Autor: Ricardo Rodriguez

  • Daniel Noboa denuncia emboscada en Otavalo durante paro nacional: “Ecuador no puede retroceder”

    Daniel Noboa denuncia emboscada en Otavalo durante paro nacional: “Ecuador no puede retroceder”

    El presidente Daniel Noboa denunció una emboscada en Otavalo (Imbabura) contra un convoy humanitario que él mismo encabezaba junto con ministros de Estado y representantes internacionales. El ataque ocurrió en el marco del paro nacional, cuando el convoy, custodiado por 50 militares, fue interceptado por unas 350 personas que utilizaron bombas molotov y otros objetos para agredir a los vehículos.

    El mandatario señaló en su cuenta de X que “se resisten a que Ecuador avance y eligieron la violencia”, reafirmando que el país no puede retroceder. Noboa compartió imágenes y videos de los incidentes, donde se observan los daños sufridos durante la emboscada.

    En la caravana se encontraban el ministro del Interior, John Reimberg, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, además de delegados internacionales como el nuncio apostólico Andrés Carrascosa, la embajadora de la Unión Europea Jekaterina Dorodnova, la representante de la ONU Laura Melo y el embajador de Italia Giovanni Davoli.

    La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, rechazó enérgicamente los hechos y aseguró que la agresión no corresponde a protestas ciudadanas pacíficas, sino a delitos cometidos por grupos violentos infiltrados. Además, confirmó que 17 militares fueron secuestrados durante los enfrentamientos y hasta el momento se desconoce su paradero.

    El Ejecutivo insiste en que su prioridad es proteger la vida de los ecuatorianos y separar las legítimas demandas sociales de los actos de violencia. Para Noboa, lo sucedido refleja un intento de desestabilizar al país, pero su gobierno mantendrá firme la defensa de la seguridad, la paz y la democracia.

  • Daniel Noboa encabezó convoy atacado en Imbabura, confirma vocera del Gobierno

    Daniel Noboa encabezó convoy atacado en Imbabura, confirma vocera del Gobierno

    La vocera del Gobierno nacional, Carolina Jaramillo, ofreció declaraciones firmes tras el ataque ocurrido en Cotacachi (Imbabura) contra un convoy humanitario encabezado por el presidente Daniel Noboa Azín, quien se trasladaba hacia comunidades de la zona para entregar ayuda en medio del paro nacional. Lo que debía ser una misión de asistencia terminó convirtiéndose en una emboscada que, según la funcionaria, refleja la presencia de grupos violentos e infiltrados que buscan generar caos en el país.

    Jaramillo explicó que, en horas de la noche, el convoy presidencial fue atacado con bombas molotov y otros objetos contundentes. Aunque estaba protegido por cerca de 50 militares, la caravana fue emboscada por aproximadamente 350 personas que bloquearon su paso e intentaron causar daños graves. La vocera calificó lo sucedido como una agresión inesperada que obligó a las fuerzas armadas a responder para proteger la vida del presidente y de los acompañantes.

    En la comitiva no solo estaba Noboa, sino también autoridades y diplomáticos de alto nivel. Entre ellos se encontraban el ministro del Interior, John Reimberg; el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo; el nuncio apostólico Andrés Carrascosa; la embajadora de la Unión Europea, Jekaterina Dorodnova; la coordinadora residente de la ONU, Laura Melo; y el embajador de Italia, Giovanni Davoli. La presencia de representantes internacionales expuso la dimensión del riesgo, ya que no solo se puso en peligro a funcionarios ecuatorianos, sino también a diplomáticos acreditados en el país.

    Uno de los hechos más graves revelados por Jaramillo fue el secuestro de 17 militares durante los enfrentamientos. Hasta el momento, no se conoce su paradero ni su estado de salud, lo que genera preocupación y obliga al Gobierno a desplegar operativos urgentes para rescatarlos.

