Fiscalía intensifica la investigación del caso Ligados
En el marco del caso Ligados, la Fiscalía General del Estado ha dado un paso clave en su investigación al formular cargos por asociación ilícita contra tres figuras cercanas al movimiento Revolución Ciudadana: Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González. El proceso se sustenta en una presunta red que operaba desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para influir de forma ilícita en la designación de altas autoridades del Estado.
Este miércoles 4 de junio, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó formalmente los cargos ante la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, detallando las pruebas extraídas de los dispositivos electrónicos del exconsejero Augusto Verduga, quien también está procesado en este caso.
Chats reveladores y nexos con la Revolución Ciudadana
Uno de los pilares fundamentales de esta acusación son los chats extraídos del celular de Verduga, donde se evidencian conversaciones entre varios de los implicados. Según la Fiscalía, dichos mensajes demuestran una coordinación sistemática para tomar el control de instituciones públicas clave mediante nombramientos direccionados desde el CPCCS.
Los mensajes hacen referencia constante a Esther Cuesta, Andrés Arauz y Raúl González, quienes habrían tenido un rol activo en el diseño de estrategias para fortalecer políticamente a un grupo identificado como la “Liga Azul”, alineado con los intereses de Revolución Ciudadana.
Nombramientos cuestionados y uso indebido del CPCCS
Dentro de las acciones investigadas por la Fiscalía en el caso Ligados, se encuentra la designación de Raúl González como superintendente de Bancos para el periodo 2022–2027, realizada de forma presuntamente irregular por vocales del CPCCS también procesados en este caso: Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor.
Aunque González no pudo asumir el cargo por impedimentos judiciales, la Fiscalía considera que su designación fue el resultado de una estructura coordinada para ubicar a personas afines al correísmo en cargos estratégicos del aparato estatal.
Implicaciones políticas y uso partidista del CPCCS
El fiscal Toainga denunció que el Consejo de Participación Ciudadana fue manipulado y utilizado como un instrumento político. “El CPCCS se convirtió en un partido dentro del Estado. No es un espacio ciudadano, sino un brazo político para influir en la institucionalidad”, afirmó ante la jueza.
Este señalamiento pone en tela de juicio la independencia de uno de los órganos constitucionales que debería velar precisamente por la transparencia y participación ciudadana, al convertirse, según la Fiscalía, en un centro de operaciones políticas encubiertas.
Medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía
Como parte del proceso del caso Ligados, la Fiscalía solicitó a la jueza medidas cautelares contra Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González. Estas incluyen:
- Prohibición de salida del país
- Presentación periódica ante una autoridad judicial
La jueza Camacho aceptó dar trámite a esta solicitud, como mecanismo para garantizar que los procesados no interfieran en la investigación ni evadan la acción de la justicia.
Delito tipificado y penas contempladas
El delito de asociación ilícita, por el que se procesa a los implicados, está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta infracción contempla una pena privativa de libertad de tres a cinco años, en caso de comprobarse la responsabilidad penal de los acusados.
La gravedad del caso radica no solo en la figura delictiva, sino en el impacto institucional que tendría el uso de organismos estatales para fines partidistas, como ha sido denunciado por la Fiscalía.
Más implicados en el caso Ligados
Hasta la fecha, en el caso Ligados ya existen siete personas procesadas. Además de los nuevos imputados, figuran también:
- Augusto Verduga, exconsejero del CPCCS
- Yadira Saltos, exvocal
- Eduardo Franco Loor, exvocal
- Nicole Bonifaz, actual vocal, también procesada
Con estos avances, el Ministerio Público continúa ampliando la línea de investigación para determinar si más personas participaron en esta presunta red de influencia y tráfico de nombramientos en las entidades públicas.
Reacciones políticas y posturas encontradas
Diversos sectores políticos han reaccionado a la formulación de cargos en el caso Ligados. Mientras algunos legisladores afines a la actual administración han respaldado el accionar de la Fiscalía, líderes de Revolución Ciudadana han calificado estas acciones como una persecución política, enmarcada dentro de una supuesta estrategia para desarticular a la oposición.
Andrés Arauz ha negado públicamente su implicación en el caso y ha denunciado una «judicialización de la política». Por su parte, Esther Cuesta también ha rechazado las acusaciones y asegura que se trata de una represalia por su labor como exasambleísta.
Este miércoles 4 de junio se instaló la audiencia de formulación de cargos por presunta asociación ilícita contra Esther Cuesta, exasambleísta de la Revolución Ciudadana; Andrés Arauz, secretario ejecutivo del mismo movimiento político; y Raúl González, superintendente de Bancos… pic.twitter.com/8XkeyaSipT
— Radio Forever (@925forever) June 4, 2025
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