El presidente Daniel Noboa volvió a encender el debate político en Ecuador con sus recientes declaraciones sobre la Corte Constitucional (CC), institución a la que señaló de ser un obstáculo para los cambios que su administración busca implementar. Durante la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil Juan Bautista Aguirre en Daule, provincia del Guayas, el mandatario criticó la postura de los jueces constitucionales y reiteró la importancia de la próxima consulta popular del 30 de noviembre de 2025.
Noboa y su mensaje directo a la Corte Constitucional
En su intervención, Noboa sostuvo que mientras su Gobierno trabaja diariamente para mejorar la vida de los ecuatorianos, los jueces constitucionales “luchan todos los días para que todo se mantenga igual y nada cambie”. Estas palabras reflejan la tensión entre el Ejecutivo y la Corte, la cual recientemente rechazó tres preguntas clave planteadas por Carondelet para incluir en la consulta popular.
Las preguntas desechadas estaban relacionadas con tres temas de gran impacto político y social:
- Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
- Posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional en la Asamblea Nacional.
- Regreso de los casinos en hoteles como parte de una estrategia para dinamizar el turismo y la economía.
Consulta popular: la apuesta de Noboa para transformar el país
El presidente ha insistido en que la consulta del 30 de noviembre es un punto de quiebre para el Ecuador. Según sus propias palabras, en ella la ciudadanía deberá decidir si el país continúa “anclado al pasado” o si avanza hacia un futuro de reformas profundas.
Noboa considera que el respaldo popular en esta consulta es indispensable para superar lo que él califica como “resistencia institucional”, en referencia a los fallos de la Corte Constitucional que, en varias ocasiones, han limitado o frenado proyectos del Ejecutivo.
Nuevas preguntas en camino hacia la Corte Constitucional
Carolina Jaramillo, vocera oficial de Carondelet, anunció que el Gobierno nacional prepara nuevas preguntas que serán remitidas en los próximos días a la Corte Constitucional. Aunque no detalló cuáles serán estas interrogantes, aseguró que están inspiradas en las demandas sociales recogidas en diferentes recorridos y encuentros ciudadanos.
De esta manera, el Ejecutivo busca ampliar el contenido de la consulta y mantenerla como una herramienta clave de gobernabilidad. El mensaje central es claro: Noboa pretende devolver a los ecuatorianos el poder de decidir sobre asuntos trascendentales que hoy se debaten en los tribunales constitucionales.
Audiencias en la Corte Constitucional: un escenario paralelo de tensión
En paralelo a estas tensiones, la Corte Constitucional ha mantenido su propio calendario de debates y audiencias. Entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre se llevaron a cabo audiencias públicas de inconstitucionalidad sobre las leyes de Solidaridad, Integridad e Inteligencia.
Actualmente, los jueces ponentes se encuentran en la etapa de deliberación antes de emitir sentencias definitivas. Estos procesos son observados con atención por el Ejecutivo, que ve en ellos un posible freno a su agenda de reformas.
El trasfondo político de la confrontación
Las declaraciones de Noboa no son aisladas, sino que se enmarcan en una estrategia política más amplia. El mandatario busca fortalecer su relación directa con la ciudadanía en un contexto donde el Legislativo y el Judicial muestran resistencia.
La confrontación con la Corte Constitucional se convierte, entonces, en un discurso de campaña interna que le permite posicionarse como un presidente que lucha contra los intereses que frenan el cambio. Este mensaje busca calar especialmente en los sectores que demandan modernización, seguridad y dinamismo económico.
Impacto de la eliminación del CPCCS en el debate nacional
Una de las preguntas más polémicas rechazadas por la Corte fue la relacionada con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esta institución, creada tras la Constitución de 2008, ha sido objeto de críticas constantes debido a su rol en la designación de autoridades de control y a los múltiples escándalos de corrupción que han marcado su historia.
Para Noboa y sus aliados, el CPCCS se ha convertido en un mecanismo de reparto político que ha debilitado la institucionalidad. La eliminación de este órgano representaría, en palabras del presidente, “una victoria ciudadana frente a los vicios del pasado”.
La polémica sobre los jueces constitucionales y la Asamblea Nacional
Otro de los puntos sensibles rechazados fue la posibilidad de que la Asamblea Nacional tenga la facultad de enjuiciar políticamente a los jueces constitucionales. Esta propuesta despertó críticas de juristas y académicos, quienes la calificaron como un riesgo para la independencia judicial.
Sin embargo, para el Ejecutivo, la iniciativa respondía a la necesidad de equilibrar los poderes del Estado y evitar que una institución se convierta en un ente sin control ni contrapeso.
El regreso de los casinos: debate entre economía y moralidad
El retorno de los casinos en hoteles, también rechazado por la Corte, fue planteado por Noboa como una estrategia para reactivar el turismo y generar empleo. Sin embargo, sectores sociales y políticos argumentaron que esta medida podría reabrir espacios para la ludopatía y problemas de carácter social.
El debate sigue vigente y no se descarta que el Ejecutivo busque fórmulas alternativas para impulsar esta iniciativa en el futuro.
La visión de Noboa: futuro frente a pasado
Las palabras del presidente en Daule no solo fueron un mensaje político, sino también un llamado a la reflexión nacional. Noboa plantea una narrativa clara: el Gobierno lucha por el cambio y la Corte Constitucional lucha por la permanencia del status quo.
De cara a la consulta popular, esta confrontación se convierte en una línea divisoria que marcará la campaña: quienes apuestan por las reformas y quienes defienden la estabilidad institucional.
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