    En su mensaje, la vocera insistió en que lo ocurrido en Imbabura no corresponde a manifestaciones pacíficas, sino a delitos cometidos por grupos organizados. Afirmó que el presidente mantiene como prioridad la protección de la vida de todos los ecuatorianos, pero advirtió que existen sectores infiltrados que buscan fomentar la confrontación. “La seguridad y la vida de los ecuatorianos es la prioridad. Rechazamos los ataques violentos, la retención de servidores públicos y la destrucción de bienes públicos y privados. Esto ya no es protesta: son delitos”, declaró con contundencia.

    El Gobierno también presentó videos de los enfrentamientos, en los que se observa la violencia ejercida por los atacantes. Estas pruebas buscan dejar en claro que se trató de una acción planificada y agresiva que excede cualquier protesta ciudadana.

    Sobre los traslados de detenidos en Imbabura hacia centros carcelarios en Esmeraldas, Jaramillo aclaró que esa decisión es competencia del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), que determina los movimientos de los privados de libertad por razones de seguridad.

    El ataque ocurre en un contexto de paro nacional que afecta varios puntos del país, con bloqueos, enfrentamientos y daños a servicios básicos. El Gobierno ha señalado que respeta el derecho a la protesta, pero ha advertido que no permitirá actos que atenten contra la seguridad nacional ni contra la integridad de ciudadanos, militares o autoridades.

    A pesar de lo sucedido, el presidente Daniel Noboa ha ratificado su decisión de no detenerse en su labor de proteger la vida y el bienestar de los ecuatorianos. Su presencia directa en el convoy demuestra un liderazgo activo en medio de la crisis. El Ejecutivo anunció que reforzará la seguridad en las zonas de conflicto y continuará coordinando con organismos internacionales para garantizar la estabilidad democrática.

    El ataque al convoy en Cotacachi constituye uno de los episodios más graves del paro nacional en Ecuador. El hecho de que el presidente, junto a ministros y diplomáticos extranjeros, haya sido víctima de una emboscada, refleja la magnitud de la situación y la urgencia de respuestas contundentes del Estado. El mensaje del Gobierno es claro: defender la paz, rechazar la violencia y garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. La incertidumbre por los militares secuestrados y el accionar de los grupos infiltrados plantea un escenario crítico que requiere decisiones firmes, coordinación institucional y un llamado a la ciudadanía para no caer en la confrontación que buscan sectores violentos.

  • Una semana de paro deja más de $42 millones en pérdidas en Carchi e Imbabura

    Una semana de paro deja más de $42 millones en pérdidas en Carchi e Imbabura

    Las protestas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) han dejado un fuerte impacto en las provincias de Carchi e Imbabura. En apenas una semana, las pérdidas económicas superan los 42 millones de dólares, según reportó la Cámara de Industrias y Producción. La situación se agrava no solo por la parálisis de la actividad productiva, sino también por el desabastecimiento de alimentos, medicinas e insumos provocado por el bloqueo de carreteras y la interrupción del transporte.

    Los gremios empresariales denuncian además amedrentamiento, maltrato y secuestro de transportistas y trabajadores, lo que ha generado temor en la ciudadanía. La falta de garantías ha detenido convoyes con alimentos y ayuda, agravando el panorama en comunidades que ya sienten la escasez. El comercio, la producción agrícola y el turismo, especialmente en ciudades como Otavalo, Cotacachi e Ibarra, están entre los sectores más afectados. Hoteles, restaurantes y ferias artesanales han visto canceladas sus actividades, mientras que agricultores y ganaderos reportan pérdidas por productos que no pueden comercializar.

    El origen de estas movilizaciones está en la eliminación del subsidio al diésel, medida que incrementó el precio del galón de $1,797 a $2,80. Esto golpea directamente al transporte y a la producción agrícola, generando un encarecimiento en toda la cadena de suministros. La incertidumbre sobre cuánto durarán las paralizaciones aumenta la preocupación, ya que cada día las pérdidas crecen y el malestar social se profundiza.

