El presidente Daniel Noboa ha remitido a la Corte Constitucional (CC) un paquete de cuatro preguntas de referéndum y una pregunta de consulta popular, acompañadas de sus respectivos anexos, con el fin de que se determine el procedimiento adecuado para su tramitación. Esta decisión representa un nuevo capítulo en el debate político y jurídico del Ecuador, ya que busca introducir enmiendas constitucionales y reformas clave en temas de estructura institucional, control político, contratación laboral y apertura económica.
Detalle de las preguntas enviadas a la Corte Constitucional
El documento remitido por el presidente incluye cuatro propuestas de enmienda a la Constitución y una consulta popular de alcance económico y social.
1. Contratación laboral por horas en el sector turístico
La primera pregunta del referéndum plantea permitir la contratación laboral por horas, exclusivamente en el sector de turismo, aplicable únicamente en la primera relación laboral de un trabajador. El objetivo es fomentar la empleabilidad en una de las áreas más afectadas por la crisis económica y la pandemia, garantizando siempre los derechos laborales adquiridos y el respeto a la normativa vigente.
Esta propuesta busca flexibilizar el mercado laboral para incentivar la inversión y el dinamismo turístico, con la promesa de mantener la seguridad social y prestaciones básicas.
2. Reducción del número de asambleístas
Otra de las preguntas propone reducir el número de asambleístas y modificar el sistema de elección de los legisladores. Según los anexos, esta reforma pretende optimizar el funcionamiento de la Asamblea Nacional, mejorar la representación ciudadana y disminuir los costos administrativos.
La reducción se aplicaría a través de un nuevo modelo de circunscripciones, con la intención de garantizar mayor eficiencia en la labor legislativa.
3. Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)
La tercera pregunta plantea transferir las funciones y competencias del CPCCS a la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado, suprimiendo este organismo.
La propuesta argumenta que esta redistribución fortalecería los mecanismos de control y evitaría duplicidades institucionales, además de optimizar los procesos de designación de autoridades y el ejercicio del control social.
4. Control político a jueces de la Corte Constitucional
La cuarta pregunta propone incluir a los jueces de la Corte Constitucional en el listado de autoridades sujetas a juicio político.
Actualmente, estos jueces cuentan con un alto nivel de autonomía y un régimen especial de protección, por lo que la medida significaría un cambio estructural en el balance de poderes y en la rendición de cuentas.
Consulta popular sobre casinos y salas de juego
Además del referéndum, Daniel Noboa presentó una pregunta de consulta popular que busca autorizar el funcionamiento de casinos y salas de juego en hoteles de cinco estrellas, con el requisito de que destinen un 25% de sus ingresos brutos por esta actividad al financiamiento de programas contra la desnutrición crónica infantil y la alimentación escolar.
Esta medida implicaría la reactivación de un sector prohibido desde 2012, bajo un esquema regulado y con un objetivo social claro.
Preguntas previamente aprobadas que irán directamente a la papeleta
El Ejecutivo aclaró que otras dos preguntas ya recibieron aprobación de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional, por lo que no requieren un nuevo análisis y pasarán directamente a la papeleta electoral. Esto significa que, de ser aprobadas las nuevas consultas por la Corte, el país podría enfrentar un proceso electoral con múltiples preguntas simultáneas, aumentando el impacto político del referéndum.
Impacto político y social de las propuestas
Las preguntas presentadas no solo tienen un alto contenido jurídico, sino que también representan un fuerte mensaje político en un contexto de polarización.
- En materia laboral, la contratación por horas en el turismo podría generar tanto nuevas oportunidades de empleo como preocupaciones sobre la precarización.
- En el ámbito institucional, la eliminación del CPCCS y la reducción de asambleístas modificarían de manera significativa el diseño del Estado ecuatoriano.
- En el control político, incluir a los jueces de la Corte Constitucional en el juicio político podría aumentar la rendición de cuentas, pero también suscitar debates sobre la independencia judicial.
- En el plano económico, la apertura controlada de casinos podría atraer inversiones y generar ingresos fiscales con un fin social.
Próximos pasos en el proceso
Con la entrega oficial de las preguntas y anexos, la Corte Constitucional deberá determinar si las propuestas cumplen con los requisitos para ser tramitadas como enmiendas constitucionales o como reformas ordinarias.
El dictamen de la Corte definirá el camino: si las preguntas pueden ir directamente a votación ciudadana o si requieren aprobación legislativa previa.
Este proceso es crucial, ya que cada tipo de reforma tiene plazos y procedimientos diferentes establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.
Reacciones y expectativas
Los sectores políticos y sociales ya han comenzado a pronunciarse:
- Defensores de la flexibilización laboral ven en la contratación por horas un impulso para la recuperación económica del turismo.
- Críticos de la eliminación del CPCCS advierten sobre posibles concentraciones de poder en la Asamblea Nacional.
- Expertos en derecho constitucional alertan sobre el impacto de permitir el juicio político a jueces de la Corte Constitucional, lo que podría tensionar la separación de poderes.
- Empresarios del sector hotelero muestran interés en la reapertura de casinos, destacando el potencial para el turismo de lujo.
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