Organización ADN alerta sobre peligros del proyecto impulsado por asambleísta denunciado por abuso sexual
La organización Acción por la Niñez y la Adolescencia (ADN) ha emitido una contundente denuncia pública ante la reciente presentación de un proyecto de ley que pretende legalizar el consentimiento sexual desde los 14 años en Ecuador. Esta iniciativa ha generado alarma nacional, especialmente porque fue impulsada por el asambleísta Santiago D., quien enfrenta una investigación por presunta violación a una menor de edad.
ADN considera que esta propuesta legislativa representa un grave retroceso en los derechos de la niñez y un intento inaceptable de encubrir conductas criminales mediante reformas legales. La denuncia de la organización ha puesto el tema en el centro del debate político y social, generando una ola de rechazo y cuestionamientos éticos sobre los motivos reales de esta propuesta.
Proyecto de reforma al COIP: una amenaza para la infancia
El proyecto ingresó el 3 de julio al Consejo de Administración Legislativa (CAL), con el apoyo de 10 asambleístas de la bancada correísta, y busca modificar el artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El objetivo es permitir que adolescentes desde los 14 años puedan otorgar consentimiento para mantener relaciones sexuales, siempre que este sea “libre y voluntario”.
ADN ha sido enfática en rechazar este intento de normalizar relaciones sexuales con menores, señalando que la adolescencia no puede ser considerada una etapa de madurez jurídica suficiente para decisiones de esta índole. Según la organización, legalizar este tipo de relaciones solo abriría la puerta a más casos de abuso, manipulación y explotación de adolescentes por parte de adultos.
ADN: “Esta ley busca justificar delitos y proteger abusadores”
En su comunicado oficial, ADN afirma que el momento y el contexto en que se presenta el proyecto no es casualidad, ya que ocurrió cuatro días antes de que el propio proponente, Santiago D., fuera denunciado por violación a una menor. Para la organización, esta coincidencia representa una intención clara de influir en el sistema legal para protegerse de consecuencias penales.
“Esta ley no es para proteger a los adolescentes, es para justificar delitos y proteger a abusadores”, advierte ADN, subrayando que el país no puede permitir que los derechos de la niñez sean negociados en función de intereses personales o políticos.
Investigación penal contra el legislador Santiago D.
El 7 de julio, Santiago D. fue denunciado formalmente por presunta violación a una menor, lo cual provocó su expulsión inmediata de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC5). En la madrugada del 9 de julio, agentes de la Policía Nacional y Fiscalía realizaron allanamientos en tres inmuebles vinculados al legislador como parte de la investigación penal.
Este escándalo ha incrementado el rechazo hacia el proyecto y ha dado más peso a la denuncia de ADN, que insiste en que la ley no puede ser utilizada como escudo para evadir responsabilidades judiciales. La organización también ha solicitado que el proyecto sea archivado de manera inmediata y que se garantice la protección integral de los menores de edad frente a cualquier forma de violencia sexual.
Impacto en la sociedad civil: respaldo a la denuncia de ADN
Diversas organizaciones sociales, colectivos feministas y expertos en derechos de la infancia han expresado su respaldo a la denuncia de ADN y han iniciado campañas para exigir el archivo definitivo del proyecto. Asimismo, exigen una revisión profunda de los mecanismos de protección legal en Ecuador frente a delitos sexuales.
Fundaciones como CEPAM, Surkuna, Fundación Desafío y la Red de Niñez y Adolescencia han respaldado la postura de ADN, señalando que la edad de consentimiento sexual no puede bajarse en un país con niveles alarmantes de abuso sexual infantil.
Ecuador: cifras alarmantes de abuso sexual infantil
Según cifras del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, más del 70% de los delitos sexuales registrados en el país tienen como víctimas a menores de edad, y una de cada cuatro niñas ha sido víctima de violencia sexual antes de los 18 años.
Para ADN, permitir que una persona adulta mantenga relaciones sexuales con un menor de 14 años, incluso con supuesto “consentimiento”, es una forma de legalizar la pedofilia encubierta bajo reformas jurídicas. La organización insiste en que el Estado debe reforzar las leyes protectoras, no debilitarlas.
ADN exige investigación imparcial y responsabilidad política
En su denuncia, ADN ha exigido a la Fiscalía General del Estado que actúe con total independencia y transparencia en la investigación contra Santiago D., y ha solicitado a la Asamblea Nacional que detenga cualquier trámite legislativo relacionado con este proyecto mientras dure la investigación penal.
También ha exhortado al sistema judicial a considerar el contexto completo del caso y evitar que se utilicen vacíos legales o reformas exprés para modificar delitos de carácter sexual.
La bancada de ADN acusó a asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) de respaldar una polémica reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
— Radio Forever (@925forever) July 10, 2025
El legislador Santiago Díaz, investigado por presunta violación a una menor de edad presentó un proyecto para reformar el COIP.… pic.twitter.com/7xvCaE3NVN
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