    Ante este panorama, la Cámara de Industrias y Producción exige al Estado restablecer el orden y garantizar el libre tránsito, al tiempo que distintos sectores llaman a un diálogo urgente que permita recuperar la paz y la estabilidad en la región. Las familias de Carchi e Imbabura esperan que las autoridades encuentren una solución inmediata para frenar el deterioro económico y social que hoy afecta a miles de hogares.

  • Fase Final LigaPro 2025: hexagonales por título, Sudamericana y descenso definidos

    Fase Final LigaPro 2025: hexagonales por título, Sudamericana y descenso definidos

    Fase Final LigaPro 2025

    La Fase Final LigaPro 2025 está lista para comenzar, con los equipos clasificados en tres frentes muy distintos: el hexagonal por el título, el hexagonal por un cupo a la Copa Sudamericana 2026, y el cuadrangular por el descenso. Los partidos que definen estas posiciones comenzarán el 5 de octubre y se extenderán hasta el 21 de diciembre. La expectativa está al máximo, ya que varios equipos lucharán por el primer lugar en el torneo local, mientras otros intentarán asegurar su clasificación a torneos internacionales, y algunos pelearán para evitar el descenso.


    Hexagonal por el título: Los grandes de la LigaPro 2025

    El hexagonal por el título estará compuesto por Independiente del Valle, Barcelona SC, Liga de Quito, Universidad Católica, Orense SC y Libertad. Estos equipos han sido los más destacados de la fase inicial y buscarán asegurar el campeonato nacional. Entre los favoritos, Independiente del Valle se presenta como el equipo más fuerte, con 64 puntos, seguido de Barcelona (54) y Liga de Quito (51). El nivel de competitividad en este grupo promete ser altísimo, y se espera que la lucha por el primer lugar sea intensa hasta el final.


    Hexagonal por el cupo a la Copa Sudamericana

    El segundo hexagonal está destinado a los equipos que buscan un lugar en la Copa Sudamericana 2026. En este grupo se encuentran Deportivo Cuenca, Emelec, Aucas, Macará, El Nacional y Delfín. Deportivo Cuenca parte como favorito, con 46 puntos, seguido por Emelec con 42. Aunque el premio parece menor, la clasificación a un torneo internacional es un aliciente importante para estos equipos, que se jugarán el todo por el todo en los partidos que arrancan el 5 de octubre. El sistema de partidos será de ida y vuelta, y solo el primer lugar podrá acceder a la fase eliminatoria nacional de la Sudamericana.


    Cuadrangular del descenso: Dos se salvan, dos descienden

    Por otro lado, el cuadrangular del descenso será vital para Técnico Universitario, Vinotinto, Mushuc Runa y Manta. De estos cuatro equipos, solo dos se salvan y continúan en la Serie A para 2026, mientras que los otros dos descenderán a la Serie B. El descenso es una de las mayores preocupaciones, especialmente para Vinotinto y Mushuc Runa, que han sido los equipos más débiles en la fase inicial. Estos clubes se jugarán su futuro en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano en un cuadrangular decisivo que comenzará el 19 de octubre.

  • COE cantonal de Otavalo activa puntos de atención médica de emergencia en medio del paro en Imbabura

    COE cantonal de Otavalo activa puntos de atención médica de emergencia en medio del paro en Imbabura

    El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Otavalo ha dispuesto medidas urgentes para enfrentar la crisis social y de seguridad derivada del paro que afecta a varias zonas de la provincia de Imbabura. Ante los episodios de violencia registrados en los últimos días, el organismo decidió habilitar puntos de atención médica de emergencia en sectores considerados críticos, con el fin de salvaguardar la salud de la población y garantizar una respuesta inmediata en casos de incidentes graves.

