El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha generado un nuevo episodio de confrontación con la Corte Constitucional del país al emitir un segundo decreto presidencial para convocar un referéndum sobre la creación de una Asamblea Constituyente, apenas horas después de que la Corte suspendiera provisionalmente la primera convocatoria. Esta medida ha marcado un punto crítico en la tensión entre el Ejecutivo y el máximo tribunal, reflejando un escenario de debate constitucional y político sin precedentes en la historia reciente de Ecuador.
El nuevo decreto presidencial y la respuesta del CNE
Tras la suspensión provisional del primer decreto, Noboa derogó la normativa anterior y emitió un nuevo decreto con idéntico propósito, instando al Consejo Nacional Electoral (CNE) a continuar con los trámites previstos en la Constitución y en la legislación electoral. Este acto evidencia la determinación del Ejecutivo de avanzar con la iniciativa, enfatizando que la voluntad popular debe prevalecer en la toma de decisiones políticas de gran relevancia.
El CNE, en sesión plenaria realizada en Quito, confirmó que se mantiene la planificación del referéndum programado para noviembre de 2025, con dos preguntas confirmadas: la posibilidad de bases militares extranjeras en Ecuador y la financiación estatal de organizaciones políticas. Sin embargo, la pregunta sobre la Asamblea Constituyente permanece suspendida hasta que la Corte Constitucional resuelva la validez del nuevo decreto.
Durante esta reunión, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, subrayó la necesidad de que los órganos judiciales resuelvan con celeridad las solicitudes de suspensión y la aprobación del decreto relativo a la Constituyente, destacando la urgencia de garantizar claridad jurídica en los procesos electorales.
El viernes anterior, la Corte Constitucional admitió cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones de derechos humanos y expertos legales, lo que motivó la suspensión provisional del primer decreto de Noboa. En su comunicado, la Corte enfatizó que la medida busca proteger la democracia y los derechos de participación de los ecuatorianos, evitando efectos irreversibles que puedan comprometer la legalidad del referéndum.
La acción de Noboa mediante un nuevo decreto reafirma su postura de que “ningún órgano está por sobre la voluntad del pueblo ecuatoriano”. El presidente argumenta que es su deber garantizar que la consulta popular se lleve a cabo de acuerdo con los mecanismos constitucionales, sin la interferencia de lo que él califica como activismo político judicial.
El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y la Corte Constitucional ha sido constante durante la administración de Noboa. En los últimos meses, cuatro preguntas para referéndum promovidas por el presidente fueron rechazadas, generando no solo críticas directas del mandatario, sino también manifestaciones públicas en ciudades como Quito y Guayaquil.
Noboa ha insistido en que estas restricciones obstaculizan el derecho de los ciudadanos a decidir, cuestionando la imparcialidad y la motivación de los jueces en la limitación de iniciativas del Ejecutivo. Este contexto de tensión política ha colocado a Ecuador en una situación de debate constitucional intenso, con la ciudadanía expectante sobre el desenlace de estas disputas.
Objetivos de la Asamblea Constituyente
La Asamblea Constituyente forma parte de las principales promesas de campaña de Noboa y busca modificar la Constitución vigente, aprobada en la administración de Rafael Correa (2007-2017). Entre los objetivos planteados se encuentran:
- Fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
- Introducir reformas estructurales para garantizar mayor seguridad ciudadana.
- Permitir la participación directa de la ciudadanía en la redacción de la nueva carta magna.
La propuesta contempla que la Asamblea esté conformada por 80 miembros electos por votación popular, reforzando el principio de representatividad directa y buscando una legitimidad política robusta.
Transformación institucional y contexto de seguridad
En paralelo, la Asamblea Nacional, con mayoría afín al gobierno, aprobó una reforma constitucional vinculada al restablecimiento de bases militares extranjeras, que deberá ser ratificada mediante referéndum. Este hecho refleja el clima de transformación institucional impulsado por Noboa, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional.
El país enfrenta un incremento alarmante de homicidios, que según reportes de Reuters y El Universo ha superado el 600% en los últimos seis años. Este escenario de crisis ha sido esgrimido por Noboa como justificación para la reforma constitucional, enfatizando la necesidad de un marco jurídico más eficaz y adaptado a las exigencias actuales.
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