El sexto proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional el 1 de octubre de 2025 ha generado un intenso debate político. La propuesta busca establecer incentivos tributarios para quienes realicen donaciones a favor de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en bienes, equipamiento o suministros, con el fin de fortalecer la seguridad interna del país. Los contribuyentes que participen podrán acceder a rebajas de hasta el 30 % del impuesto causado, aunque sin derecho a devolución.
El Gobierno sostiene que esta ley responde a la necesidad de apoyar a la fuerza pública en la lucha contra el crimen organizado, especialmente contra mafias trasnacionales vinculadas a la minería ilegal y al narcotráfico. Según el oficialismo, muchos ciudadanos preguntan cómo colaborar frente a la violencia, y esta iniciativa sería una herramienta concreta para canalizar esa ayuda.
Sin embargo, la oposición ha lanzado fuertes críticas. La bancada de la Revolución Ciudadana afirma que el proyecto es un “acto de desesperación” y que busca confundir a los ecuatorianos. Argumenta que el aumento del IVA del 12 % al 15 %, aprobado en abril de 2024, ya debía destinarse a seguridad, pero los 2.000 millones de dólares recaudados no han tenido un impacto real, pues apenas un 20 % habría sido utilizado en este fin. Pachakutik también adelantó su voto en contra, mientras que el Partido Social Cristiano condiciona su apoyo a que no se agreguen textos en el segundo debate.
Para que la propuesta se apruebe se necesitan 77 votos, lo que convierte este nuevo pulso en la Asamblea en un desafío político clave para el Ejecutivo. El oficialismo insiste en que la ciudadanía debe involucrarse en la defensa del orden y la paz, mientras que la oposición recalca que la seguridad es una obligación exclusiva del Estado. En medio de la crisis de violencia que atraviesa Ecuador, este proyecto refleja la tensión entre la necesidad de reforzar a las fuerzas del orden y la desconfianza por el manejo de los recursos públicos.
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