La vocera del Gobierno nacional, Carolina Jaramillo, ofreció declaraciones firmes tras el ataque ocurrido en Cotacachi (Imbabura) contra un convoy humanitario encabezado por el presidente Daniel Noboa Azín, quien se trasladaba hacia comunidades de la zona para entregar ayuda en medio del paro nacional. Lo que debía ser una misión de asistencia terminó convirtiéndose en una emboscada que, según la funcionaria, refleja la presencia de grupos violentos e infiltrados que buscan generar caos en el país.
Jaramillo explicó que, en horas de la noche, el convoy presidencial fue atacado con bombas molotov y otros objetos contundentes. Aunque estaba protegido por cerca de 50 militares, la caravana fue emboscada por aproximadamente 350 personas que bloquearon su paso e intentaron causar daños graves. La vocera calificó lo sucedido como una agresión inesperada que obligó a las fuerzas armadas a responder para proteger la vida del presidente y de los acompañantes.
En la comitiva no solo estaba Noboa, sino también autoridades y diplomáticos de alto nivel. Entre ellos se encontraban el ministro del Interior, John Reimberg; el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo; el nuncio apostólico Andrés Carrascosa; la embajadora de la Unión Europea, Jekaterina Dorodnova; la coordinadora residente de la ONU, Laura Melo; y el embajador de Italia, Giovanni Davoli. La presencia de representantes internacionales expuso la dimensión del riesgo, ya que no solo se puso en peligro a funcionarios ecuatorianos, sino también a diplomáticos acreditados en el país.
Uno de los hechos más graves revelados por Jaramillo fue el secuestro de 17 militares durante los enfrentamientos. Hasta el momento, no se conoce su paradero ni su estado de salud, lo que genera preocupación y obliga al Gobierno a desplegar operativos urgentes para rescatarlos.
En su mensaje, la vocera insistió en que lo ocurrido en Imbabura no corresponde a manifestaciones pacíficas, sino a delitos cometidos por grupos organizados. Afirmó que el presidente mantiene como prioridad la protección de la vida de todos los ecuatorianos, pero advirtió que existen sectores infiltrados que buscan fomentar la confrontación. “La seguridad y la vida de los ecuatorianos es la prioridad. Rechazamos los ataques violentos, la retención de servidores públicos y la destrucción de bienes públicos y privados. Esto ya no es protesta: son delitos”, declaró con contundencia.
El Gobierno también presentó videos de los enfrentamientos, en los que se observa la violencia ejercida por los atacantes. Estas pruebas buscan dejar en claro que se trató de una acción planificada y agresiva que excede cualquier protesta ciudadana.
Sobre los traslados de detenidos en Imbabura hacia centros carcelarios en Esmeraldas, Jaramillo aclaró que esa decisión es competencia del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), que determina los movimientos de los privados de libertad por razones de seguridad.
El ataque ocurre en un contexto de paro nacional que afecta varios puntos del país, con bloqueos, enfrentamientos y daños a servicios básicos. El Gobierno ha señalado que respeta el derecho a la protesta, pero ha advertido que no permitirá actos que atenten contra la seguridad nacional ni contra la integridad de ciudadanos, militares o autoridades.
A pesar de lo sucedido, el presidente Daniel Noboa ha ratificado su decisión de no detenerse en su labor de proteger la vida y el bienestar de los ecuatorianos. Su presencia directa en el convoy demuestra un liderazgo activo en medio de la crisis. El Ejecutivo anunció que reforzará la seguridad en las zonas de conflicto y continuará coordinando con organismos internacionales para garantizar la estabilidad democrática.
El ataque al convoy en Cotacachi constituye uno de los episodios más graves del paro nacional en Ecuador. El hecho de que el presidente, junto a ministros y diplomáticos extranjeros, haya sido víctima de una emboscada, refleja la magnitud de la situación y la urgencia de respuestas contundentes del Estado. El mensaje del Gobierno es claro: defender la paz, rechazar la violencia y garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. La incertidumbre por los militares secuestrados y el accionar de los grupos infiltrados plantea un escenario crítico que requiere decisiones firmes, coordinación institucional y un llamado a la ciudadanía para no caer en la confrontación que buscan sectores violentos.
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