Contexto: Reimberg y la polémica por publicación de nombres
El Ministro del Interior, John Reimberg, causó gran revuelo al declarar públicamente que no veía problema alguno en que se difundieran los rostros de jueces y fiscales que, a su criterio, liberan a delincuentes. Esta declaración fue realizada el pasado 16 de junio, durante la instalación de una comisión en la Asamblea Nacional en Quito. Apenas tres días después, el ministro actuó en concordancia con sus palabras, utilizando su cuenta personal en la red social X (antes Twitter) para divulgar los nombres de un fiscal y un médico.
Los aludidos fueron el fiscal Nicolás Pulencio Montalvo y el Dr. Gustavo Román García, quienes habrían autorizado medidas alternativas a la prisión para tres individuos acusados de secuestro y extorsión, tras haber sido detenidos por la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional. Reimberg escribió textualmente:
«Hoy tuve conocimiento que el fiscal Nicolás Pulencio Montalvo y el Dr. Gustavo Román García otorgaron medidas sustitutivas de presentación periódica a delincuentes, que extorsionaron a una persona por un total de USD 28.000».
La postura oficial de la Fiscalía General del Estado
Ante las declaraciones del Ministro y la difusión pública de nombres de funcionarios, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una aclaración oficial con respecto a sus competencias, funciones y límites legales. La Fiscalía señaló que no tiene la facultad de conceder ni revocar medidas cautelares o alternativas a la prisión, ya que dicha responsabilidad recae exclusivamente en los jueces de garantías penales.
La FGE explicó que su rol se limita a solicitar tales medidas, basándose en los elementos de convicción y los informes médicos presentados durante las audiencias. Es decir, un fiscal puede pedir una medida sustitutiva en atención al informe médico forense, pero es el juez quien toma la decisión final. Asimismo, subrayaron que el médico forense tampoco tiene competencia judicial, y su labor se limita a evaluar y reportar el estado de salud del procesado.
Legalidad y procedimientos en la revocatoria de prisión preventiva
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional, que solo puede aplicarse cuando se cumplan ciertos criterios, como el riesgo de fuga, obstaculización del proceso o reincidencia. La normativa también contempla la posibilidad de sustituir esta medida por otras menos gravosas si el imputado presenta, por ejemplo, una enfermedad grave o incapacitante.
Según Reimberg, fue justamente bajo ese argumento que se revocó la prisión preventiva para tres de los cuatro acusados de secuestro. El Ministro aseguró que el fiscal Montalvo alegó una supuesta enfermedad para solicitar la medida sustitutiva, lo que derivó en que los jueces aceptaran dicha petición. Sin embargo, la Fiscalía recalca que la última palabra en estos casos siempre la tiene el juez, no el fiscal ni el médico.
Independencia de funciones y el debido proceso
La controversia también ha reabierto el debate sobre la independencia de funciones del Estado y el respeto al debido proceso. Organizaciones de derechos humanos y expertos jurídicos han manifestado su preocupación por el precedente que podría sentar la exposición pública de fiscales y jueces, especialmente en redes sociales, sin un proceso disciplinario previo o sanción legal que lo respalde.
La Constitución del Ecuador y los tratados internacionales firmados por el país garantizan la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, tanto para los procesados como para los funcionarios públicos. El hecho de que un ministro publique nombres y rostros de funcionarios sin sentencia ni resolución podría considerarse una afectación a la seguridad jurídica y a la dignidad institucional del sistema de justicia.
Reacción de organismos judiciales y sociales
La Asociación de Magistrados del Ecuador emitió un comunicado rechazando el linchamiento mediático promovido desde el Ejecutivo, y pidió que se respete la autonomía de los jueces en sus decisiones jurisdiccionales. Asimismo, insistieron en que las decisiones judiciales pueden ser apeladas dentro del marco legal, pero no deben ser cuestionadas públicamente sin fundamentos legales ni mecanismos institucionales.
Por su parte, colectivos ciudadanos y académicos en derecho penal señalaron que esta práctica podría derivar en una judicialización de la política o, peor aún, en una politización de la justicia, lo cual pone en riesgo la equidad e imparcialidad del sistema.
El antecedente del presunto cabecilla
Otro de los puntos mencionados por el Ministro fue que, aunque se revocó la prisión para tres implicados, se mantuvo la medida para el presunto cabecilla de la banda. Sin embargo, también advirtió que este último estaría intentando acogerse al mismo mecanismo de medidas sustitutivas, posiblemente alegando nuevamente una afectación médica.
En ese sentido, el Ministro Reimberg alertó que la estrategia de los delincuentes es repetitiva y deliberada, y acusó al sistema de justicia de ser permisivo e ineficiente. Esta declaración, sin embargo, ha sido considerada por expertos como una generalización peligrosa, que pone en tela de juicio la labor de cientos de fiscales y jueces que sí cumplen con su rol de manera objetiva y conforme a derecho.
La #Fiscalía General del Estado llamó a actuar con responsabilidad ante la información difundida, tras acusaciones del #ministro del Interior, John Reimberg, contra operadores judiciales que supuestamente benefician a delincuentes. #Reimberg publicó en X los nombres de un… pic.twitter.com/eOqjbGtoRg
— Radio Forever (@925forever) June 20, 2025
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