    La mesa técnica de salud y atención prehospitalaria del COE recibió la instrucción de habilitar espacios estratégicos de atención en las zonas donde se han concentrado las protestas. Estos puntos buscan ofrecer una respuesta ágil ante heridos, afectados por gases lacrimógenos y otros incidentes de carácter urgente. Además, se conformaron brigadas móviles de asistencia, integradas por personal capacitado y con el respaldo logístico de instituciones de salud pública y privada. Estas brigadas están encargadas de acudir de manera inmediata a los lugares donde se reporten emergencias, evitando así el colapso de los hospitales locales y garantizando la continuidad del servicio.

    El COE cantonal enfatizó la necesidad de mantener corredores humanitarios activos, con el apoyo de la Cruz Roja Ecuatoriana y otras entidades de socorro. Este mecanismo permitirá que la población afectada por los bloqueos pueda acceder a centros de salud, medicinas y transporte en casos de urgencia. La coordinación interinstitucional también abarca la participación de bomberos, defensa civil y personal de seguridad, quienes refuerzan el traslado de insumos médicos y facilitan la movilidad de ambulancias en medio de las manifestaciones.

    Otra de las medidas adoptadas fue la activación del fondo rotativo de prevención y gestión de riesgos, destinado a financiar de manera inmediata la compra y distribución de medicamentos, insumos y equipos necesarios para la atención prehospitalaria. Este mecanismo económico asegura que, incluso en escenarios de alta conflictividad, los profesionales de la salud dispongan de los recursos básicos para estabilizar a los pacientes antes de su traslado a hospitales de mayor capacidad.

    La ciudad de Otavalo ha sido escenario de hechos de violencia que han puesto en alerta a las autoridades locales y nacionales. Entre los más graves se reporta la destrucción de un cuartel de la Policía Nacional y la detención de varios ciudadanos que posteriormente fueron trasladados a la ciudad de Portoviejo. Estos sucesos motivaron la intensificación de medidas de seguridad y la necesidad de reforzar la presencia de organismos de emergencia en puntos estratégicos, con el fin de prevenir mayores consecuencias para la ciudadanía.

    Durante la sesión extraordinaria del COE cantonal, realizada el domingo 28 de septiembre, se resolvió mantener activas las mesas técnicas de trabajo, que agrupan a representantes de distintas áreas prioritarias: agua, saneamiento y manejo de residuos, salud y atención prehospitalaria, servicios básicos esenciales, educación, medios de vida y productividad, logística, seguridad y control. Estas mesas permiten coordinar acciones conjuntas y dar seguimiento permanente a las necesidades que surgen durante el paro, asegurando que la respuesta institucional no se limite únicamente a la atención sanitaria, sino que abarque todos los aspectos esenciales para la población.

    El COE cantonal de Otavalo también hizo un llamado a los sectores movilizados para que participen en mesas de diálogo, con el objetivo de reducir los niveles de tensión social y evitar que los enfrentamientos continúen afectando la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. De acuerdo con el organismo, el paro que se mantiene en sectores de Imbabura desde hace más de una semana ha generado un impacto negativo en la movilidad, en el acceso a servicios básicos y en la actividad productiva de la provincia.

    La decisión del COE de fortalecer la atención médica en las calles responde a la necesidad de contar con protocolos de acción inmediata durante contextos de crisis social. La atención prehospitalaria es clave para salvar vidas en situaciones de emergencia, especialmente cuando los hospitales no pueden atender a gran escala debido a bloqueos o enfrentamientos. El despliegue de brigadas móviles con equipamiento básico, sumado al abastecimiento constante de medicinas e insumos, permite garantizar que las víctimas de lesiones, golpes o intoxicaciones puedan recibir estabilización oportuna antes de llegar a un centro de salud.

    La paralización en Otavalo y otras zonas de Imbabura ha tenido consecuencias directas en la vida cotidiana de la población, incluyendo la interrupción del transporte público y privado, escasez de alimentos en mercados locales debido al cierre de vías, dificultades para el acceso a hospitales y centros médicos, pérdidas económicas en el comercio y la producción agrícola, así como riesgos de contagio y propagación de enfermedades por acumulación de basura en zonas urbanas. Estas problemáticas han hecho que la gestión integral de la emergencia se convierta en una prioridad, donde el componente sanitario tiene un rol central.

