Quito, 22 de julio de 2025. En una jornada marcada por la conmoción y el seguimiento mediático, Santiago Díaz Asque, exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), se presentó ante la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer y el Núcleo Familiar de Quito, para enfrentar la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de violación a una menor de tan solo 12 años.
Presunto abuso sexual a menor sacude la política ecuatoriana
El caso ha generado un intenso debate nacional debido a la gravedad del delito y a la prominencia política del involucrado. La denuncia fue presentada por el padre de la menor, quien acusó a Díaz Asque de haber cometido el crimen aprovechándose de su posición de poder. La menor, de acuerdo con el parte judicial, habría sido víctima de una violación en circunstancias aún bajo investigación.
Según fuentes judiciales, la niña y su familia habrían mantenido algún tipo de relación o cercanía con el exlegislador, lo que abre varias líneas de indagación sobre cómo y cuándo ocurrieron los hechos. La Fiscalía General del Estado ha sido enfática en su compromiso de actuar con todo el rigor de la ley.
Allanamiento y detención de Santiago Díaz Asque
El 9 de julio de 2025, las autoridades ejecutaron un allanamiento al domicilio de Santiago Díaz, ubicado en Quito, como parte de las diligencias previas a la audiencia. En ese operativo se incautaron ocho teléfonos celulares, dispositivos que ahora forman parte del análisis pericial para determinar si contienen pruebas incriminatorias, como mensajes, imágenes o comunicaciones relevantes con la menor.
Tras ese allanamiento, el exasambleísta desapareció del radar público, lo que generó especulaciones sobre una posible fuga. Había solicitado una licencia legislativa con el argumento de preparar su defensa legal, pero en los días siguientes no se conoció su paradero.
No fue sino hasta el 21 de julio, cuando Díaz Asque se entregó voluntariamente a las autoridades en la parroquia de Tumbaco, al oriente de Quito. Su entrega fue gestionada bajo estrictas condiciones y sin mayores incidentes, pero fue inmediatamente puesto bajo custodia.
Reacción de la Revolución Ciudadana y la opinión pública
El movimiento político Revolución Ciudadana, liderado por figuras de alto perfil en la política ecuatoriana, expulsó de forma inmediata a Santiago Díaz de sus filas una vez que se conocieron los detalles de la denuncia. La organización expresó en un comunicado que no tolerará actos que violen los derechos humanos, en especial los de mujeres, niñas y adolescentes.
La sociedad civil también ha reaccionado con indignación. Colectivos feministas y organizaciones de protección a la niñez han convocado a vigilias, plantones y manifestaciones exigiendo una investigación rápida, transparente y con enfoque de género.
Audiencia de formulación de cargos: ¿Qué se espera?
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentará los elementos de convicción recolectados hasta ahora, incluyendo testimonios, peritajes psicológicos de la menor, análisis de los dispositivos electrónicos incautados y otros documentos relacionados. En base a estos elementos, se buscará vincular formalmente a Santiago Díaz Asque con el presunto delito de violación, tipificado como uno de los crímenes más graves en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) del Ecuador.
La Fiscalía también solicitará que se dicte prisión preventiva contra el exlegislador, bajo el argumento de que podría entorpecer la investigación, revictimizar a la menor o incluso fugar del país. La defensa de Díaz, por su parte, buscará medidas sustitutivas como arresto domiciliario o uso de grillete electrónico.
Un caso que podría marcar precedente en el ámbito judicial y político
Este proceso no solo se analiza desde la óptica judicial. El caso Díaz Asque podría tener repercusiones políticas profundas en la imagen y credibilidad de los partidos representados en la Asamblea Nacional. Además, pone sobre la mesa la discusión sobre el blindaje político de ciertos actores y la necesidad de depurar la función pública de individuos vinculados a delitos sexuales.
Asimismo, es una prueba para el sistema judicial ecuatoriano, que ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por demoras procesales o impunidad en casos similares. La sociedad y los organismos de derechos humanos estarán observando cada paso con atención.
Protección a la víctima y enfoque de género
Uno de los aspectos clave en este proceso será la protección integral a la menor denunciante. Diversas organizaciones han pedido que se garantice su privacidad, atención psicológica y seguridad física, para evitar la revictimización mediática y judicial.
La implementación de un enfoque de género será crucial para valorar las pruebas, entender la dimensión de los hechos y juzgar con perspectiva adecuada. Esto también implica que se respeten los derechos del acusado, pero sin minimizar la gravedad de los hechos denunciados.
El papel de la Asamblea Nacional y reformas pendientes
A raíz del caso, varios asambleístas han pedido que se reforme el reglamento interno para que se suspenda automáticamente a cualquier legislador que enfrente cargos por delitos sexuales. La falta de normativas claras al respecto ha generado vacíos legales que pueden permitir el abuso del poder y la dilatación de procesos.
Además, se han reactivado debates sobre la creación de un registro nacional de agresores sexuales, así como la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos a quienes sean condenados por estos delitos.
El asambleísta Santiago Díaz se presentó hoy en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia, en Quito, para la audiencia de formulación de cargos. Esta diligencia se enmarca en una investigación por el presunto delito de violación a una menor de edad.
— Radio Forever (@925forever) July 22, 2025
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