La Fiscalía de Los Ríos recibió una denuncia formal por un presunto intento de envenenamiento en contra del presidente del Ecuador, Daniel Noboa, ocurrido durante un acto público en el cantón Vinces el pasado 17 de octubre de 2025. El hecho, que se investiga como tentativa de asesinato, ha generado conmoción nacional y ha activado alertas en los equipos de seguridad presidencial.
Detalles de la denuncia presentada en Vinces
El 21 de octubre, un miembro de las Fuerzas Armadas presentó en la sede de la Fiscalía de Vinces la denuncia con dos fojas y dos anexos, donde se describe la posible tentativa contra la vida del mandatario.
Según el informe, durante una entrega de beneficios a campesinos, el presidente recibió una canasta con ocho productos, de los cuales tres contenían sustancias químicas altamente tóxicas.
El documento, emitido por la Casa Militar de la Presidencia, detalla que se trataba de una mermelada de tamarindo, una mermelada de chocolate y una mistela de cacao, todos con rastros de cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, compuestos altamente peligrosos y potencialmente mortales si se consumen.
Informe de la Casa Militar y respuesta del Gobierno
El informe oficial fue dirigido a Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública y de Gabinete, quien notificó de inmediato a los equipos de seguridad y control presidencial.
Tras el hallazgo, los productos fueron aislados y analizados en laboratorios especializados, confirmándose la presencia de agentes tóxicos.
Fuentes del Palacio de Carondelet informaron que el presidente Noboa no sufrió afectaciones de salud, pero se ordenó un refuerzo total en los protocolos de seguridad. La Casa Militar ha incrementado la revisión de todos los obsequios recibidos en actos oficiales y dispuso mayor control químico y biológico en eventos públicos.
Investigación de la Fiscalía y sanciones legales
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación preliminar para determinar la autoría del hecho y establecer si se trató de un atentado planificado.
El caso fue tipificado bajo el artículo 341 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con penas de 10 a 13 años de prisión a quien atente contra la vida del presidente o de un jefe de Estado.
Autoridades judiciales y militares colaboran en la recopilación de pruebas y testimonios. Se prevé que los resultados de las pericias se entreguen en los próximos días para avanzar en la identificación de los responsables.
Antecedentes recientes de amenazas
Este no es el primer incidente que involucra la seguridad presidencial. El 7 de octubre de 2025, la ministra Inés Manzano denunció un ataque a la caravana presidencial en el sector de El Tambo, en la provincia de Cañar, cuando manifestantes interceptaron el paso del convoy.
Aunque no hubo heridos, el hecho motivó una revisión completa de los protocolos de desplazamiento del presidente y su comitiva.
La nueva denuncia por intento de envenenamiento ha generado preocupación política y ha reactivado los debates sobre la seguridad nacional y la estabilidad del gobierno de Daniel Noboa, quien continúa con su agenda oficial bajo estrictas medidas de resguardo.
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