El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido junto a sus dos hermanos, Antonio y Xavier Álvarez, y otros funcionarios públicos, tras la investigación sobre el Caso Goleada. La Fiscalía los acusa de delincuencia organizada y lavado de activos, vinculándolos a una red de corrupción que evadió el control estatal sobre la comercialización de combustibles.
El juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva el 11 de febrero, luego de una audiencia suspendida previamente. La medida afecta a Álvarez y a Pablo Pita, gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, y Carlos Asansa, gerente de la Terminal Terrestre de Guayaquil. La Fiscalía presentó unos 20 elementos de convicción que sustentan la decisión de mantenerlos en prisión, incluyendo pruebas de actividades ilícitas vinculadas a empresas fantasmas.
Durante la detención, Álvarez no portaba el grillete electrónico que se le había colocado en el marco de un caso anterior, el Triple A, lo que aumentó la preocupación de las autoridades sobre su comportamiento en libertad. A pesar de la solicitud de prisión preventiva, la defensa de Álvarez afirmó que las acusaciones son infundadas y que se trataría de una repetición de los cargos en el caso Triple A, sin evidencias nuevas.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó su preocupación sobre el accionar de la Fiscalía, cuestionando la necesidad de la prisión preventiva, ya que Álvarez se había presentado voluntariamente ante las autoridades.
En los alrededores del Complejo Judicial Norte, cientos de simpatizantes de Álvarez realizaron un plantón en apoyo a su líder, mostrando pancartas y expresando su rechazo a la medida judicial. Mientras tanto, el Municipio de Guayaquil convocó a una rueda de prensa para abordar la situación.
Este escándalo ha impactado a la política ecuatoriana, creando un debate sobre la transparencia y la corrupción en el país. El caso sigue su curso, y Álvarez se enfrenta a una serie de acusaciones que podrían modificar el panorama político en la ciudad y a nivel nacional.

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