El auge de las fundaciones y las sospechas financieras del Gobierno
En un escenario marcado por la urgencia económica, el Gobierno Nacional del Ecuador ha encendido las alarmas al presentar cifras preocupantes sobre el manejo financiero de diversas organizaciones sin fines de lucro. Según declaraciones de Carolina Jaramillo, vocera oficial de Carondelet, en lo que va de 2025 se han identificado más de $600 millones en operaciones inusuales vinculadas a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.
Esta revelación ha intensificado el debate sobre la transparencia, regulación y control financiero de las fundaciones, especialmente tras la presentación del proyecto de Ley para el Control de Flujos Irregulares, conocido popularmente como la Ley de Fundaciones.
¿Qué implica la Ley para el Control de Flujos Irregulares?
La iniciativa legislativa calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el pasado 1 de agosto de 2025, busca establecer un marco legal más estricto para el control de fondos manejados por fundaciones. La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno del bloque oficialista ADN, será la encargada de tramitar esta propuesta.
El objetivo del proyecto es combatir el lavado de activos, la evasión fiscal y el financiamiento ilícito, sin afectar a las fundaciones que operan de manera legítima y transparente.
Fundaciones bajo sospecha: los datos que preocupan al Gobierno
Según la información divulgada por la Secretaría de Integridad Pública, hay fundaciones que registran ingresos entre $10 y $15 millones de dólares anuales, cifras que, aunque no ilegales por sí mismas, han levantado cuestionamientos al carecer de una trazabilidad clara de su uso.
La vocera Carolina Jaramillo enfatizó que más allá de los $300 millones detectados inicialmente, se ha reportado un volumen total de $600 millones en movimientos inusuales en lo que va del año, lo que sugiere posibles irregularidades que podrían esconder prácticas ilícitas o uso indebido de fondos con exoneraciones fiscales.
El rol social de las fundaciones no está en duda, pero sí su control
El Gobierno ha dejado claro que no se cuestiona la razón de ser de las fundaciones, muchas de las cuales tienen fines sociales loables y cumplen un papel clave en la atención de grupos vulnerables. Sin embargo, la falta de mecanismos efectivos de supervisión financiera pone en riesgo la credibilidad del sector y abre puertas a la corrupción.
Por ello, la Ley de Fundaciones apunta a establecer criterios de fiscalización, auditorías externas obligatorias, y una plataforma digital unificada donde las organizaciones deberán reportar ingresos, egresos y donaciones.
Impacto de la ley en la sociedad civil ecuatoriana
Organizaciones de derechos humanos, entidades filantrópicas y asociaciones culturales han expresado preocupación por una posible criminalización del trabajo social, si la ley es implementada sin un enfoque diferenciado.
Sin embargo, el Ejecutivo ha aclarado que no se trata de un mecanismo de persecución, sino de una herramienta técnica para sanear el ecosistema de organizaciones sin fines de lucro, garantizar la correcta utilización de recursos y evitar que se utilicen las fundaciones como fachada para actividades ilícitas.
Casos recientes que sustentan la iniciativa gubernamental
En los últimos meses, se han investigado al menos 17 fundaciones por presuntas irregularidades en la recepción y uso de recursos provenientes de organismos internacionales, cooperación extranjera y fondos públicos. En varios de estos casos, no existen informes financieros claros ni evidencia de los proyectos supuestamente ejecutados.
Entre las operaciones identificadas se han registrado transferencias al exterior sin justificación, uso de cuentas personales para gestionar fondos institucionales y adquisiciones sin concurso público, lo que ha generado una presión creciente para regular con mayor firmeza el sector.
El respaldo del oficialismo y el futuro de la ley en la Asamblea
Con la mayoría en la Comisión de Desarrollo Económico, el bloque ADN tiene el camino allanado para impulsar el tratamiento ágil del proyecto. Valentina Centeno, presidenta de la comisión y figura clave del oficialismo, ha declarado que el texto será debatido con “apertura al diálogo, pero con firmeza frente a la opacidad financiera”.
Se espera que, en los próximos días, se realicen audiencias públicas donde representantes de la sociedad civil, expertos en legislación financiera y organismos internacionales puedan presentar sus observaciones y propuestas para enriquecer la normativa.
Transparencia y confianza: claves para la sostenibilidad del sector
La discusión de la Ley de Fundaciones se da en un contexto en el que la confianza ciudadana en las instituciones está en juego. Las fundaciones que trabajan de manera honesta también podrían beneficiarse de una regulación clara, que fortalezca su legitimidad y acceso a recursos, tanto nacionales como internacionales.
En ese sentido, los voceros gubernamentales han recalcado que la ley busca proteger a las organizaciones legítimas, impedir la competencia desleal de entidades ficticias y fomentar un entorno de rendición de cuentas e integridad.
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