El proyecto minero Loma Larga, ubicado en la provincia de Azuay, ha sido objeto de debate nacional debido a su impacto ambiental y social. Recientemente, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, emitió una disposición oficial que obliga a la empresa Dundee Precious Metals (DPM) a hacer pública la totalidad del plan de manejo ambiental del proyecto, priorizando el acceso y la comprensión ciudadana.
Una exigencia por la transparencia y el derecho ciudadano a la información
El pasado 6 de agosto, la ministra Manzano dirigió un oficio a Guillermo Salgado, representante legal de DPM, en el que estableció criterios específicos para la difusión del plan de manejo ambiental del proyecto minero Loma Larga. Entre las disposiciones clave se encuentra que la información deberá ser:
- Didáctica y de fácil comprensión, incluyendo recursos visuales como infografías y mapas.
- Orientada a mostrar medidas específicas para la protección del agua, uno de los recursos más sensibles y valorados por las comunidades locales.
- Publicada en plataformas accesibles, como páginas web de libre acceso, que permitan a toda la ciudadanía conocer el contenido y alcance del plan.
Además, la ministra dispuso la suspensión del inicio de las actividades extractivas hasta que se cumpla con esta obligación, sustentándose en el Código Orgánico Administrativo, que permite la suspensión de actos administrativos en casos específicos.
Licencia ambiental y obligaciones legales del proyecto
Cabe destacar que el proyecto Loma Larga ya cuenta con licencia ambiental, otorgada por el Ministerio del Ambiente luego de la aprobación del estudio de impacto ambiental y del plan de manejo ambiental presentados por DPM. Esta licencia cubre las fases de explotación y beneficio de los minerales, en particular oro, plata y cobre.
Sin embargo, la entrega de esta licencia no exime a la empresa de garantizar la transparencia y participación ciudadana, más aún considerando el impacto potencial sobre fuentes hídricas y ecosistemas frágiles como los páramos andinos.
Preocupación social y oposición territorial
A pesar de contar con los permisos necesarios, el proyecto ha enfrentado una fuerte oposición de comunidades locales, colectivos sociales, autoridades municipales y grupos ambientalistas. Entre ellos se destaca el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien ha solicitado directamente la revocatoria de la licencia ambiental.
El argumento principal radica en el posible impacto sobre las fuentes de agua que abastecen a varios cantones de la provincia. Estudios como el de la Empresa Municipal de Agua Potable (ETAPA) señalan que las operaciones podrían afectar zonas de recarga hídrica vitales para la sostenibilidad agrícola y el consumo humano.
El compromiso ambiental de la ministra Inés Manzano
A través de sus redes sociales, la ministra Manzano reiteró su compromiso con la protección de los ecosistemas hídricos, destacando que desde su paso por el Ministerio del Ambiente ha trabajado para conservar estos espacios. Como ejemplo de esa gestión, mencionó la incorporación de 41.820 hectáreas de páramo y humedales al Refugio de Vida Silvestre Machángara Tomebamba en noviembre de 2024.
“Nuestra prioridad también es el agua y la transparencia. Así como apoyar la minería legal y no dejar espacios a la ilegalidad y contaminación”, escribió la ministra en su publicación, dejando claro el enfoque dual de su política: fomentar una minería responsable y proteger los recursos naturales.
Respuesta de la empresa Dundee Precious Metals
Por su parte, Freddy Villao, director de Relaciones Externas de Dundee Precious Metals Ecuador, ha afirmado que el proyecto no representa una amenaza para las fuentes de agua. Señaló que la empresa contará con una planta de tratamiento de aguas que permitirá reutilizar más del 90 % del recurso en sus procesos operativos.
DPM sostiene que el proyecto Loma Larga es técnicamente viable y socialmente responsable, y espera cerrar este año con la firma del contrato de explotación con el Estado ecuatoriano, con miras a iniciar las obras tempranas de construcción en 2026.
Consulta previa e inclusión ciudadana
Otro aspecto relevante es que el proyecto culminó recientemente la consulta previa, libre e informada, uno de los requisitos fundamentales establecidos en la legislación ecuatoriana e internacional para proyectos que impacten a comunidades indígenas.
Sin embargo, líderes comunitarios han cuestionado la validez de dicha consulta, alegando falta de información, tiempos reducidos y ausencia de garantías reales para expresar desacuerdos.
Importancia del acceso a la información ambiental
El caso Loma Larga visibiliza la necesidad urgente de asegurar el acceso ciudadano a información técnica y ambiental, especialmente en proyectos de gran escala que pueden modificar ecosistemas enteros.
El plan de manejo ambiental no debe ser un documento oculto entre expedientes burocráticos, sino una herramienta de diálogo entre el Estado, la empresa y las comunidades. Solo así se puede construir una minería verdaderamente sostenible, que respete tanto los derechos humanos como los principios ecológicos.
Repercusiones políticas y sociales del proyecto
El debate sobre Loma Larga ha escalado hasta convertirse en un tema de relevancia nacional. Mientras el gobierno central defiende la legalidad del proceso, alcaldes, prefecturas y organizaciones civiles mantienen una posición firme de rechazo, demandando mayores garantías y participación.
Este escenario plantea una pregunta crucial: ¿puede la minería a gran escala convivir con la protección del agua y los ecosistemas frágiles? La respuesta dependerá, en gran medida, de la transparencia, responsabilidad y voluntad política que demuestren tanto el gobierno como las empresas involucradas.
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