Las autoridades ecuatorianas confirmaron la captura en Colombia de uno de los delincuentes más buscados de la provincia de Pichincha, requerido por el delito de violación desde el año 2023. La operación se desarrolló en la ciudad de Neiva, como resultado de un trabajo coordinado entre organismos de seguridad de Ecuador y Colombia, lo que representa un avance relevante en la lucha contra los delitos sexuales y la impunidad transnacional.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el detenido es Pablo Andrés Reyes Flores, quien figuraba como el cuarto más buscado de Pichincha y contaba con una notificación roja de Interpol, mecanismo internacional que permite localizar y detener a personas requeridas por la justicia en distintos países. La alerta había sido emitida debido a la gravedad del delito y al riesgo de fuga del sospechoso fuera del territorio ecuatoriano.
La captura fue posible gracias a un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Ecuador, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Las autoridades señalaron que el intercambio de información de inteligencia, el seguimiento internacional y la cooperación judicial fueron claves para ubicar y detener al implicado sin incidentes.
Según datos oficiales, Reyes Flores era buscado desde 2023 y su inclusión en la lista de los más buscados respondía a la prioridad que el Estado ecuatoriano otorga a los casos de violencia sexual, especialmente aquellos que afectan a poblaciones vulnerables. La notificación roja de Interpol permitió activar protocolos de búsqueda en varios países de la región.
Tras su detención en Colombia, se iniciaron los trámites de extradición conforme a los acuerdos bilaterales vigentes y a la normativa internacional. Las autoridades ecuatorianas indicaron que el objetivo es que el procesado responda ante la justicia en Ecuador, garantizando el debido proceso y los derechos de las víctimas.
El Gobierno destacó que este caso demuestra el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad, así como el compromiso de las instituciones para combatir delitos graves y evitar que los responsables evadan la justicia cruzando fronteras.
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