La vocera de la Presidencia de la República, Carolina Jaramillo, aclaró este 5 de noviembre que el congelamiento de cuentas a organizaciones sociales no es una decisión del Ejecutivo, sino una medida cautelar judicial derivada de reportes financieros inusuales.
Medida judicial, no política
Durante una rueda de prensa, Jaramillo explicó que estos procesos se originan en alertas sobre operaciones sospechosas, las cuales son analizadas por la justicia y las entidades fiscales. Enfatizó que la Presidencia no interviene en decisiones judiciales, ya que el Ejecutivo no tiene competencia para ordenar ni suspender bloqueos de cuentas.
“Esto inicia como un reporte de operaciones inusuales, pero no depende de la Presidencia. Ya está en manos de la justicia”, señaló Jaramillo, destacando la independencia de funciones del Estado.
Organizaciones denuncian afectaciones
Según reportes de medios como Fundamedios y Wambra, las fundaciones afectadas incluyen a Alianza Ceibo y otras entidades que trabajan en defensa ambiental y de derechos colectivos. Estas organizaciones denunciaron que no fueron notificadas previamente sobre los bloqueos, lo que ha limitado su acceso a fondos esenciales para operar.
Los hechos ocurrieron en medio del paro nacional convocado por la Conaie y otros movimientos sociales, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y medidas económicas del Gobierno. En ese contexto, varios dirigentes denunciaron persecución judicial y criminalización de líderes comunitarios.
El Ejecutivo marca distancia
Jaramillo insistió en que no existe injerencia del Gobierno en estos procesos y que cualquier investigación es manejada por la justicia y la Fiscalía. Su declaración busca despejar críticas sobre una supuesta intervención política.
El Gobierno de Daniel Noboa ha reiterado su respeto por la independencia de las instituciones y su compromiso con la transparencia judicial. Según la vocera, las investigaciones “siguen su curso normal” y el Ejecutivo no tiene ninguna relación con las decisiones de inmovilización de fondos.
Pago anticipado del decimotercer sueldo
Durante su intervención, la funcionaria también confirmó que el pago adelantado del decimotercer sueldo se efectuará el 16 de noviembre, como lo dispuso el presidente Noboa. Explicó que esta medida busca estimular la economía nacional y apoyar a las familias ecuatorianas antes de las fiestas de fin de año.
El Gobierno considera que este pago anticipado contribuirá a reactivar el comercio local y a fortalecer el consumo interno, en un contexto de recuperación económica tras las movilizaciones recientes.
Transparencia y diálogo
Ante las denuncias de las organizaciones, el Ejecutivo afirmó que está dispuesto a mantener un diálogo abierto con todos los sectores sociales, pero dentro del marco de la ley. Jaramillo concluyó señalando que la justicia es la única autoridad competente para resolver los procesos en curso y que el Gobierno continuará respetando la institucionalidad democrática.
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