El exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo, presentó un recurso de apelación contra la medida de prisión preventiva que fue ordenada en su contra dentro del denominado caso BB, una investigación que impulsa la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos relacionado con actividades de minería ilegal y la distribución de explosivos.
La medida fue dictada durante la audiencia de formulación de cargos realizada días atrás, en la que un juez resolvió imponer prisión preventiva a los seis procesados incluidos en la causa. Tras esta decisión, las defensas técnicas comenzaron a presentar recursos para solicitar que la medida sea revisada por una instancia superior.
El abogado José Intriago, defensor del exalcalde, interpuso la apelación y además solicitó una copia del audio de la audiencia, con el propósito de contar con todos los elementos necesarios para preparar la estrategia jurídica y ejercer adecuadamente el derecho a la defensa.
El mismo profesional representa también a Luis L. G., Ana B. P. y Jennifer C. B., quienes igualmente solicitaron la revisión de las medidas cautelares impuestas durante la diligencia judicial. De manera paralela, la abogada Julia Izquierdo presentó recursos de apelación a favor de Simón Bolívar C. B. y Johanna C. B., acompañados del pedido de acceso al registro de audio de la audiencia.
En uno de los escritos presentados ante la autoridad judicial, la defensa sostiene que la prisión preventiva no cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que considera necesaria una revisión de la decisión adoptada por el juez.
La investigación fiscal se originó a partir de un informe elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entidad que detectó operaciones económicas inusuales e injustificadas relacionadas con los procesados. Como parte de los elementos expuestos durante la audiencia, la Fiscalía incorporó también información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, los involucrados habrían conformado una estructura dedicada al presunto lavado de activos, utilizando recursos obtenidos mediante actividades de minería ilegal y la comercialización de explosivos. De acuerdo con las investigaciones, esta red habría movilizado más de nueve millones de dólares a través del sistema financiero sin poder justificar el origen legal de esos recursos.
Dentro de esta línea investigativa, la Fiscalía sostiene que el exalcalde habría desarrollado actividades mineras mediante una empresa de su propiedad, registrando facturación irregular y exportaciones de oro que, presuntamente, no contarían con el respaldo documental sobre la adquisición o extracción legal del mineral.
Además, la entidad señaló que Bermeo habría registrado ingresos superiores a 377.000 dólares, mientras que las declaraciones tributarias presentadas reflejarían ingresos cercanos a 19.000 dólares, diferencia que forma parte de los indicios analizados por los investigadores.
La Fiscalía también sostiene que los seis procesados habrían participado en diferentes etapas del supuesto esquema de lavado de activos, incorporando recursos al sistema financiero que no guardarían relación con las actividades económicas declaradas ante las autoridades tributarias.
En medio del desarrollo del caso, el ministro del Interior, John Reimberg, manifestó públicamente que las actividades relacionadas con la minería ilegal investigadas en esta causa tendrían presuntos vínculos con el financiamiento de la organización criminal Los Lobos. Mientras tanto, el proceso judicial continúa y será la instancia correspondiente la que analice los recursos de apelación presentados por las defensas y determine si la medida de prisión preventiva se mantiene o es modificada conforme al procedimiento legal vigente.
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