatro meses después, el 13 de enero de 2009, la participación de oferentes fue restringida.
  • Daniel Noboa establece estado de excepción en siete provincias

    Daniel Noboa establece estado de excepción en siete provincias

    El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó este martes 16 de septiembre un nuevo estado de excepción en Ecuador que regirá en siete provincias del país, en respuesta a lo que el Gobierno ha calificado como un escenario de grave conmoción interna. La medida, formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 134, busca contener el avance de protestas y alteraciones del orden público que, según el Ejecutivo, ponen en riesgo la seguridad ciudadana, la libre circulación y el normal desarrollo de las actividades económicas.

    Provincias incluidas en el estado de excepción

    El estado de excepción se aplicará en las provincias de:

    • Carchi
    • Imbabura
    • Pichincha
    • Azuay
    • Bolívar
    • Cotopaxi
    • Santo Domingo de los Tsáchilas

    Estas zonas han sido epicentro de manifestaciones, bloqueos y disturbios que, de acuerdo con la información oficial, han derivado en episodios de violencia y amenazas a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

    Duración y alcance de la medida

    La declaratoria tendrá una vigencia de 60 días, aunque el decreto señala que podría levantarse de manera anticipada si las condiciones lo permiten. Durante este período, se aplicarán medidas especiales destinadas a garantizar el orden público y la seguridad nacional.

    El estado de excepción otorga al Gobierno facultades extraordinarias, entre ellas:

    • Suspensión parcial del derecho a la libertad de reunión en las provincias afectadas.
    • Posibilidad de movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para reforzar el control interno.
    • Acciones para evitar la radicalización de las protestas y asegurar la libre circulación de personas y bienes.

    Restricción de libertades y derechos

    El decreto aclara que la suspensión del derecho a reunión no limita las manifestaciones pacíficas, siempre y cuando estas no afecten los derechos del resto de ciudadanos. Sin embargo, cualquier concentración que derive en violencia, daños a la propiedad pública o privada, o bloqueo de carreteras podrá ser dispersada por las fuerzas del orden.

    Con esta disposición, el Ejecutivo intenta equilibrar la protección del derecho a la protesta pacífica con la necesidad de mantener la seguridad en el país.

    Motivos que llevaron al estado de excepción

    Según el Gobierno, en los últimos días se han registrado paralizaciones y protestas que han escalado en intensidad, generando escenarios de violencia, cierre de carreteras y afectaciones directas al comercio y la movilidad.

    Entre los argumentos expresados en el decreto se destacan:

    • Alteración del orden público por protestas organizadas en las provincias afectadas.
    • Riesgo a la seguridad ciudadana frente a enfrentamientos y actos violentos.
    • Afectación al trabajo y a las actividades económicas, en especial en sectores productivos y comerciales.
    • Necesidad de prevenir una escalada de confrontaciones que complique aún más la situación.

    Despliegue de Fuerzas Armadas y Policía Nacional

    Uno de los puntos más relevantes del decreto es la orden de movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en las siete provincias bajo estado de excepción.

    Su rol será:

    • Controlar el orden público en espacios urbanos y rurales.
    • Asegurar la libre circulación en carreteras y vías de acceso estratégicas.
    • Prevenir saqueos, vandalismo o ataques a la propiedad pública y privada.
    • Respaldar a las instituciones estatales en la ejecución de medidas de seguridad.

    Con este despliegue, el Gobierno busca enviar un mensaje de firmeza y garantizar que no se repitan episodios de violencia que ya se han registrado en jornadas anteriores.

    Reacciones frente a la medida

    El anuncio del nuevo estado de excepción ha generado debate en diversos sectores:

    • Apoyo: Empresarios y organizaciones de transporte han respaldado la medida, señalando que es indispensable garantizar el orden para evitar mayores pérdidas económicas.
    • Críticas: Organizaciones sociales y colectivos ciudadanos han manifestado preocupación por la suspensión de derechos y el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno.
    • Expectativa: Analistas consideran que el éxito de la medida dependerá de su aplicación equilibrada, evitando abusos de autoridad y respetando el derecho a la protesta pacífica.

    Implicaciones para la ciudadanía

    Durante los 60 días que dure el estado de excepción, los habitantes de las provincias involucradas deberán adaptarse a restricciones específicas. Entre las implicaciones más relevantes se encuentran:

    • Posibles controles militares y policiales en carreteras y espacios públicos.
    • Limitaciones a reuniones masivas, especialmente si son convocadas sin autorización o derivan en actos violentos.
    • Mayor presencia de operativos de seguridad en zonas urbanas estratégicas.
    • Riesgo de sanciones en caso de incumplir las disposiciones del decreto.

    Contexto político y social

    Este nuevo estado de excepción se suma a una serie de medidas adoptadas por el Gobierno de Daniel Noboa para enfrentar los múltiples desafíos de seguridad y gobernabilidad que atraviesa el país.

    En los últimos meses, Ecuador ha experimentado una escalada de conflictos sociales y de violencia criminal que ha presionado a las autoridades a reforzar los mecanismos de control. El Ejecutivo argumenta que estas decisiones son necesarias para evitar un mayor deterioro del orden público y para proteger los derechos de la mayoría de ecuatorianos.