Graves casos sin respuestas en la Asamblea Nacional de transición
La Asamblea Nacional de transición, que cesó funciones el 13 de mayo de 2025, dejó pendientes dos de los casos más sensibles y alarmantes de los últimos tiempos: el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y la muerte de la subteniente Aidita Ati. A pesar de la presión social y mediática, ambos informes de fiscalización quedaron sin resolución ni sanción política, reflejando una preocupante omisión institucional en temas de alto impacto nacional.
El asesinato de Fernando Villavicencio: un crimen político sin respuestas
El magnicidio de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023 durante la campaña presidencial, estremeció al país y generó exigencias inmediatas de justicia. La Asamblea Nacional, bajo un periodo de transición, inició un proceso de fiscalización para determinar posibles responsabilidades políticas y estatales, así como irregularidades en la seguridad que debía brindarse al candidato, quien ya había recibido amenazas de muerte.
A pesar del avance inicial de la Comisión de Fiscalización, que convocó a comparecencias de altos funcionarios del Ministerio del Interior, Policía Nacional y Secretaría de Seguridad, el proceso no logró concluirse ni emitirse un informe definitivo. Las posibles negligencias en la asignación y gestión de la seguridad del candidato quedaron sin esclarecerse, lo que genera una herida abierta en la confianza ciudadana hacia las instituciones democráticas.
Puntos críticos no investigados
- Fallas en la inteligencia policial previas al atentado.
- Ausencia de protocolos claros de protección para candidatos presidenciales.
- Implicaciones de grupos del crimen organizado, como el Cartel de Sinaloa, mencionados por Villavicencio antes de su muerte.
La muerte de Aidita Ati: un caso que exigía justicia institucional
La subteniente Aidita Ati, joven oficial de la Policía Nacional, falleció en circunstancias no aclaradas dentro de una unidad policial. Su familia y organizaciones de derechos humanos han señalado posibles actos de violencia institucional y encubrimiento.
El caso fue llevado ante la Comisión de la Mujer y la Familia de la Asamblea Nacional, la cual inició una fiscalización para examinar el accionar de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Testimonios, documentos oficiales y evidencias forenses fueron recopilados, sin embargo, el informe jamás fue debatido en el pleno ni aprobado, quedando archivado junto con la finalización del periodo de la Asamblea de transición.
Demandas de la familia y colectivos sociales
- Transparencia en el informe de autopsia y causas de la muerte.
- Investigación independiente sobre presunto acoso dentro de la institución.
- Protección de testigos y familiares que han denunciado amenazas.
El correísmo y la fiscalización contra el CPCCS
Durante este mismo periodo, uno de los pocos procesos que sí tuvo impulso, aunque también sin resolución concreta, fue la investigación sobre la designación del contralor general del Estado, Mauricio Torres, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Impulsada por el bloque del correísmo, la investigación señalaba presuntas irregularidades en la calificación de méritos y cumplimiento de requisitos legales por parte del CPCCS. El informe preliminar alertaba sobre una posible manipulación del concurso de méritos y oposición, pero el debate legislativo se vio interrumpido por el cierre del periodo legislativo.
Puntos claves del proceso truncado
- Falta de documentos habilitantes en la hoja de vida del contralor.
- Vínculos de afinidad política con miembros del CPCCS.
- Cuestionamientos al reglamento del concurso y a su modificación durante el proceso.
Consecuencias de una Asamblea sin cierre de procesos
La transición legislativa dejó un vacío de control político en temas esenciales. Estos casos, al no ser resueltos ni derivados a instancias judiciales o administrativas, alimentan el desencanto ciudadano hacia los organismos de representación, y permiten que graves denuncias queden en la impunidad.
Además, la falta de voluntad para tratar estos informes demuestra que, pese al discurso público de lucha contra la corrupción y el crimen organizado, la acción legislativa continúa sujeta a intereses partidistas y a la falta de compromiso institucional.
Lo que se espera de la nueva Asamblea Nacional
La nueva Asamblea Nacional, instalada tras las elecciones anticipadas de 2025, enfrenta el reto de retomar estos procesos y generar confianza en la ciudadanía. Organizaciones sociales, colectivos por la justicia y familiares de las víctimas ya han solicitado que se reabran los casos de Fernando Villavicencio y Aidita Ati, y que se priorice su tratamiento en el nuevo periodo legislativo.
Además, se ha pedido que se establezcan mecanismos de seguimiento y evaluación más estrictos sobre la ejecución de las fiscalizaciones parlamentarias, con plazos definidos y sanciones por omisión.
La Fiscalía General vinculó a Jorge Glas, Ronny Aliaga y José Serrano, figuras del correísmo, junto a Xavier Jordán y Daniel Salcedo, a la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 tras un mitin en Quito. Villavicencio, crítico del… pic.twitter.com/MMx5dExUfY
— Radio Forever (@925forever) May 13, 2025
Deja una respuesta