El caso Triple A ha revelado un presunto esquema ilegal de comercialización de combustibles subsidiados en Ecuador. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), que lideró la investigación, asegura que las comercializadoras involucradas, entre ellas Copedesa y Corpalubri, habrían facilitado el desvío de alrededor de 22,7 millones de galones de combustible subsidiado hacia destinos no autorizados, afectando al Estado en hasta 94 millones de dólares.
Las Irregularidades Detectadas
Según la ARCH, las comercializadoras no cumplieron con sus obligaciones contractuales, que incluyen verificar que el combustible entregado por Petroecuador no se desvíe fuera del territorio autorizado. La investigación reveló que el combustible subsidiado fue trasladado de manera ilegal entre distintos segmentos: automotriz, industrial y naviero, así como la venta a «consumidores fantasmas» sin los debidos registros.
Uno de los casos más notorios involucra un Chevrolet Cruze que, según los registros, consumió 145.115,45 galones de combustible en un período de dos años. Este tipo de registros se considera físicamente imposible, ya que el vehículo tendría que haber tanquedado varias veces al día durante ese tiempo.
El Rol de las Comercializadoras y sus Responsabilidades
La ARCH sostiene que las comercializadoras de combustibles tienen un deber de control activo sobre las gasolineras afiliadas. Según los contratos de comercialización firmados con Petroecuador, las empresas no pueden actuar solo como intermediarios pasivos, sino que deben garantizar que el combustible no sea desviado. Esto incluye verificar que los distribuidores autorizados operen dentro de los límites legales.
Christian Puente, director de la ARCH, explicó que la falta de control por parte de las comercializadoras convierte a estas en responsables del desvío del combustible, ya que recibieron pagos por este servicio de verificación y control. Si no podían cumplir con esa responsabilidad, deberían haber reducido el tamaño de su red o abandonar el negocio.
La Defensa de Aquiles Álvarez
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y su defensa legal afirman que las comercializadoras no eran responsables de lo que sucedía en las gasolineras afiliadas, ya que estas operan de manera independiente. Según Álvarez, las comercializadoras solo actuaban como intermediarios entre Petroecuador y las estaciones de servicio, y no tenían control sobre las operaciones de las gasolineras.
A pesar de las pruebas presentadas, Álvarez niega que haya participado en el esquema de desvío de combustibles y afirma que no vende combustible desde hace casi dos años. Sin embargo, las investigaciones siguen en curso y el caso podría tener repercusiones importantes para las empresas involucradas.
Deja una respuesta