La empresa pública EP Petroecuador ha oficializado la desvinculación de 936 trabajadores, en una medida que busca corregir distorsiones salariales y optimizar la estructura organizativa. La decisión, anunciada justo antes del feriado nacional del 10 de agosto, ha generado un amplio debate en el país debido a su magnitud y al contexto económico nacional.
Detalles del proceso de despido masivo
El 8 y 9 de agosto de 2025, Petroecuador ejecutó la salida de 205 servidores públicos y 731 empleados bajo contratos indefinidos regidos por el Código de Trabajo. La estatal argumenta que estos puestos presentaban salarios significativamente superiores a lo establecido por la normativa vigente y los estándares de mercado.
Según el comunicado oficial, esta acción forma parte de un plan de reestructuración iniciado en junio, orientado a eliminar puestos sobrevalorados y a garantizar la eficiencia financiera y operativa de la empresa.
Ejemplos de distorsiones salariales detectadas
Petroecuador reveló casos puntuales que evidencian la diferencia entre la remuneración actual y la tarifa real de mercado:
- Obrero: salario de $2.132 frente a un valor referencial de $531.
- Conductor: remuneración de $1.508, cuando el valor de su puesto es de $566.
- Especialista de operaciones y mantenimiento catalítica 1: sueldo de $4.899 frente a un estándar de $2.736.
- Supervisor de seguridad y de estación: pago mensual de $4.417, mientras que el valor correspondiente a su cargo es de $2.470.
Estos casos, según la empresa, representan distorsiones que afectan la sostenibilidad económica y deben ser corregidas para garantizar el buen uso de los recursos públicos.
Objetivos de la reestructuración en Petroecuador
La medida forma parte de una estrategia más amplia que busca:
- Optimizar la masa salarial y evitar sobrecostos innecesarios.
- Mejorar la eficiencia administrativa, eliminando duplicidades de funciones.
- Cumplir con estándares internacionales en la gestión de personal.
- Alinear los salarios con el valor real del mercado laboral.
El proceso de depuración incluye auditorías internas y análisis técnicos sobre la descripción y valoración de cada puesto, asegurando que la remuneración se ajuste a las funciones reales desempeñadas.
Impacto en la plantilla laboral y en las operaciones
La salida de 936 empleados representa uno de los recortes más grandes en la historia de Petroecuador. Si bien la estatal asegura que las operaciones no se verán afectadas, sindicatos y colectivos laborales han expresado su preocupación por la carga de trabajo que podría recaer en el personal restante.
Por otro lado, analistas señalan que la reducción de gastos en salarios podría fortalecer las finanzas de la empresa, permitiendo destinar más recursos a mantenimiento, exploración y modernización tecnológica.
Reacciones del sector sindical y de la ciudadanía
La Federación de Trabajadores Petroleros ha manifestado su rechazo a la medida, argumentando que no todos los casos obedecen a sobrevaloración salarial real, y que no se ofrecieron procesos de regularización o redistribución interna antes de proceder al despido.
En redes sociales, la opinión está dividida:
- A favor: quienes apoyan la medida consideran que es una acción necesaria para eliminar privilegios injustificados y proteger los fondos públicos.
- En contra: otros sostienen que el ajuste es una maniobra apresurada que podría generar conflictos legales y afectar el clima laboral.
Normativa y respaldo legal de la medida
Petroecuador ha indicado que la decisión se sustenta en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, así como en las normas internas de valoración de puestos.
El proceso de desvinculación ha sido acompañado de liquidaciones conforme a la ley, evitando así demandas inmediatas por despido intempestivo. Sin embargo, abogados laborales advierten que podrían presentarse acciones judiciales por parte de los afectados en los próximos meses.
Perspectivas para el futuro de Petroecuador
Con la implementación de esta reestructuración, Petroecuador espera:
- Reducir en más del 20% la masa salarial total.
- Incrementar la rentabilidad mediante una estructura más eficiente.
- Aumentar la competitividad frente a otras empresas del sector.
La estatal ha reiterado que continuará evaluando su plantilla y que en los próximos meses podrían ejecutarse nuevas medidas administrativas y contractuales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
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