En el diálogo necesario entre el Municipio de Guayaquil y el gremio de transportistas urbanas lo primera a considerar es que se trata de un tema institucional, y por lo tanto así debe ser solucionado.
De tal manera que se superen las limitaciones humanas o personales para dimensionar las necesidades e intereses de cada parte determinado técnica y financieramente cuál es el costo de la prestación del servicio público, porque le corresponde al Municipio, del transporte urbano de pasajeros por parte del concesionario privado.
Así podrán surgir las soluciones necesarias aplicando las técnicas de negociación para resolver un tema pendiente de largo tiempo. Porque así como para un conflicto se requiere las posiciones radicales de dos partes, igualmente para salir de ese conflicto se requiere la predisposición voluntaria y con buenas intenciones de las dos partes. Para superar la paralización de 1.500 buses urbanos que cumplió dos días entre lunes y ayer martes.
La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) y la Federación de Transporte Urbano (FETUG) no se ponen de acuerdo ni en un dato básico: la ATM sostiene que son 44 de las 58 cooperativas de la ciudad las que están en paro, mientras que la FETUG dice que son 50. Hasta ayer ni el Municipio ni los transportistas cedieron en su posición. El Municipio de Guayaquil tiene su posición.
El alcalde Aquiles Álvarez se mantuvo en que la tarifa no se va a subir de la manera que quieren los transportistas, sino conforme a las exigencias ciudadanas. El Alcalde tildó de acto terrorista a la paralización. Calificó de «terrorismo» a la suspensión del servicio, a la que describió como una agresión y un atropello hacia la ciudad y aseguró el lunes 9 de septiembre que el 80 % del transporte público urbano estaba paralizado; través de un video en Instagram enfatizó: “No nos olvidemos que esto es terrorismo y, por supuesto, ya está denunciado, no vamos a negociar con quienes bloquean el desarrollo y la tranquilidad de más de un millón de ciudadanos, hay que estar loco”.
Por su parte, el gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil, Manuel Salvatierra, informó que ellos no están en desacuerdo del alza del pasaje, pero condicionado a la mejora en el servicio de transporte en Guayaquil. ¿Qué incluye esa mejora? Hasta el momento no está muy claro este detalle tan importante. La ATM dijo que se han realizado 11 mesas de trabajo con la Fetug y que si no hubo consensos, es por intereses políticos de dirigentes o desacuerdos internos.
Desde la Federación de Transportistas Urbanos de Guayaquil (FETUG) por su parte informaron que la interrupción de los servicios se mantendría hasta que el Municipio de Guayaquil se incline por la decisión de aumentar la tarifa del pasaje de 30 a 45 centavos. «Pueden sancionar a 19, 20, 25 o 50 operadoras. Quienes van a dejar sin servicio a Guayaquil son los que tienen la competencia» aseveró Sarmiento.
¿Cuál es el impacto que sufre la ciudadanía? Se reporta que los trabajadores están enfrentando dificultades para llegar a sus lugares de trabajo a tiempo, y los estudiantes han tenido que encontrar alternativas para asistir a sus clases. Por su deseo de cumplir responsablemente con su trabajo se han movilizado en taxis y otros transportes, pero a cambio de un costo mayor.
Una ciudadana le ha manifestado Sonia Caicedo a Diario Expreso: «Me están cobrando 10 dólares para ir al sur de la ciudad, donde trabajo, diez dólares. Es imposible que pueda pagarlos, imposibles. Administro una boutique, vendo ropa ahí. Pero me resulta imposible, de verdad, pagar eso, no puedo.
Hoy otra vez llegaré tarde o ya no iré». Una solución a estos temas debe cumplir en lo técnico y financiero paso a paso:
1. primero la buena voluntad como lo hemos dicho, apartando los intereses políticos, y 2. Luego establecer las necesidades de ambas partes, comenzando con establecer la raíz del problema, ¿cuál es?. Obviamente que al ser el transporte urbano un servicio público concedido a inversionistas privados debe partir de determinar el costo de la prestación de ese servicio y el valor del pasaje que recupere la inversión, mantenga la operación dentro de los requisitos de un buen servicio, que financie el costo operativo incluyendo mantenimiento, sueldos, repuestos, etc., y una utilidad razonable que justifique la inversión. 3. Determinado el punto anterior se pasa a la firma de un convenio y de su monitoreo para su efectiva y eficiente aplicación.
¿Cuál es la situación actual? Si las unidades no han sido adecuadamente mantenida y no han sido reemplazadas a tiempo por obsolescencia, significa que o no es rentable y sustentable el negocio o ha existido mala administración, por lo que el punto 7.2 y 7.3 deben ser determinados. Finalmente, y tomando como referencia lo que hizo la administración municipal cuando se creo la Metro Vía:
1. Se estableció la inversión necesaria en las nuevas unidades; 2. Se negoció con una entidad bancaria que concedió el crédito a largo plazo, disponiendo de un mercado o clientes cautivos por el convenio de exclusividad. 3. El pago de ese crédito estaba supeditado a la tarifa acordada en beneficio de las tres partes, el transportista, el banco y del Municipio. 3. Un dato adicional debe existir otros factores que se deben definir, por ejemplo el mantenimiento a través de talleres especializados, el fideicomiso para asegurar el pago de la deuda y el ahorro para mantenimiento y especialmente para reponer la unidad de transporte una vez que ésta llegue a su edad de obsolescencia, para lo que existe la técnica contable de la depreciación con la que se va haciendo las reservas para nuevas inversiones en el futuro.
Pero volviendo al principio, debe existir buena voluntad y profesionalismo a la hora de planificar la solución de un problema como el de transporte urbano que se ha mantenido sin soluciones de fondo.
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