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WWF respalda ley de áreas protegidas en Ecuador

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Ricardo Rodriguez

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El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha emitido un pronunciamiento favorable respecto al proyecto de Ley de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local impulsado por el Gobierno de Ecuador. No obstante, subraya que esta legislación aún requiere ajustes clave para garantizar una conservación efectiva y un verdadero desarrollo sostenible en estos territorios.

Reconocimiento al esfuerzo legislativo, pero con observaciones críticas

Desde WWF Ecuador se reconoce el compromiso político del Gobierno del presidente Daniel Noboa por enfrentar el deterioro ambiental y promover la inversión privada en torno al turismo sostenible. La ley propone recuperar zonas invadidas por actividades ilegales, como la minería no regulada, y reactivar su potencial ecológico y económico mediante una normativa que impulse inversiones responsables.

Sin embargo, María Inés Rivadeneira, gerente de Políticas de Gobernanza de WWF en el país, advierte que no basta con la intención legal. “Las áreas protegidas, que comprenden el 20 % del territorio nacional, carecen actualmente de recursos, personal y procesos adecuados”, expresó con preocupación.

Déficit de recursos humanos y técnicos en las áreas protegidas

Uno de los ejes más críticos señalados por WWF es la insuficiencia de guardaparques, personal esencial para la vigilancia, patrullaje, monitoreo y recolección de datos ambientales. La ausencia de estos mecanismos impide una gestión técnica de calidad y deja vulnerables a muchas zonas frente a actividades ilícitas.

Además, la organización internacional señala que los planes de manejo de cada área deben aplicarse en su totalidad. Estos documentos son fundamentales para definir zonificación, usos permitidos, programas de restauración y acciones comunitarias, pero rara vez se implementan de forma integral debido a falta de financiación o voluntad política.

Creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas: una necesidad urgente

En respuesta a las carencias estructurales, WWF plantea la creación de un Servicio Nacional de Áreas Protegidas, una entidad especializada que permita una gestión activa, descentralizada y transparente de los recursos naturales.

Este organismo, según la propuesta, podría recibir fondos de múltiples fuentes, desde presupuestos estatales hasta cooperación internacional, y replicar modelos exitosos como los de Brasil, Colombia y Perú, países que ya cuentan con entidades similares y han demostrado mayor eficiencia en la administración de parques naturales.

La ley debe empoderar a las comunidades locales e indígenas

Un punto fundamental que WWF exige revisar en la propuesta legislativa es el rol de las comunidades indígenas y poblaciones locales. Estas poblaciones no solo habitan dentro o cerca de las áreas protegidas, sino que han sido tradicionalmente sus principales guardianes. Por ello, cualquier ley debe garantizar sus derechos territoriales, culturales y económicos.

WWF enfatiza que los ingresos generados a través del turismo y otras actividades permitidas en estas zonas deben reinvertirse directamente en beneficio de estas comunidades. Así se asegura un modelo de gobernanza participativa y sostenible, donde todos los actores —públicos, privados y comunitarios— tengan claridad en sus responsabilidades y beneficios.

Controversia en la Asamblea: advertencias sobre inversión extranjera

Diversas bancadas dentro de la Asamblea Nacional han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que esta ley abra las puertas a grandes capitales privados sin el debido control ambiental. En este contexto, WWF ha pedido al Gobierno que aclare el alcance de la participación privada y asegure el respeto a los derechos ambientales y sociales.

“Debe definirse con precisión el papel de cada actor: la Autoridad Nacional Ambiental, las comunidades, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil”, recalcó Rivadeneira. La falta de delimitaciones claras podría derivar en conflictos de intereses y comprometer la integridad ecológica de estos espacios.

Turismo responsable como motor de desarrollo sostenible

Respecto a las actividades turísticas en áreas protegidas, WWF recomienda adoptar modelos de bajo impacto ambiental, como el ecoturismo, el turismo comunitario y el turismo de naturaleza. Estos enfoques no solo conservan el medio ambiente, sino que también promueven la inclusión económica de comunidades rurales.

La organización advierte que cualquier iniciativa turística debe ser regulada estrictamente y estar alineada con los planes de manejo de cada reserva, evitando la masificación y el deterioro del entorno natural.

Ecuador: país megadiverso que necesita políticas coherentes

Ecuador, uno de los 17 países megadiversos del mundo, alberga una rica variedad de ecosistemas que van desde los páramos andinos y bosques amazónicos hasta los ecosistemas marinos de Galápagos. Esta biodiversidad única exige marcos legales sólidos, recursos adecuados y compromisos institucionales reales.

El apoyo de WWF a esta ley no es incondicional, sino que se basa en la necesidad de que los instrumentos legales estén acompañados de estructuras operativas eficientes, de una visión ecológica integral y de procesos participativos que empoderen a los verdaderos custodios de la naturaleza: las comunidades locales.

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