    El accionar del COE cantonal de Otavalo muestra un esfuerzo por anticiparse a escenarios de mayor gravedad. Con la activación de los puntos médicos de emergencia, las brigadas móviles y el fondo rotativo de insumos, se busca mitigar las consecuencias del paro y mantener el orden en medio de la crisis. No obstante, la solución definitiva dependerá del diálogo social y político, que permita restablecer la paz y la normalidad en las actividades diarias de la ciudadanía. Mientras tanto, la coordinación con instituciones de salud y organismos humanitarios seguirá siendo crucial para proteger a la población de los riesgos inmediatos.

  • La Conaie alerta de bloqueo en la señal de internet en Cotacachi y Otavalo

    La Conaie alerta de bloqueo en la señal de internet en Cotacachi y Otavalo

    La noche del domingo 28 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) alertó sobre un presunto bloqueo en la señal de internet en las comunidades de Cotacachi y Otavalo, en la provincia de Imbabura. Según denuncias ciudadanas, la conexión presentó fallas que dificultaron el envío de mensajes, la transmisión de videos y el acceso a redes sociales, en momentos en que se desarrollaban protestas y disturbios en distintas vías de la Sierra.

    La Conaie sostuvo que esta limitación en la conectividad digital se trataría de una medida de represión para impedir que la población difunda información sobre lo que ocurre en el marco del paro nacional. La organización indígena advirtió que la restricción coincide con el ingreso de militares y policías en la zona, lo que incrementa la tensión y coloca en riesgo la seguridad de los habitantes.

    La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) respaldó la denuncia, señalando que cortar el internet constituye un intento de censura y una vulneración al derecho a la libertad de expresión. La organización recalcó que el acceso a la información es un derecho fundamental, y que impedirlo limita la posibilidad de documentar abusos o comunicarse con familiares en un momento de crisis social.

    En Cotacachi y Otavalo, comunidades con una fuerte tradición de movilización indígena, el presunto bloqueo de internet generó preocupación, ya que dificulta la organización comunitaria y abre la puerta a la desinformación, al dejar a los ciudadanos sin medios para contrastar versiones oficiales con lo que ocurre en el territorio.

    Colectivos sociales y defensores de derechos humanos han hecho un llamado al Gobierno para garantizar el acceso libre y seguro a la conectividad digital, recordando que las restricciones de internet han sido utilizadas en otros países como herramienta de control político. Señalan que en lugar de limitar la comunicación, lo urgente es abrir espacios de diálogo que permitan atender las demandas sociales sin vulnerar derechos.

    La denuncia sobre el bloqueo de internet en Cotacachi y Otavalo refleja una problemática que trasciende lo local: la amenaza a los derechos digitales en contextos de protesta. Mantener la conectividad no es un privilegio, sino una necesidad básica para garantizar la libertad de expresión, la seguridad ciudadana y la democracia en el país.

  • Manifestaciones provocan rotura de tubería y dejan sin agua a sectores de Caranqui, en Ibarra

    Manifestaciones provocan rotura de tubería y dejan sin agua a sectores de Caranqui, en Ibarra

    Las manifestaciones registradas en Caranqui, parroquia de Ibarra, provocaron la rotura de una tubería principal de agua potable ubicada bajo el puente de Rumipamba. El hecho ha dejado a varios sectores sin servicio desde la mañana del 28 de septiembre, generando una emergencia que afecta directamente a cientos de familias. La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (Emapai) informó que la ruptura se produjo en medio de los disturbios, lo que ocasionó la suspensión del suministro y la disminución de la presión en los hogares del sector.

    De acuerdo con la entidad, los equipos técnicos han intentado acceder al lugar para ejecutar la reparación de la red dañada, sin embargo, las condiciones de seguridad impidieron el ingreso de la cuadrilla hasta la tarde de ese día. Emapai advirtió que no existe un tiempo estimado para la normalización del servicio, ya que los trabajos dependen de la posibilidad de garantizar un acceso seguro al puente de Rumipamba.

