El Gobierno de Ecuador anunció que los USD 1.100 millones obtenidos tras la eliminación del subsidio al diésel se dirigirán a programas sociales y compensaciones. Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, explicó que se trata del “programa más ambicioso de entrega de recursos y beneficios sociales que jamás se ha implementado en Ecuador”.
De esta manera, el objetivo es redistribuir los fondos hacia los sectores más vulnerables. El plan busca que el impacto de la medida no recaiga sobre los ciudadanos con menores ingresos.
Compensaciones para transporte y agricultura
Entre los principales beneficiarios estarán los transportistas, que recibirán incentivos de entre USD 400 y USD 1.000. Así se evitará un incremento en los pasajes urbanos e interprovinciales.
Además, se implementará el “Bono Raíces”, que entregará USD 1.000 a 100.000 productores agrícolas en todo el país. De forma complementaria, el Gobierno distribuirá tractores y motores fuera de borda. Estos recursos se suman a obras viales que mejorarán la conectividad en zonas rurales.
Ampliación de beneficios sociales
El plan también ampliará el bono de desarrollo humano a 55.000 familias adicionales. De esta forma, se busca reforzar la protección social a adultos mayores y otros grupos vulnerables.
Jaramillo recalcó que la eliminación del subsidio al diésel responde a una “decisión de un Gobierno firme y justo”. Según la vocera, no habrá negociaciones ni presiones que hagan retroceder la medida.
Garantías frente a la especulación y subsidios vigentes
En cuanto al gas de uso doméstico, Jaramillo aclaró que el subsidio continuará vigente. “El subsidio al gas se mantiene. No hay ninguna disposición con respecto a eso”, indicó.
Para evitar un alza injustificada en la canasta básica, 1.178 agentes de la Policía Nacional se desplegaron en mercados locales. Con ello, el Gobierno busca impedir especulación y proteger el bolsillo de las familias.
Debate sobre minería en Quimsacocha
La vocera también se refirió al tema ambiental. Criticó al alcalde de Cuenca, Christian Zamora, por convocar marchas en defensa del agua sin cumplir —según el Ejecutivo— con sentencias judiciales sobre tala de árboles y conservación del recurso.
“El Gobierno está actuando de forma responsable de cara a una situación que compromete los recursos de los cuencanos. Hemos sido enfáticos en que estamos del lado del cuidado del agua”, señaló Jaramillo.
Las declaraciones de la vocera a continuación:
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