Autor: Ricardo Rodriguez

El Gobierno Nacional ha llevado a cabo 1.226 operativos de control en todo Ecuador para garantizar el abastecimiento de combustibles y gas licuado de petróleo (GLP) tras la eliminación del subsidio al diésel. Estas acciones, coordinadas por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), buscan proteger a los consumidores y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

De los operativos realizados, 818 se centraron en estaciones de servicio de combustibles, mientras que 408 se enfocaron en envasadoras y distribuidoras de gas. Durante las inspecciones, los técnicos verifican que se respeten los precios oficiales, establecidos en $2,80 por galón de diésel, $2,879 por galón de extra y ecopaís y $1,65 por galón de gas. También se revisa que la cantidad y calidad de los productos sea la correcta y que la atención a la ciudadanía cumpla con los estándares exigidos por la ley.

La coordinación entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, gobernaciones e intendencias provinciales ha sido clave para que los operativos se realicen de manera eficaz y segura, abarcando tanto zonas urbanas como rurales. Esta colaboración permite garantizar que ningún punto de distribución quede fuera del control estatal y que los procedimientos se desarrollen bajo un marco legal.

Hasta ahora, los operativos han resultado en 17 actas de control, que servirán de base para procesos sancionatorios contra los establecimientos que no cumplen con la normativa. Las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta la suspensión temporal de operaciones, dependiendo de la gravedad de la infracción. Cada acta se emite con evidencias concretas y notifica a los responsables, asegurando el debido proceso.

La eliminación del subsidio al diésel representa un cambio significativo en el mercado, afectando el transporte, la logística y el costo de vida. Por ello, los operativos son esenciales para prevenir prácticas abusivas, como la reventa o el acaparamiento, y para mantener un equilibrio entre oferta y demanda, evitando desabastecimiento en puntos críticos del país.

Además de verificar precios y cantidades, los técnicos de la ARCH revisan el estado de la infraestructura de estaciones y envasadoras, asegurando que cumplan con estándares de seguridad y calidad, incluyendo tanques, surtidores, válvulas y sistemas de almacenamiento. Se evalúa también la atención al público, para garantizar un servicio transparente y confiable.

El Ministerio de Ambiente y Energía ha reforzado la importancia de la transparencia, informando a la ciudadanía sobre los operativos realizados y las sanciones emitidas. Esto permite que los consumidores conozcan sus derechos y los precios oficiales, y fomenta la confianza en las instituciones. Los ciudadanos pueden reportar irregularidades, contribuyendo a que los controles sean más efectivos y manteniendo un mercado justo.

El Gobierno ha asegurado que los operativos continuarán de manera sostenida, adaptándose a las necesidades del mercado y a posibles fluctuaciones en la distribución de combustibles y gas. La incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de monitoreo en tiempo real permitirá mejorar la eficiencia de los controles y asegurar que los productos lleguen a los consumidores en cantidad, calidad y precio adecuados. La capacitación continua del personal de la ARCH y otras instituciones garantiza un alto nivel de profesionalismo y eficacia en cada inspección.

En conclusión, los 1.226 operativos realizados por el Gobierno reflejan un esfuerzo integral para asegurar el abastecimiento de combustible y gas en todo el país tras la eliminación del subsidio al diésel. La coordinación interinstitucional, la revisión de infraestructura y servicios, y la implementación de sanciones contra incumplimientos son elementos fundamentales para mantener un mercado transparente, seguro y justo. Estas acciones demuestran el compromiso del Estado con la protección del consumidor y el cumplimiento de la ley, asegurando que Ecuador mantenga un suministro estable de recursos esenciales y evitando la especulación en la distribución de combustibles y gas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos en América del Sur emitió un comunicado el 29 de septiembre en el que instó al Gobierno ecuatoriano y a los movimientos indígenas a establecer un “diálogo urgente” tras los hechos de violencia registrados en distintas provincias durante las recientes jornadas de protesta. La declaración se produjo después de la muerte del comunero kichwa Efraín Fuerez, ocurrida el 28 de septiembre en Cotacachi, Imbabura, un hecho que encendió las alarmas de la comunidad internacional y que, según la ONU, debe ser investigado de manera exhaustiva, transparente e imparcial, garantizando justicia para su familia y su comunidad.

