La Defensoría del Pueblo presentó seis observaciones al proyecto de ley antimafias, una propuesta que actualmente analiza la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional y que busca fortalecer las capacidades del Estado para combatir al crimen organizado en Ecuador.
Durante una comparecencia ante la comisión legislativa, el delegado de la Defensoría, Rodrigo Varela, expresó el respaldo institucional a las acciones orientadas a enfrentar a las organizaciones criminales. Sin embargo, señaló la necesidad de realizar ajustes que permitan garantizar la seguridad jurídica y la coherencia constitucional de la iniciativa.
La principal observación está relacionada con el nombre del proyecto. Según la Defensoría, la denominación de “ley antimafias” no refleja adecuadamente el contenido de la propuesta, ya que se trata de una reforma a varios cuerpos legales y no de una ley independiente. Por ello, sugirió cambiar el título por “Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado”.
De acuerdo con Varela, esta modificación permitiría delimitar con mayor precisión el alcance de la normativa, evitar interpretaciones erróneas y fortalecer la seguridad jurídica.
Otro de los puntos planteados por la Defensoría se refiere a la proporcionalidad de las penas contempladas en el proyecto. La entidad considera necesario revisar determinadas sanciones para asegurar que mantengan una relación adecuada con la gravedad de las conductas tipificadas, respetando los principios fundamentales del derecho penal.
Asimismo, se recomendó depurar el lenguaje legislativo utilizado en algunos artículos con el objetivo de eliminar ambigüedades y facilitar la correcta aplicación de la norma por parte de jueces, fiscales y demás operadores de justicia.
En el marco del análisis legislativo, también participaron delegados del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Ministerio de Telecomunicaciones, quienes informaron que no tienen observaciones sobre la propuesta debido a que el contenido del proyecto no está vinculado directamente con sus competencias institucionales.
La Comisión de Seguridad Integral continuará recibiendo criterios técnicos de distintas entidades antes de elaborar el informe para el primer debate, dentro de un proceso que busca fortalecer las herramientas legales del Estado frente al avance del crimen organizado.
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