Daniel Noboa envía proyecto de ley económico urgente para viabilizar donaciones a las FF.AA. y Policía en Ecuador

Daniel Noboa envía proyecto de ley económico urgente para viabilizar donaciones a las FF.AA. y Policía en Ecuador

El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económico urgente denominado Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esta propuesta llega en medio del paro convocado por la Conaie, con la intención de reforzar la seguridad ciudadana y abrir un marco legal que permita viabilizar donaciones con incentivos tributarios.

Según la Secretaría General de Comunicación (Segcom), las donaciones podrán consistir en bienes muebles, inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, todos destinados a modernizar las capacidades de las FF.AA. y la Policía. A cambio, los contribuyentes nacionales que participen podrán acceder a rebajas en el Impuesto a la Renta dentro del periodo fiscal correspondiente.

Este mecanismo busca llenar el vacío legal dejado tras la inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad Nacional, que previamente otorgaba beneficios similares a empresas que apoyaban a militares y policías. Con esta nueva normativa, el Gobierno pretende garantizar un proceso transparente y constitucional para canalizar aportes hacia la seguridad interna.

Las donaciones estarán enfocadas en áreas críticas como equipamiento táctico, sistemas de comunicación, vehículos, infraestructura y equipos de protección, con el fin de reforzar la capacidad de respuesta frente al crimen organizado y garantizar la seguridad en sectores estratégicos como fronteras, refinerías y sistemas energéticos.

El Ejecutivo sostiene que este proyecto beneficiará directamente a la ciudadanía, ya que permitirá una mejor preparación y modernización de las fuerzas del orden, ayudando a reducir la delincuencia y a proteger la estabilidad del país. La Asamblea Nacional deberá analizarlo y pronunciarse en un plazo máximo de 30 días debido a su carácter económico-urgente.

La aprobación de esta ley representaría un paso decisivo para fortalecer la cooperación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, consolidando así un sistema de seguridad más eficiente en un momento en que la violencia y la inseguridad se han convertido en la principal preocupación de los ecuatorianos.

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