Ley de Áreas Protegidas fue aprobada por la Asamblea en segundo debate

El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este 10 de julio de 2025 la Ley de Áreas Protegidas, luego de un extenso y decisivo segundo debate. Esta legislación, presentada con carácter de urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa, representa un hito crucial en la protección ambiental del país, al tiempo que plantea soluciones frente a las amenazas que enfrentan estos espacios naturales.

Con 80 votos afirmativos, frente a 23 en contra y 6 abstenciones, la Asamblea consolidó una de las leyes más relevantes del actual periodo legislativo, articulando el desarrollo económico con la conservación de la biodiversidad.


¿Qué implica la Ley de Áreas Protegidas aprobada por el Pleno?

La Ley de Áreas Protegidas, tal como fue aprobada en segundo debate, introduce una serie de reformas clave que marcan un antes y un después en la administración de los territorios de conservación en el Ecuador. A continuación, detallamos los aspectos más relevantes:


Prohibición expresa de la privatización

Uno de los puntos más contundentes de la normativa es la prohibición clara y categórica de la privatización de las áreas protegidas. Esta disposición busca garantizar la soberanía ecológica del país, blindando estos espacios frente a intereses privados que puedan comprometer su valor ecológico y cultural.


Creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

La ley establece la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), un organismo autónomo con competencias específicas para gestionar, conservar y promover la investigación dentro de estos espacios. Esta entidad tendrá la capacidad de operar con fondos públicos y donaciones internacionales, lo que representa una apertura a la cooperación global en materia ambiental.

Este servicio permitirá fortalecer la institucionalidad, mejorar la eficiencia en la toma de decisiones y profesionalizar al personal encargado de resguardar estas zonas, especialmente a los guardaparques, quienes tendrán acceso a mejores condiciones laborales y formación continua.


Presencia temporal de fuerzas del orden ante amenazas ilegales

Ante el crecimiento desmedido de la minería ilegal y otras actividades ilícitas en áreas protegidas, la ley faculta la presencia temporal de fuerzas policiales y militares en estos territorios. El objetivo es controlar y erradicar amenazas que atenten contra la flora, fauna y comunidades que habitan en dichos entornos.

Este enfoque de seguridad ambiental pretende ofrecer una respuesta eficaz y estructurada frente al crimen organizado que invade zonas de alta importancia ecológica.


Remisión de intereses de la CFN: apoyo a sectores estratégicos

Durante el debate legislativo también se incluyó la remisión de intereses por deudas contraídas con la Corporación Financiera Nacional (CFN), especialmente para sectores productivos que operan dentro o cerca de áreas protegidas. Esta medida busca aliviar la carga financiera de emprendedores y organizaciones que promueven modelos sostenibles de desarrollo económico.


Un compromiso con la biodiversidad y el desarrollo sostenible

Ecuador, como uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, tiene la responsabilidad de liderar políticas públicas en favor de la conservación. La aprobación de esta ley refleja un compromiso político claro por parte del gobierno y la Asamblea Nacional para equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental.


Reconocimiento a los pueblos y nacionalidades indígenas

La normativa también reconoce el papel de los pueblos indígenas como guardianes ancestrales de los territorios. En este marco, se promueve su participación activa en la gestión de las áreas protegidas, respetando sus derechos colectivos y saberes tradicionales.

Esta inclusión fortalece la gobernanza territorial y el diálogo intercultural, elementos indispensables para una verdadera protección ambiental.


Impulso a la investigación científica y el turismo sostenible

Otro de los ejes de la Ley de Áreas Protegidas es el fomento a la investigación científica y tecnológica, con el objetivo de generar conocimiento sobre los ecosistemas y especies en riesgo. Asimismo, se plantea impulsar el turismo sostenible, aprovechando el potencial natural del país de forma responsable y sin comprometer los recursos para las generaciones futuras.


Reacciones tras la aprobación: voces a favor y en contra

La aprobación de la ley generó diversas reacciones entre los bloques legislativos. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, destacó que se trata de una ley necesaria para ordenar, proteger y garantizar el uso racional de las áreas protegidas, sin permitir su privatización.

Por su parte, algunos legisladores de oposición expresaron preocupaciones sobre la posible militarización de los territorios, aunque se dejó claro que la presencia de las fuerzas del orden será temporal y excepcional, únicamente en respuesta a actividades delictivas.


Una de las leyes más importantes del gobierno de Noboa

Esta es la tercera ley enviada con carácter urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa y se perfila como una de las más significativas de su gestión. Con ella, se busca consolidar un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza, protegiendo los recursos estratégicos del país sin frenar el progreso.


Desafíos futuros: implementación, vigilancia y transparencia

Si bien la aprobación de la ley representa un gran paso, ahora el reto estará en su correcta implementación. Será fundamental garantizar que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para operar con eficacia.

La vigilancia ciudadana y el control institucional deberán estar activos para evitar desviaciones, usos indebidos de fondos o decisiones arbitrarias que puedan comprometer el espíritu de la normativa.

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