El representante regional de ONU Derechos Humanos, Jan Jarab, recordó que el Estado tiene la obligación de esclarecer las responsabilidades por esta muerte y de garantizar el acceso pleno a la justicia. Además, la organización solicitó investigar los reportes de varias personas heridas en el marco de las manifestaciones, incluidos doce militares. La entidad advirtió que el Estado es responsable tanto de sus acciones como de sus omisiones, y que está obligado a investigar de forma eficaz e imparcial cualquier posible uso ilícito de la fuerza por parte de agentes del orden durante reuniones o protestas.

Uno de los puntos más sensibles señalados por la ONU fue la participación de las Fuerzas Armadas en el control de las movilizaciones. Según Jarab, los militares no están entrenados para enfrentar conflictos sociales ni tareas de seguridad pública, lo que implica un riesgo real de violaciones de derechos humanos. La presencia de efectivos castrenses en escenarios de protesta social ha generado polémica en el país y cuestionamientos de diversas organizaciones que advierten de una peligrosa militarización de la vida civil.

En su declaración, la ONU exhortó al Gobierno ecuatoriano y a las organizaciones sociales e indígenas a sentarse en la mesa del diálogo sin demora. Según Jarab, este paso es indispensable para evitar una mayor escalada de violencia y abrir caminos hacia soluciones sostenibles a los reclamos planteados por la ciudadanía. La agencia de Naciones Unidas reiteró su disposición a acompañar a todos los actores involucrados en el marco de su mandato global de promoción y defensa de los derechos humanos.

Las protestas iniciaron el 23 de septiembre, convocadas principalmente por movimientos indígenas y sindicatos, en rechazo al incremento del precio del diésel y otras medidas económicas adoptadas por el gobierno de Daniel Noboa. Estas manifestaciones se han replicado en distintas regiones del país con marchas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas del orden. El malestar social radica en que el aumento de los combustibles genera un efecto en cadena que encarece el transporte, los alimentos y productos básicos, afectando de manera directa a los sectores más vulnerables.

La ONU enfatizó que la respuesta estatal debe priorizar siempre la protección de la vida y la integridad de las personas. Señaló que cualquier uso de la fuerza debe ser proporcional, necesario y excepcional, y nunca convertirse en una herramienta de represión contra quienes ejercen el derecho a la protesta pacífica. Asimismo, instó a que se garantice justicia para las víctimas y se implementen mecanismos de reparación.

Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos en Ecuador respaldaron el pronunciamiento de la ONU, al tiempo que denunciaron abusos cometidos contra comunidades movilizadas. A nivel internacional, la declaración también fue recibida como una señal de alerta frente a la posibilidad de un agravamiento de la situación. Distintos organismos y ONGs manifestaron su disposición a acompañar los procesos de mediación y a velar por que se respeten los derechos de los pueblos y comunidades.

La crisis actual refleja problemas estructurales que Ecuador enfrenta desde hace décadas, como la exclusión social, la desigualdad económica y la falta de inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Para la ONU, el camino hacia la estabilidad pasa por la construcción de un diálogo genuino, inclusivo y con garantías de cumplimiento. Solo así será posible alcanzar acuerdos que atiendan las demandas sociales, fortalezcan la democracia y reduzcan los niveles de conflictividad.

El llamado de la ONU representa una oportunidad para frenar la espiral de violencia que amenaza con profundizarse. La responsabilidad ahora recae en el Gobierno, que debe abrir los canales de negociación y garantizar un trato justo a la ciudadanía movilizada, y en las organizaciones sociales, que deberán mantener su compromiso con la protesta pacífica. El desenlace de esta crisis dependerá de la capacidad de todas las partes para encontrar puntos de encuentro, priorizar la vida y trabajar en la construcción de un país más justo e inclusivo.