    Los barrios cercanos al puente y gran parte de la parroquia de Caranqui se encuentran entre los más afectados. Los vecinos han reportado serias dificultades para abastecerse de agua potable, lo que afecta tanto al consumo básico como a las actividades domésticas, escolares y productivas. La falta del recurso en hospitales, centros de salud y escuelas agrava la situación, ya que dificulta la atención médica y la higiene en espacios donde es indispensable.

    Ante esta emergencia, Emapai solicitó a los ciudadanos mantener un uso racional del líquido vital, recomendando almacenar agua en recipientes limpios, evitar el desperdicio y priorizar su consumo para necesidades esenciales como alimentación e higiene personal. También hizo un llamado a no utilizar fuentes de agua no seguras, pues podrían estar contaminadas y ocasionar problemas de salud.

    La población de Caranqui ha tenido que buscar alternativas, como la compra de agua embotellada o el abastecimiento mediante tanqueros, lo que incrementa los gastos en los hogares. Algunos barrios han implementado mecanismos comunitarios para compartir el recurso, mientras esperan la reparación de la red dañada. Los habitantes han solicitado a las autoridades locales que se priorice la intervención y que se activen planes de contingencia que garanticen, al menos de manera temporal, la dotación del servicio.

    Este hecho pone en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura pública en contextos de protestas. La afectación a un servicio básico como el agua potable no solo golpea la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también expone la necesidad de reforzar la protección de redes e instalaciones esenciales. En una ciudad, la interrupción del agua puede convertirse en un problema de salud pública si se prolonga por varios días, aumentando riesgos de enfermedades y limitando el saneamiento.

    Las autoridades locales y la empresa encargada del servicio se mantienen en alerta, pero hasta el momento no han podido precisar cuándo será restablecido el suministro. La ciudadanía permanece expectante, consciente de que la falta de agua en medio de protestas incrementa la tensión social y obliga a redoblar la organización comunitaria para sobrellevar la emergencia.

    La rotura de esta tubería en Caranqui es un recordatorio de que el acceso al agua potable es un derecho esencial y que su interrupción, sea por causas técnicas o sociales, requiere atención prioritaria. La pronta reparación y la implementación de medidas de prevención serán claves para devolver la normalidad a las familias afectadas y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el futuro.

  • Cámara de Comercio y Producción de Ibarra llama al diálogo ante el paro nacional

    Cámara de Comercio y Producción de Ibarra llama al diálogo ante el paro nacional

    La Cámara de Comercio y Producción de Ibarra realizó un llamado urgente al diálogo nacional en medio del paro convocado por la Conaie desde el 22 de septiembre de 2025, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. En un comunicado emitido tras su reunión extraordinaria del 26 de septiembre, el gremio destacó que solo mediante el diálogo responsable será posible encontrar soluciones que devuelvan la tranquilidad, fortalezcan la unidad nacional y protejan a la sociedad civil.

    La Cámara reafirmó su compromiso con los sectores productivos, comerciales, de servicios y con la ciudadanía, recordando que la paralización afecta gravemente a pequeñas y medianas empresas, al transporte, al comercio y al turismo. En Imbabura, uno de los principales focos de las protestas, los bloqueos de vías han generado pérdidas económicas considerables, golpeando a productores y comerciantes que no pueden movilizar mercancías ni abastecer a sus clientes.

    El gremio instó al Gobierno y a las organizaciones sociales a instalar de manera inmediata mesas de diálogo inclusivas, en las que se aborden alternativas como la revisión técnica de la medida sobre el diésel, mecanismos de compensación para los sectores más afectados y la adopción de políticas sostenibles que no comprometan la estabilidad social.

    En un contexto de tensión nacional, la Cámara de Comercio de Ibarra subraya que la única salida viable pasa por la concertación y el consenso, pilares esenciales para recuperar la paz, la estabilidad económica y la confianza ciudadana.